ASAEO bajo investigación: cateos, 17 detenidos y una red de vínculos que alcanza al transporte y obra pública
La Fiscalía indaga presuntos vínculos de integrantes de la organización con extorsión, cobro de piso, despojo, narcomenudeo y homicidios.
Lo que comenzó como una organización que agrupaba sindicatos, transportistas y asociaciones en Oaxaca ahora se encuentra en el centro de una investigación criminal. En menos de un mes, tres operativos han dejado al menos 16 detenidos y un cuarto caso elevó a 17 el número reportado por medios locales, mientras las autoridades indagan presuntos vínculos con extorsión, cobro de piso, despojo, narcomenudeo y homicidios.
La Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO) se encuentra bajo una investigación de las autoridades estatales y federales que se ha intensificado desde finales de agosto, con cateos, aseguramiento de inmuebles, armas, drogas, dinero y vehículos, además de la detención de personas identificadas como integrantes o dirigentes de la organización.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha señalado que la estructura investigada estaría relacionada con delitos como extorsión, cobro de piso, despojo, narcomenudeo, sicariato y homicidio doloso. Estas son imputaciones de las autoridades y deberán ser acreditadas individualmente ante los tribunales.
Tres operativos en menos de un mes
La ofensiva contra la estructura comenzó el 26 y 27 de agosto, cuando fuerzas estatales y federales realizaron 14 cateos simultáneos en distintos puntos de la zona metropolitana de Oaxaca.
De acuerdo con el Gobierno de Oaxaca, ese primer despliegue permitió detener a nueve personas identificadas como objetivos prioritarios de una investigación relacionada con ASAEO. En los operativos participaron más de 300 elementos de corporaciones estatales y federales, además de la Secretaría de Marina.
Entre los nombres difundidos se encuentra Sharon Italia Curiel Hernández, identificada como secretaria general de ASAEO, así como personas relacionadas con actividades sindicales y funcionarios municipales.
La Fiscalía informó entonces que a la estructura se le atribuían actividades como cobro de piso, extorsión, despojo y narcomenudeo.
El segundo operativo ocurrió el 2 de septiembre, con seis cateos en los Valles Centrales. En esta etapa fueron detenidas tres personas y las autoridades aseguraron droga, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares y radios de comunicación.
Seis días después llegó el tercer golpe.
El 8 de septiembre, la FGEO ejecutó 12 órdenes de cateo y aseguró siete inmuebles que, según las investigaciones, estarían relacionados con integrantes de la cúpula de ASAEO. Cuatro hombres fueron detenidos, entre ellos C.M.V., alias "El Chabelo", señalado por las autoridades como uno de los principales operadores financieros de la estructura.
"El Fresa" y la fuga que abrió otra investigación
Entre los detenidos de ese tercer operativo también estaba A.J.E.J., alias "El Fresa", identificado como exjefe operativo de la Policía Municipal de San Antonio de la Cal.
El caso adquirió una nueva dimensión cuando el detenido escapó de la custodia de agentes ministeriales el 15 de septiembre, durante un traslado en San Bartolo Coyotepec.
La Fiscalía de Oaxaca separó de sus cargos a cuatro elementos del Grupo de Operaciones Tácticas e inició una investigación por la evasión.
La búsqueda terminó con la recaptura de "El Fresa" en un hotel de Tamazulápam del Progreso, en la región Mixteca. La FGEO informó que el detenido fue puesto nuevamente a disposición de la autoridad judicial.
El episodio añadió otro expediente al caso ASAEO: además de investigar las actividades atribuidas a la organización, las autoridades ahora indagan cómo fue posible la liberación temporal de uno de los detenidos.
Un dirigente y un contrato de 20.6 millones de pesos
La investigación también alcanzó las actividades empresariales de algunos dirigentes.
Uno de los detenidos es Humberto Israel Barrón Alegre, conocido como "Beto Barrón", quien aparece como representante legal y administrador de Constructora Garuso, S.A. de C.V.
La empresa obtuvo en mayo de 2025 un contrato por 20 millones 659 mil 79.31 pesos para construir el acceso a una celda de emergencia del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) de San Pedro Totolápam.
De acuerdo con el padrón de contratistas consultado por medios locales, Barrón Alegre figura como administrador único y representante legal de la compañía.
Su detención no significa, por sí misma, que el contrato haya sido irregular ni que exista una relación entre la obra pública y las actividades que investiga la Fiscalía. Lo que sí coloca el caso bajo escrutinio es la coincidencia entre la actividad empresarial de uno de los dirigentes investigados y los contratos públicos obtenidos por una empresa vinculada con él.
Noé Jara acude voluntariamente a la FGR
La investigación también generó señalamientos políticos por la relación pública que algunos integrantes de ASAEO tuvieron con funcionarios y actores políticos de Oaxaca.
Uno de los nombres que apareció en ese contexto fue el de Noé Jara Cruz, hermano del gobernador Salomón Jara Cruz y exfuncionario del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.
El 9 de septiembre, Noé Jara acudió voluntariamente a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar un escrito y ponerse a disposición de la autoridad en caso de que fuera requerido para alguna diligencia.
Jara negó pertenecer a ASAEO o mantener vínculos ilícitos con la organización. Explicó que sus acercamientos con dirigentes sindicales ocurrieron principalmente durante su desempeño político y como funcionario municipal, particularmente en asuntos relacionados con ambulantaje, comercio en vía pública, mercados y sitios de taxis.
Hasta ahora, su presentación ante la FGR debe entenderse como una acción voluntaria para deslindarse y ponerse a disposición, no como una detención o una imputación formal.
El asesinato de Alejandro Leyva también forma parte del contexto
Otro de los casos que las autoridades han relacionado públicamente con el contexto de ASAEO es el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio en San Pablo Etla.
El comunicador fue asesinado mientras desayunaba en un puesto ubicado en el fraccionamiento La Esmeralda. La FGR atrajo las investigaciones del homicidio, mientras que autoridades estatales han señalado que el contexto de presencia de ASAEO en esa zona forma parte de las líneas que se han revisado.
Cuatro personas relacionadas con la organización fueron llamadas a declarar por su posible contacto con los presuntos responsables materiales del ataque. Sin embargo, el hecho de haber sido citadas a declarar no significa que hayan sido acusadas del homicidio.
El caso permanece bajo investigación y la relación entre el crimen y ASAEO no puede considerarse acreditada únicamente por la existencia de esos vínculos o por los señalamientos realizados durante las indagatorias.
De sindicato a objetivo prioritario de las autoridades
La dimensión de la investigación resulta relevante porque ASAEO había ampliado su presencia durante los últimos años entre sectores como el transporte y otras actividades económicas.
La organización ha difundido actividades de afiliación y presencia entre transportistas, mientras que sus dirigentes también mantuvieron acercamientos con actores políticos y funcionarios locales.
Ahora, esa estructura se encuentra sometida a una investigación criminal de gran escala.
Los tres operativos oficiales realizados entre agosto y septiembre acumularon 16 detenciones, a las que algunos reportes agregan una detención posterior para llegar a 17 personas vinculadas con la investigación. Las autoridades también han asegurado inmuebles, armas, drogas, dinero y vehículos.
El siguiente paso será determinar la situación jurídica individual de cada detenido y establecer, mediante pruebas ante las autoridades judiciales, si existió una estructura organizada detrás de los delitos que la Fiscalía atribuye a algunos integrantes de ASAEO.
Por ahora, el expediente continúa abierto y las investigaciones avanzan en varias líneas: la presunta red de extorsión y cobro de piso, los posibles vínculos con actividades de narcomenudeo y homicidio, las relaciones con el sector transportista, los vínculos empresariales y los contactos políticos que rodearon a la organización.
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