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CFE proyecta inversiones por 37.500 millones de dólares, pero el reto será financiar y conectar la nueva energía Gobierno de México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) proyecta movilizar alrededor de 37.500 millones de dólares —unos 740.000 millones de pesos— para ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica de México hacia 2030. El programa contempla incorporar cerca de 22 gigawatts de capacidad limpia, pero su ejecución dependerá de una combinación de recursos públicos, financiamiento privado y obras de transmisión capaces de llevar esa electricidad hasta los centros de consumo.

La estrategia forma parte del Programa de Desarrollo de la CFE 2026-2030 y representa uno de los principales compromisos energéticos del Gobierno de Claudia Sheinbaum. De acuerdo con el desglose presentado por la empresa, 15,6 gigawatts de la nueva capacidad limpia corresponderán a proyectos impulsados por la propia CFE. La expansión contempla centrales solares, eólicas e hidroeléctricas, además de instalaciones de cogeneración eficiente.

De los 37.500 millones de dólares previstos, unos 24.700 millones se dirigirán a centrales eléctricas; 6.900 millones, a transmisión; 3.300 millones, a ductos, y 2.600 millones, a distribución. Esta última parte resulta decisiva para el plan: la incorporación de nuevas plantas exige ampliar las redes que transportan la electricidad y conectan las zonas de generación con hogares, comercios e industrias.

El Gobierno busca que las fuentes limpias aumenten su participación en la matriz eléctrica. Actualmente, más del 60% de la electricidad mexicana se produce con gas natural, mientras que la meta oficial es elevar la proporción de energías limpias del 24% al 38% en 2030. La capacidad proyectada incluye 12.310 megawatts solares y 6.576 megawatts eólicos, además de 2.422 megawatts de cogeneración eficiente.

Para reunir los recursos, la CFE abrió la puerta a proyectos mixtos con empresas privadas. Bajo este esquema, la compañía estatal conservará al menos el 54% de participación, mientras que los socios particulares podrán aportar capital, conseguir financiamiento y asumir la construcción y operación de las centrales. La empresa pública contribuirá con terrenos, permisos de interconexión y compromisos de compra de una parte de la energía producida.

Los contratos podrán extenderse hasta 30 años. La estructura comercial prevé que alrededor del 70% de la energía, la potencia y los certificados de energía limpia se coloquen con la CFE; el 30% restante podrá venderse en el mercado eléctrico mayorista o a terceros. Una vez que el inversionista alcance el rendimiento establecido en el contrato, la central pasará a manos de la empresa estatal.

El modelo busca acelerar la construcción de infraestructura sin cargar toda la inversión sobre el balance financiero de la CFE. Según el Programa de Desarrollo 2026-2030, alrededor del 54% de los recursos se canalizará mediante mecanismos fuera del balance de la compañía, principalmente proyectos mixtos. El resto se cubrirá con recursos propios, deuda y vehículos financieros como Fibra E.

La apuesta llega en un momento de presión sobre las cuentas de la empresa. En el tercer trimestre de 2026, la CFE reportó una pérdida neta de 23.310 millones de pesos, frente a una utilidad de 56.416 millones en el mismo periodo del año anterior. La compañía atribuyó el resultado principalmente a una menor utilidad cambiaria relacionada con la valuación de obligaciones en moneda extranjera. Entre enero y septiembre, sin embargo, acumuló una utilidad neta de 24.313 millones de pesos, inferior a la registrada en los primeros nueve meses de 2025.

El Instituto Mexicano para la Competitividad también identificó una reducción de las utilidades acumuladas y un aumento de la deuda financiera de la empresa al cierre de septiembre. Su análisis, basado en los informes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores, situó la deuda financiera en 501.300 millones de pesos. Estas cifras colocan el financiamiento de la expansión entre los principales desafíos de la compañía, que deberá sostener sus inversiones mientras atiende sus obligaciones financieras y operativas.

La ejecución ya tiene algunos avances. La información presentada sobre el programa señala que 11 proyectos de generación limpia, con una capacidad conjunta de 480 megawatts, habían concluido. Entre ellos figuran trabajos de modernización de centrales hidroeléctricas y una parte del parque solar de Puerto Peñasco, en Sonora. Aún quedaban por asignar alrededor de 4.151 megawatts correspondientes a proyectos mixtos.

El calendario establece que cerca del 60% de la nueva capacidad limpia entre en operación durante 2028 y 2029. Esto obliga a acelerar las convocatorias, la contratación y el financiamiento durante los próximos meses. La disponibilidad de terrenos, los permisos, la conexión a la red y la llegada efectiva de capital serán determinantes para cumplir las fechas previstas.

La expansión eléctrica tiene implicaciones directas para la economía mexicana. La industria, los servicios y los nuevos desarrollos productivos requieren un suministro suficiente y estable. Si la generación crece sin que las redes de transmisión y distribución avancen al mismo ritmo, las nuevas centrales tendrán dificultades para entregar toda su capacidad en las regiones donde se necesita.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido el fortalecimiento de la CFE y la participación estatal mayoritaria como ejes de su política energética. Al mismo tiempo, los proyectos mixtos incorporan a inversionistas privados para cubrir parte de las necesidades de capital y acelerar la construcción de infraestructura.

El objetivo de 2030 es ampliar la generación renovable, reducir la dependencia de combustibles fósiles y responder al crecimiento de la demanda eléctrica. La dimensión del programa convierte su ejecución en una prueba para la política energética federal: la CFE deberá transformar los compromisos de inversión en centrales terminadas, líneas de transmisión y capacidad disponible para los consumidores.