Desarrolladores denuncian presión por «moches» en Nuevo León; permisos de
Desarrolladores denuncian presión por «moches» en Nuevo León; permisos de vivienda tardan hasta tres años Especial

Empresarios inmobiliarios advierten que los retrasos administrativos y los presuntos cobros irregulares están comprometiendo nuevos proyectos en la zona metropolitana de Monterrey. El sector calcula que la región necesitará alrededor de 870 mil viviendas hacia 2040, mientras reclama una legislación que unifique los procedimientos municipales y estatales.

La construcción de vivienda en Nuevo León enfrenta un problema que va más allá del encarecimiento de los materiales y la disponibilidad de terrenos: desarrolladores inmobiliarios denunciaron nuevamente prácticas de corrupción, cobros conocidos como "moches" y obstáculos administrativos que pueden prolongar entre dos y tres años la autorización de nuevos proyectos.

El señalamiento tomó fuerza durante el encuentro Panorama 2026, organizado por Colliers en Monterrey, donde representantes del sector empresarial expusieron las dificultades que enfrenta la industria para responder al crecimiento de la zona metropolitana. Antonio Elosúa, expresidente de Caprobi Nuevo León, pidió frenar los pagos irregulares y cuestionó que las decisiones de los gobiernos municipales puedan detener el desarrollo inmobiliario.

El empresario insistió en la necesidad de aprobar una Ley de Coordinación Metropolitana que permita homologar reglamentos, permisos y procedimientos entre los distintos niveles de gobierno. Advirtió que la falta de coordinación está convirtiendo la gestión de proyectos en un proceso prolongado y costoso, con consecuencias sobre el precio final de las propiedades.

La denuncia adquiere mayor dimensión ante las necesidades de crecimiento de Monterrey. De acuerdo con las estimaciones expuestas por Elosúa durante el encuentro, la zona metropolitana requerirá aproximadamente 870 mil viviendas hacia 2040, además de 11 millones de metros cuadrados de espacios comerciales, más de tres millones de metros cuadrados de oficinas y alrededor de ocho millones de metros cuadrados de instalaciones industriales.

La magnitud de esa demanda contrasta con las dificultades que enfrenta el sector para obtener autorizaciones. Según el empresario, procedimientos que anteriormente podían resolverse en aproximadamente un año ahora se prolongan entre dos y tres años. Los retrasos incrementan los costos financieros de los desarrollos, afectan la programación de las obras y reducen la capacidad de las empresas para incorporar nuevas viviendas al mercado.

Los cobros irregulares se suman al retraso de los permisos

La denuncia sobre los "moches" coloca nuevamente bajo presión los mecanismos municipales de autorización de obras y uso de suelo. El señalamiento de los desarrolladores apunta a prácticas mediante las cuales se exigirían pagos para facilitar trámites o permitir que los proyectos avancen.

El presidente de Canadevi Nuevo León, Javier Treviño Garza, también ha advertido sobre los obstáculos que enfrenta la industria. En declaraciones anteriores, el dirigente empresarial señaló que los cobros irregulares pueden alcanzar entre 2 y 3 por ciento del valor de determinados proyectos inmobiliarios.

El problema tiene implicaciones económicas directas: cuando los costos administrativos y financieros aumentan, las empresas deben ajustar sus presupuestos, modificar proyectos o trasladar parte de esas cargas al precio de venta de las viviendas.

A esta situación se suma la inflación de los materiales de construcción. Durante el encuentro, Elosúa estimó que el incremento acumulado en esos insumos se aproxima al 12 por ciento, una presión que dificulta mantener los precios de los desarrollos y ampliar la oferta habitacional.

La oferta de vivienda queda rezagada frente al crecimiento metropolitano

Javier Treviño advirtió que la construcción de viviendas en Nuevo León se encuentra por debajo de los niveles que alcanzó anteriormente. Durante su intervención señaló que actualmente se construyen alrededor de 28 mil unidades habitacionales, frente a un volumen previo de aproximadamente 65 mil.

El retroceso ocurre en una región que continúa recibiendo población y nuevas inversiones industriales, comerciales y de servicios. La expansión económica ha elevado las necesidades de vivienda, movilidad e infraestructura, pero el crecimiento de la oferta habitacional enfrenta dificultades para acompañar ese ritmo.

La situación también repercute en las familias que buscan adquirir una propiedad. El encarecimiento de los inmuebles y las condiciones para acceder a financiamiento hipotecario reducen las posibilidades de compra, especialmente entre los hogares que necesitan viviendas de interés social y de precio medio.

En paralelo, el mercado de arrendamiento gana terreno. Óscar Cortés, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, señaló durante el encuentro que alrededor del 70 por ciento de las operaciones de su sector corresponden a rentas, una proporción que refleja el peso creciente del alquiler frente a la compra de vivienda.

La Ley de Coordinación Metropolitana vuelve al centro de la discusión

Ante los obstáculos administrativos, empresarios y organizaciones civiles insisten en que Nuevo León necesita una estructura de coordinación que supere las decisiones aisladas de cada municipio.

La iniciativa de Ley de Coordinación Metropolitana fue presentada el 31 de agosto de 2026 ante el Congreso estatal por representantes de la sociedad civil, la academia y organismos empresariales. Su propósito es establecer mecanismos de planeación conjunta para atender problemas que involucran a varios municipios, entre ellos vivienda, movilidad, infraestructura, servicios públicos y expansión urbana.

El proyecto busca que los desarrollos habitacionales respondan a una planeación regional y que las autoridades coordinen sus criterios para evitar que un mismo proyecto enfrente requisitos contradictorios entre dependencias.

La discusión legislativa ha recibido también llamados de organizaciones como la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey y Coparmex Nuevo León, que han solicitado avanzar en el análisis de la propuesta.

El reclamo empresarial tiene ahora un componente adicional: no basta con agilizar los permisos si persisten los señalamientos de cobros irregulares y falta de transparencia en su otorgamiento.

Elecciones de 2027 añaden presión a los proyectos inmobiliarios

Los representantes del sector también expresaron preocupación por el próximo proceso electoral. Treviño Garza advirtió que los cambios políticos y administrativos pueden provocar interrupciones en las dependencias públicas durante los meses previos y posteriores a las elecciones.

El dirigente estimó que esta parálisis podría extenderse hasta seis meses, un periodo que afectaría especialmente a una industria cuyos proyectos requieren varios años de planeación, autorizaciones, financiamiento y construcción.

Para los desarrolladores, la continuidad administrativa será determinante para evitar que los proyectos queden detenidos por cambios de funcionarios o revisiones de criterios entre administraciones.

La discusión sobre los "moches" y los permisos llega así a un momento especialmente delicado para Nuevo León. La región necesita ampliar su oferta habitacional para acompañar el crecimiento económico y poblacional, pero enfrenta una combinación de obstáculos administrativos, señalamientos de corrupción, encarecimiento de insumos y dificultades de acceso a la vivienda.

Mientras el sector reclama reglas uniformes y procedimientos transparentes, el Congreso estatal tiene ante sí una iniciativa que busca reorganizar la coordinación metropolitana. Su discusión y eventual aprobación se han convertido en parte central del debate sobre el futuro urbano de Monterrey y la capacidad de Nuevo León para responder a su creciente demanda de vivienda.