FGR impugna amparo de Kate del Castillo y reabre disputa judicial por el caso ”El Chapo”
Un tribunal colegiado deberá revisar la sentencia que también reconoció a la empresa de la actriz dentro de la carpeta por presuntas irregularidades de servidores públicos.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2026.— La disputa judicial entre Kate del Castillo y el Estado mexicano entró en una nueva etapa después de que la Fiscalía General de la República (FGR) impugnara la resolución que ordenó reconocer a la actriz y a su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc., como víctimas dentro de una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios públicos.
El Ministerio Público Federal interpuso el recurso de revisión el 14 de octubre, con el propósito de que un tribunal colegiado examine el amparo concedido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. La resolución cuestionada ordenó dejar sin efecto la negativa ministerial que mantenía a la actriz y a su productora únicamente como denunciantes dentro de la carpeta FED/FEAI/FEAI-CDMX/0000318/2025.
La controversia tiene consecuencias procesales concretas: el reconocimiento como víctimas permite intervenir en la investigación conforme a los derechos previstos en la ley, consultar los registros en los términos aplicables y recibir información sobre las actuaciones ministeriales. La revisión solicitada por la FGR coloca esos derechos en el centro de una nueva etapa del litigio.
La disputa por el acceso a la investigación
El expediente comenzó el 1 de abril de 2025, cuando el representante legal de Del Castillo y de su empresa presentó una denuncia ante la FGR contra personas servidoras y exservidoras públicas por presuntas actuaciones irregulares relacionadas con las investigaciones anteriores contra la actriz.
El 12 de mayo de ese año, la defensa solicitó que ambas fueran reconocidas como víctimas. La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos rechazó la petición mediante un acuerdo del 29 de octubre de 2025, al considerar que no se había acreditado una afectación directa que justificara otorgarles esa condición.
La defensa recurrió a la justicia federal y presentó una demanda de amparo el 25 de septiembre de 2025, que posteriormente amplió para impugnar la negativa ministerial.
El juez Julio César Molina García resolvió a favor de las promoventes. Determinó que la Fiscalía debía dejar sin efectos el acuerdo impugnado y emitir una nueva resolución que reconociera a Del Castillo y a su empresa como víctimas dentro de esa carpeta.
La FGR presentó después el recurso de revisión para que una instancia superior examine la decisión. El tribunal colegiado deberá determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia de amparo.
Un conflicto que se originó en 2015
El litigio actual se relaciona con las investigaciones abiertas después del encuentro que Kate del Castillo sostuvo en 2015 con Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo", entonces líder del Cártel de Sinaloa. La reunión también involucró al actor estadounidense Sean Penn y estuvo vinculada con el proyecto de una producción cinematográfica sobre la vida del narcotraficante.
Tras la recaptura de Guzmán, en enero de 2016, las autoridades mexicanas investigaron el encuentro y difundieron información sobre los contactos entre los participantes. Del Castillo denunció posteriormente que las actuaciones de las autoridades y la divulgación de información afectaron su reputación y sus derechos.
La actriz ha sostenido que fue objeto de persecución y de filtraciones ilegales. A partir de esos señalamientos promovió distintos procedimientos contra el Estado mexicano y contra funcionarios relacionados con las investigaciones.
El antecedente de otro amparo
La actriz ya había obtenido una resolución favorable en febrero de 2023, cuando un juez federal concedió un amparo para que se le reconociera como víctima en otra carpeta vinculada con sus denuncias contra autoridades.
Ese antecedente muestra que el litigio ha avanzado mediante procedimientos judiciales distintos, cada uno relacionado con decisiones ministeriales y con el alcance de los derechos que reclama la actriz.
En paralelo, Del Castillo mantiene una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Estado mexicano por 60 millones de dólares. Esa reclamación se refiere a los daños que afirma haber sufrido a raíz de las investigaciones y la difusión de información sobre su encuentro con Guzmán.
El siguiente paso queda en manos del tribunal
La revisión solicitada por la Fiscalía llevará la controversia ante un tribunal colegiado, que deberá analizar los argumentos contra la sentencia de amparo. El resultado definirá si se mantiene la orden de reconocer a Del Castillo y a su productora como víctimas en la carpeta de investigación.
El caso vuelve a poner bajo examen la actuación de las autoridades ministeriales y las garantías de quienes denuncian posibles irregularidades dentro de una investigación penal. La resolución pendiente determinará el alcance del fallo que favoreció a la actriz y las obligaciones que deberá cumplir la Fiscalía en ese expediente.

