Berkeley reúne 337 asesinatos y ataques contra periodistas y defensores durante el sexenio de AMLO
El estudio registró 78 periodistas y 259 defensores asesinados entre 2018 y 2024, además de desapariciones, vigilancia digital, hostigamiento y estigmatización.
Una investigación del Human Rights Center de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley documentó 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados en México entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, periodo correspondiente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y plantea que el conjunto de agresiones registradas durante esos años reúne elementos que deberían ser examinados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
El estudio contabilizó 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos asesinados durante el periodo analizado. Además de los homicidios, la investigación reunió información sobre desapariciones forzadas, violencia física, vigilancia mediante programas espía, campañas de hostigamiento digital, estigmatización desde espacios públicos y procedimientos legales utilizados contra personas dedicadas a investigar corrupción, delincuencia organizada y posibles abusos de autoridades.
La investigación fue desarrollada durante varios años por el equipo de responsabilidad internacional del Human Rights Center. Su documentación quedó concentrada en una plataforma pública que incluye una base de datos de víctimas, expedientes de casos, información sobre vigilancia y un análisis de las conferencias de prensa presidenciales realizadas durante el periodo estudiado.
Uno de los componentes del trabajo fue la revisión de las declaraciones realizadas durante las conferencias matutinas de López Obrador. El equipo de Berkeley utilizó herramientas de análisis asistidas por inteligencia artificial para revisar más de mil 400 conferencias y localizar referencias a periodistas y defensores. La investigación identificó 2 mil 827 segmentos que, de acuerdo con su metodología, contenían expresiones utilizadas para desacreditar o descalificar a integrantes de esos grupos.
El estudio también documentó casos relacionados con el uso de herramientas de vigilancia digital. Entre los materiales analizados se encuentran registros de adquisiciones, documentos judiciales y archivos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional obtenidos tras la filtración conocida como Guacamaya.
El equipo de Berkeley sostiene que el software Pegasus y otras herramientas de vigilancia fueron utilizadas contra periodistas y defensores durante el periodo analizado. Su investigación señala que esos mecanismos fueron empleados junto con otras formas de presión y que los casos deben ser revisados dentro del contexto general de las agresiones contra personas dedicadas a actividades de vigilancia cívica.
Una investigación que busca aplicar el Estatuto de Roma
La propuesta de Berkeley se relaciona con una modificación en la forma en que la Fiscalía de la CPI analiza delitos cometidos o facilitados mediante herramientas digitales.
En diciembre de 2025, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional publicó su Política sobre delitos facilitados por medios cibernéticos bajo el Estatuto de Roma. El documento establece que los crímenes bajo jurisdicción de la Corte pueden cometerse o facilitarse mediante tecnologías digitales y contempla el uso de vigilancia intrusiva y otras operaciones digitales dentro del análisis de posibles crímenes internacionales.
A partir de ese marco, Lindsay Freeman, directora de Responsabilidad Internacional del Human Rights Center y responsable de la investigación, sostiene que los hechos documentados en México podrían ser analizados bajo la figura de persecución como crimen de lesa humanidad.
El artículo jurídico que acompaña la publicación plantea que asesinatos, desapariciones, vigilancia, hostigamiento y otras acciones pueden ser analizados conjuntamente cuando están dirigidos contra un grupo de población civil y forman parte de un ataque generalizado o sistemático.
La investigación de Berkeley es un trabajo académico y de documentación de derechos humanos. La clasificación jurídica definitiva de los hechos correspondería a las instituciones competentes, en este caso la Fiscalía de la CPI si decide examinar la situación, y posteriormente a los órganos judiciales de la Corte en las etapas que correspondan.
La CPI todavía no ha abierto una investigación
La diferencia entre una propuesta de examen y una investigación formal es relevante para el estado actual del caso.
La Corte Penal Internacional explica que la Fiscalía recibe información de particulares, organizaciones y Estados sobre posibles crímenes incluidos dentro de su jurisdicción. Esa información puede ser analizada en una etapa preliminar para determinar si existen fundamentos jurídicos suficientes para avanzar hacia una investigación.
El trabajo de Berkeley plantea que la información reunida justifica que la Fiscalía evalúe la situación mediante los mecanismos previstos por el Estatuto de Roma.
La propia universidad explicó que el proyecto fue concebido inicialmente como una posible presentación ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el equipo señaló que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la CPI impidieron realizar esa presentación por la vía prevista. Ante esa situación, Berkeley publicó la documentación como una plataforma abierta para que periodistas, organizaciones de derechos humanos, investigadores y autoridades puedan consultar los expedientes.
México está sujeto a la jurisdicción de la Corte
México figura entre los Estados Parte del Estatuto de Roma, tratado que establece el marco jurídico de la Corte Penal Internacional. La CPI señala que puede ejercer jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de un Estado Parte, siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos por el Estatuto.
La competencia de la Corte, sin embargo, no sustituye automáticamente a las autoridades nacionales. La Fiscalía de la CPI establece que las instituciones nacionales tienen la responsabilidad primaria de investigar y juzgar los crímenes dentro de su jurisdicción. La intervención internacional se rige por los criterios de complementariedad y por los demás requisitos establecidos en el Estatuto de Roma.
La situación de violencia contra periodistas y defensores en México también ha sido documentada por organismos internacionales mediante otros mecanismos. Human Rights Watch señaló en su informe mundial de 2026 que México continuó entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo y registró asesinatos de periodistas durante 2025, además de casos de hostigamiento judicial.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha documentado asesinatos, desapariciones y otros ataques contra periodistas y defensores en México. En su informe correspondiente a 2025 reportó que había documentado mil 78 casos de asesinatos, intentos de asesinato y desapariciones de periodistas y defensores ocurridos durante la década anterior.
La investigación de Berkeley incorpora estos antecedentes a una revisión específica del periodo 2018-2024 y busca establecer conexiones entre distintos tipos de agresiones.
El siguiente paso, en caso de que la información llegue formalmente a conocimiento de la Fiscalía de la CPI, correspondería a ese órgano. La Fiscalía tendría que valorar la jurisdicción, la naturaleza y gravedad de los hechos, la existencia de investigaciones nacionales y los demás criterios establecidos en el Estatuto antes de decidir si procede una investigación.
UC Berkeley ha reunido y publicado una todas esta investigación sobre 337 periodistas y defensores asesinados durante el periodo analizado y propone que la Fiscalía de la CPI examine si el conjunto de agresiones puede constituir persecución como crimen de lesa humanidad.