Diputada del Partido Verde denuncia ataque con navaja en Tamaulipas
La diputada Casandra de los Santos denunció un ataque con navaja en Río Bravo, Tamaulipas. Tras requerir hospitalización, pidió protección federal y aseguró que enfrenta situaciones de riesgo desde marzo. casandradelossantos.com/IBTimes México

La diputada federal Casandra de los Santos, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), denunció haber sido víctima de una agresión con arma blanca en el municipio de Río Bravo, Tamaulipas, que le provocó lesiones por las que requirió hospitalización. La legisladora solicitó protección a las autoridades estatales y federales, al asegurar que desde marzo ha enfrentado situaciones de riesgo tanto en Tamaulipas como en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre, cuando De los Santos salía de una convivencia con amigas y colaboradoras. Una semana después, el sábado 17 de octubre, la diputada hizo pública la agresión durante una conferencia de prensa, en la que relató lo sucedido y expresó su preocupación por las condiciones de seguridad en las que desarrolla sus actividades.

De acuerdo con su testimonio, fue atacada con una navaja y sufrió heridas que obligaron a su traslado a un hospital. Aunque no proporcionó detalles sobre la identidad de la persona agresora ni las circunstancias que habrían motivado el incidente, confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía en Río Bravo para que se esclarezcan los hechos.

La legisladora explicó que su preocupación no se limita al episodio ocurrido en octubre, pues desde marzo ha experimentado otros incidentes que considera amenazas para su integridad. Señaló que estas situaciones se han presentado en diferentes momentos y lugares, tanto en Tamaulipas como en la capital del país, aunque no precisó sus características ni si guardan relación entre sí.

Ante ese escenario, De los Santos aseguró que anteriormente solicitó apoyo de la Guardia Nacional mediante un oficio presentado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, afirmó que hasta el momento de su conferencia no había recibido respuesta, situación que motivó un nuevo llamado a las instituciones responsables de garantizar la seguridad.

La diputada sostuvo que necesita condiciones adecuadas para continuar desempeñando sus responsabilidades legislativas y mantener sus actividades públicas. Su petición está dirigida a que las autoridades evalúen los riesgos denunciados y determinen las medidas de protección que correspondan.

Durante la conferencia estuvo acompañada por la senadora Maki Ortiz y el dirigente del PVEM en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, quienes expresaron su respaldo a la legisladora. Ambos coincidieron en la importancia de atender su solicitud y garantizar que pueda desarrollar sus funciones sin temor a nuevas agresiones.

Muñoz Cano pidió a las autoridades actuar oportunamente y dar seguimiento al caso, mientras que la presencia de Maki Ortiz reflejó el acompañamiento político que recibió De los Santos tras hacer pública su denuncia.

El episodio ocurre en un contexto en el que la seguridad de representantes públicos y ciudadanos constituye un asunto de interés para las instituciones encargadas de prevenir la violencia. La denuncia de una legisladora federal también plantea interrogantes sobre los mecanismos disponibles para atender solicitudes de protección y la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas ni sobre la implementación de medidas de seguridad para la diputada. Tampoco se han difundido elementos que permitan establecer el motivo de la agresión, por lo que cualquier conclusión sobre sus posibles responsables deberá sustentarse en las diligencias correspondientes.

La solicitud de protección adquiere especial importancia debido a que De los Santos asegura haber advertido previamente sobre situaciones que comprometían su seguridad. La respuesta institucional será determinante para conocer qué acciones pueden adoptarse frente a los riesgos que ha denunciado.

Por el momento, la diputada mantiene su exigencia de justicia y protección, mientras espera una respuesta de las autoridades federales y estatales que le permita continuar con sus actividades legislativas en condiciones de seguridad.