El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disfruta de un apoyo público masivo para detener a miles de presuntos pandilleros en una medida que ha mejorado enormemente la seguridad diaria de la gente común.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, disfruta de un apoyo público masivo para detener a miles de presuntos pandilleros en una medida que ha mejorado enormemente la seguridad diaria de la gente común. AFP

Una nueva ley que permite que hasta 900 presuntos pandilleros sean juzgados a la vez en El Salvador, donde decenas de miles han sido arrestados en una represión, ha alarmado a expertos en justicia y grupos de derechos que temen que sea una estrategia de reelección del presidente Nayib Bukele. .

Casi 72.000 personas acusadas de pertenecer a bandas criminales están encarceladas en El Salvador bajo un estado de emergencia que permite arrestos sin orden judicial en lo que grupos de derechos han descrito como "detención arbitraria".

Bukele también ha construido una mega prisión, que dice que es la más grande de América, para encerrar a 40.000 presuntos mafiosos en duras condiciones también denunciadas por organizaciones de derechos humanos.

Ahora, los juicios colectivos violarán aún más "los derechos a una defensa adecuada, a un juicio justo y a la presunción de inocencia", dijo a la AFP la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

La medida fue aprobada por un Congreso favorable a Bukele el miércoles bajo el estado de emergencia vigente desde marzo de 2022, que según los críticos ha visto a personas inocentes atrapadas en la redada.

"Hemos visto cómo las reformas legales asociadas a esta medida represiva (el estado de excepción) han buscado erosionar las garantías básicas del proceso penal", dijo Guevara Rosas.

Antonio Durán, un juez de la ciudad de Zacatecoluca que critica el estado de emergencia, dijo que el objetivo principal de los juicios masivos, para los cuales no se ha fijado una fecha de inicio, parecía ser "sentencias duras y rápidas".

"Los juicios masivos contradicen... el principio (legal) de la responsabilidad individual", dijo a la AFP, añadiendo que la medida viola los "estándares internacionales" de justicia.

"Todo esto es parte de la campaña de reelección de Bukele, que es inconstitucional", dijo el juez.

Bukele, con una polémica luz verde de la Corte Constitucional, ha anunciado que se presentará a las elecciones del próximo año a pesar de la prohibición constitucional de mandatos presidenciales sucesivos.

El presidente, de 42 años, disfruta de un apoyo público masivo debido a su "guerra" contra las pandillas, que ha mejorado enormemente la seguridad de los ciudadanos comunes del país centroamericano.

"Lo más importante es el beneficio de la población y por eso se toman las medidas y por eso la gente las apoya", dijo a la AFP el sociólogo René Martínez, de la Universidad de El Salvador.

Sin embargo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una ONG de derechos humanos en las Américas, dijo que los juicios colectivos harían "imposible" garantizar "un juicio justo y el derecho a la defensa".

"Esto nos hace preguntarnos si la política del gobierno de perseguir a las pandillas, al crimen organizado, está acabando con el Estado de derecho y la democracia", dijo a la AFP Marcela Martino, subdirectora para Centroamérica y México de CEJIL.

Miguel Montenegro, director ejecutivo de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, señaló la conveniencia política de la medida del juicio masivo.

Fue, dijo, "dirigido a convencer a los que dudan del gobierno".

La medida también permite que los sospechosos permanezcan detenidos hasta 24 meses antes de ser juzgados o puestos en libertad.

Significaría que personas inocentes inevitablemente terminarán siendo juzgadas y condenadas, junto con verdaderos mafiosos, dijo Samuel Ramírez del movimiento MOVIR para víctimas de abusos de derechos en El Salvador.

Las encuestas muestran que nueve de cada diez salvadoreños apoyan a Bukele, pero no hay consenso sobre los juicios masivos.

El trabajador de la fábrica Virgilio Gutiérrez dijo a la AFP en San Salvador que pensaba que la medida era "buena" ya que los juicios individuales "tomarían mucho tiempo... Si los toman caso por caso, nunca terminarán".

Pero el vendedor de billetes de lotería, Juan Mejía, se opuso a los juicios masivos porque "la ley dice que deben ser individualizados, uno por uno".

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