Colectivas cuestionan nueva Ley de Feminicidio y piden preservar la protección específica de las mujeres

La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca establecer reglas comunes para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio en todo el país. El proyecto pretende homologar los criterios de actuación de las fiscalías y establecer estándares nacionales para investigar las muertes violentas de mujeres.

Uno de los principales puntos de discusión se relaciona con la definición y el alcance del delito. Las colectivas que se manifestaron ante el Senado sostienen que la legislación debe conservar de manera clara la referencia a las mujeres como víctimas del feminicidio y cuestionan que determinadas interpretaciones relacionadas con identidad o expresión de género puedan ampliar el concepto.

Esta postura forma parte de un debate más amplio que se ha desarrollado durante los últimos meses alrededor de la iniciativa. El texto legislativo consultado establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y plantea penas de entre 50 y 70 años de prisión, además de agravantes, imprescriptibilidad y reglas específicas para la investigación y reparación del daño.

La discusión sobre la identidad de género también se cruza con otras propuestas legislativas. En julio, el Sistema de Información Legislativa registró una iniciativa distinta para incorporar al Código Penal Federal el delito de transfeminicidio, entendido como la privación de la vida de una mujer trans por razones relacionadas con su identidad o expresión de género. Esa propuesta plantea penas de 40 a 60 años de prisión.

Las organizaciones inconformes consideran que ambos debates deben analizarse con cuidado para evitar que la figura jurídica del feminicidio pierda la especificidad que, desde su creación, ha tenido para reconocer la violencia letal contra las mujeres por razones de género.

Durante la protesta, activistas como Yan María Yaoyólotl Castro cuestionaron la posibilidad de ampliar el concepto y defendieron que el feminicidio debe mantener su carácter específico. Las declaraciones forman parte de una posición expresada por las manifestantes y no constituyen una interpretación oficial del Senado sobre el alcance definitivo de la iniciativa.

El proyecto, además, busca que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio y con perspectiva de género. El Sistema de Información Legislativa señala que esta hipótesis tendría carácter metodológico para la investigación y no implicaría por sí misma una presunción de responsabilidad penal.

La homologación nacional es uno de los argumentos centrales para impulsar la legislación. Actualmente existen diferencias entre las normas estatales, por lo que la iniciativa pretende establecer criterios comunes para las autoridades encargadas de investigar y perseguir estos delitos, así como mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Otro de los temas señalados por las colectivas es la necesidad de que cualquier reforma esté acompañada de recursos, personal especializado y mecanismos que permitan mejorar las investigaciones. La preocupación coincide con uno de los retos reconocidos en el debate legislativo: que la creación de nuevas obligaciones jurídicas pueda traducirse efectivamente en mejores capacidades institucionales.

El Senado ya abrió espacios de discusión con especialistas, organizaciones civiles y familiares de víctimas. El 18 de agosto se realizaron mesas de diálogo para analizar la propuesta, con la participación de legisladoras, autoridades, académicas y defensoras de derechos humanos.

Entre las voces que han intervenido en el debate se encuentra Marcela Lagarde, antropóloga e investigadora vinculada históricamente con la incorporación del concepto de feminicidio al marco jurídico mexicano. En septiembre, Lagarde cuestionó que la iniciativa utilice en algunos planteamientos el término "personas" en lugar de referencias específicas a mujeres y advirtió sobre lo que consideró un posible retroceso.

La discusión, sin embargo, no se limita a la definición del delito. También están sobre la mesa la reparación integral para las familias, la atención a víctimas indirectas, la investigación con perspectiva de género, la coordinación de fiscalías y la asignación de recursos para aplicar la nueva legislación.

Las colectivas que protestaron frente al Senado exigieron que sus observaciones sean incorporadas antes de que concluya el proceso legislativo y reclamaron que las modificaciones no se traduzcan únicamente en nuevas disposiciones legales, sino en investigaciones eficaces y resultados concretos para las familias que llevan años esperando justicia.

La iniciativa permanece en proceso legislativo, por lo que su contenido puede modificarse durante la discusión en comisiones y posteriormente en el Pleno. El debate continuará alrededor de la definición del feminicidio, sus alcances, las obligaciones de las autoridades y las medidas necesarias para garantizar la protección y reparación de las víctimas.