Cuatro casos de mujeres de la Guardia Nacional ponen bajo presión la respuesta de las autoridades
La agente fue hallada sin vida en Culiacán; la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación y la Sedena difundió una ficha para localizar a su pareja.

La despedida de Cristian Ziboney Cárdenas en su comunidad natal, Teacapán, Sinaloa, estuvo acompañada por honores de la Guardia Nacional y una exigencia de justicia que sigue sin respuesta judicial. La agente, de 34 años, fue localizada sin vida el lunes 2 de noviembre en un departamento del fraccionamiento Alturas del Sur, en Culiacán. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación por feminicidio y mantiene las diligencias para esclarecer el crimen.
El miércoles 4 de noviembre, familiares, amigos y compañeros de la corporación acompañaron el funeral en Escuinapa. Cristian era madre de una niña de ocho años y formaba parte de la Guardia Nacional. Su familia pidió que el caso no quede impune y expresó su preocupación por el futuro de la menor.
La investigación tiene como una de sus líneas centrales la localización de Erik Gustavo Acero Hernández, de 29 años, pareja de la víctima y también integrante de la Guardia Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional difundió una ficha para su búsqueda, en la que indicó que fue visto por última vez el 2 de noviembre en el domicilio donde posteriormente fue encontrada la agente.
La Sedena aseguró por escrito que mantiene coordinación con las autoridades civiles y que proporciona apoyo para esclarecer la muerte de Cárdenas. Esa es la respuesta institucional más reciente localizada sobre el caso. La Fiscalía estatal, por su parte, abrió la carpeta bajo el protocolo de feminicidio y realiza las investigaciones correspondientes.
La exigencia de justicia también ha sido impulsada por la colectiva Orquídeas Moradas, integrada por mujeres de Escuinapa. Sus representantes señalaron que Cristian habría realizado una llamada al número de emergencias para denunciar una situación de violencia familiar antes de ser encontrada sin vida.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la atención que reciben las denuncias de violencia contra mujeres dentro de las instituciones de seguridad. La muerte de Cristian se suma a otros expedientes de integrantes de la Guardia Nacional que fallecieron en circunstancias violentas y cuyas familias han reclamado investigaciones completas.
Uno de ellos es el de Stephany Carmona Rojas, de 19 años, quien murió el 14 de octubre de 2025 durante una práctica de tiro en el 51 Batallón de la Guardia Nacional, en Acapulco, Guerrero. Antes de su muerte había presentado una queja interna por presunto acoso de un sargento. La familia sostiene que el caso no ha tenido una resolución suficiente en el ámbito civil. De acuerdo con el testimonio de su madre, el militar señalado cumple una condena en la jurisdicción castrense, mientras permanece pendiente la respuesta por la muerte de la joven. Una audiencia de seguimiento está prevista para el 30 de noviembre.
Otro expediente es el de Dalila Acosta Medina, de 28 años, cuyo cuerpo fue localizado el 6 de enero de 2026 en el estacionamiento de su destacamento en Acapulco. Las autoridades locales investigaron inicialmente el hecho como suicidio. Su familia rechazó esa conclusión y cuestionó las condiciones del peritaje; hasta la publicación de esta actualización, el caso continuaba sin detenidos, según los testimonios recogidos por sus familiares.
En enero de 2025, Jenyfer López Becerril, también integrante de la Guardia Nacional, fue encontrada muerta en su vivienda en el Estado de México. Su pareja, un sargento de la corporación, fue detenido semanas después y vinculado a proceso. El caso seguía en etapa judicial, de acuerdo con la información disponible.
Los expedientes tienen circunstancias y situaciones procesales distintas. En el de Cristian, la Fiscalía de Sinaloa investiga el delito de feminicidio; en el de Dalila, la familia impugna la versión inicial de suicidio; en el de Stephany existe una investigación sobre los hechos ocurridos durante una práctica de tiro, y en el de Jenyfer hay un proceso penal contra su pareja. La coincidencia que ha llevado a las familias a exigir respuestas es que las víctimas pertenecían a la misma institución federal.
La presión sobre las autoridades se produce en un estado que enfrenta una elevada incidencia de violencia contra las mujeres. La Fiscalía General de Sinaloa reportó que durante octubre de 2026 su Unidad Especializada en Aprehensiones cumplimentó seis órdenes por feminicidio. En su balance oficial también informó de detenciones relacionadas con un feminicidio agravado ocurrido el 12 de octubre en Escuinapa. La dependencia mantiene actualizada una plataforma de incidencia delictiva con corte al 31 de octubre.
El contexto de violencia que atraviesa Sinaloa desde 2024 ha agravado las condiciones de seguridad en municipios como Culiacán y Escuinapa. Las colectivas locales han advertido que las agresiones contra mujeres ocurren en medio de esa crisis y han pedido que las denuncias previas reciban atención inmediata. En el caso de Cristian, la versión sobre una llamada de auxilio coloca la actuación de las autoridades que acudieron al domicilio entre los puntos que deberán esclarecerse.
La muerte de la agente también plantea una responsabilidad institucional para la Guardia Nacional y la Sedena: colaborar con la Fiscalía, facilitar la información necesaria para localizar al elemento buscado y dar seguimiento a los señalamientos de violencia dentro de sus filas. Las familias de Stephany y Dalila ya habían llevado sus reclamos a la conferencia presidencial, donde Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar los casos. Sus familiares han denunciado que siguen esperando avances.
El próximo 30 de noviembre, la audiencia relacionada con el caso de Stephany Carmona ofrecerá una nueva oportunidad para conocer el avance judicial de uno de los expedientes. Mientras tanto, la investigación por la muerte de Cristian Ziboney continúa abierta y su familia espera que la búsqueda de su pareja conduzca a una detención y a una explicación judicial de lo ocurrido.
En Teacapán, la agente fue despedida por sus familiares y compañeros. En Culiacán, la investigación sigue pendiente de resultados. Para la Guardia Nacional, el caso vuelve a poner en primer plano la protección de sus integrantes, la atención a las denuncias de violencia y la rendición de cuentas cuando una mujer pierde la vida en circunstancias violentas.

