Entrevistas ministeriales y dictámenes periciales incorporados a una causa penal
Entrevistas ministeriales y dictámenes periciales incorporados a una causa penal describen la participación de dos ciudadanos estadounidenses en un despliegue táctico en la sierra de Chihuahua. La Fiscalía General de la República sostiene que actuaron sin autorización federal. Cuarto Oscuro

CHIHUAHUA, 19 de octubre de 2026.— Dos ciudadanos estadounidenses identificados como Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black habrían participado armados en el operativo realizado en abril contra laboratorios clandestinos en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, de acuerdo con testimonios ministeriales y dictámenes periciales incorporados a la causa penal 408/2026 de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las constancias describen a los extranjeros dentro de una célula táctica que portaba armas largas, utilizaba pasamontañas y consultaba coordenadas mediante tabletas electrónicas durante el despliegue. La investigación también recoge testimonios sobre la coordinación de los agentes estadounidenses con integrantes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

La información adquiere relevancia nacional porque la participación de personal extranjero en operaciones de seguridad dentro de México está sujeta a las atribuciones y controles previstos en la legislación federal. La FGR sostiene que el exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, permitió la intervención de extranjeros sin autorización y en actividades reservadas a las autoridades federales. El organismo considera que los hechos podrían constituir traición a la patria en materia de seguridad nacional.

El 17 de octubre, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, anunció la detención de Jáuregui en Chihuahua, tras una orden emitida por un juez federal y más de cien actos de investigación. Según el mensaje oficial, la Fiscalía determinó que el exfuncionario habría permitido la participación de personas extranjeras en territorio nacional sin autorización y sin informar oportunamente a las autoridades federales.

Godoy señaló que el operativo de abril se llevó a cabo sin que existiera una carpeta de investigación previa en la Fiscalía estatal, pese a que el entonces fiscal había declarado que las acciones eran resultado de meses de planeación entre áreas bajo su mando. La titular de la FGR también afirmó que la dependencia estatal notificó a las autoridades federales después del despliegue, en lugar de coordinar previamente una intervención que involucraba presuntos delitos de competencia federal.

El operativo de El Pinal se desarrolló entre el 17 y el 19 de abril, en una zona de la Sierra Tarahumara donde fueron localizados laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Durante el regreso de los participantes, un vehículo cayó por un barranco y se incendió. Murieron cuatro personas: dos integrantes de la Fiscalía de Chihuahua y los dos ciudadanos estadounidenses que después fueron identificados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En un primer momento, las autoridades estatales presentaron a los estadounidenses como instructores vinculados con la Embajada de Estados Unidos. La identidad y las funciones que desempeñaban se convirtieron posteriormente en uno de los puntos centrales de la investigación federal. La FGR también informó que los extranjeros habían acudido en varias ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación sin una justificación que respaldara su presencia.

La controversia llegó al ámbito político en abril, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la colaboración con Estados Unidos en materia de inteligencia es necesaria para combatir al crimen organizado, pero rechazó la participación directa de agentes extranjeros en operativos dentro del país sin autorización. El Gobierno federal solicitó explicaciones sobre lo sucedido y abrió investigaciones para establecer responsabilidades.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, declaró posteriormente que desconocía la intervención de personal estadounidense y responsabilizó al entonces fiscal y a otros funcionarios de haber actuado sin informarle. Jáuregui renunció a la Fiscalía estatal el 27 de abril. Antes de ser detenido, difundió un mensaje en el que defendió el operativo contra los laboratorios clandestinos y rechazó haber cometido delitos.

El proceso contra el exfiscal avanzó en dos jurisdicciones. En la causa estatal, el Ministerio Público lo acusa de ejercicio ilegal del servicio público y coalición por su actuación durante el operativo. En la investigación federal, la FGR lo señala por presunta traición a la patria en materia de seguridad nacional, relacionada con la intervención de extranjeros en acciones que, según la Fiscalía, correspondían exclusivamente a las autoridades federales.

Durante la audiencia estatal, un juez de control descartó imponerle prisión preventiva y estableció medidas cautelares, entre ellas la entrega de documentos migratorios, la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de comunicarse con testigos. Sin embargo, al concluir esa diligencia, la FGR ejecutó la orden de aprehensión federal por la causa distinta de traición a la patria. El caso quedó así en manos de autoridades judiciales estatales y federales, cada una con cargos propios.

La audiencia estatal para resolver si Jáuregui será vinculado a proceso quedó programada para el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.

El expediente también mantiene bajo escrutinio la cadena de mando que permitió la participación de los agentes extranjeros, el intercambio de información entre la Fiscalía estatal y las autoridades federales y los controles aplicados a la cooperación internacional en materia de seguridad. La investigación deberá precisar quién autorizó la incorporación de los estadounidenses al despliegue, qué funciones desempeñaron y qué conocimiento tenían los mandos de las instituciones involucradas.