Más de 16 mil personas localizadas: México presenta ante la ONU su estrategia nacional de búsqueda
El Gobierno informó resultados de búsqueda, nuevas medidas forenses y una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en medio del escrutinio internacional.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de octubre de 2026.— México presentó ante organismos de Naciones Unidas los avances de su estrategia nacional de búsqueda de personas desaparecidas, con un balance oficial de más de 16 mil personas localizadas durante 2026 y el anuncio de una revisión científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La exposición se realizó en Nueva York el 16 de octubre, con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante el foro sobre búsqueda, identificación humana e investigación de desapariciones, Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló las diez líneas de acción del Gobierno federal. Entre ellas figuran la búsqueda inmediata desde el primer reporte, el uso de la Plataforma Única de Identidad, la consulta de registros hospitalarios y penitenciarios, el fortalecimiento de los servicios forenses y las medidas para prevenir el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales.
La Secretaría de Gobernación había informado dos días antes, el 14 de octubre, que la estrategia había permitido localizar a 16 mil 3 personas. En esa misma presentación, la secretaria Rosa Icela Rodríguez anunció la integración de nueve especialistas nacionales e internacionales para revisar los métodos de registro, evaluar la calidad de los datos y formular recomendaciones técnicas para mejorar la búsqueda.
El Gobierno también informó de la incorporación de 300 profesionales a la Comisión Nacional de Búsqueda y del funcionamiento permanente del Centro de Mando Nacional de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata. Las autoridades federales sostienen que las reformas legales aprobadas en 2025 obligan a abrir una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición y a iniciar la búsqueda sin esperar un plazo determinado.
La presentación internacional se produjo en un momento decisivo para la política mexicana sobre desapariciones. El 17 de abril de 2026, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada publicó una decisión en la que resolvió llevar el asunto de México ante la Asamblea General de la ONU, con base en el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
En ese documento, el Comité examinó información presentada por organizaciones civiles, grupos de familiares y el propio Estado mexicano. El organismo señaló deficiencias persistentes en las investigaciones, dificultades para identificar restos humanos, problemas de coordinación entre autoridades y obstáculos que enfrentan las familias durante la búsqueda. También documentó que, al 28 de febrero de 2026, había registrado 819 solicitudes de acción urgente relacionadas con desapariciones en México.
El Gobierno mexicano ha rechazado que exista una práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada atribuible al Estado y ha defendido la cooperación con los mecanismos internacionales, las reformas legales y el fortalecimiento de las instituciones de búsqueda. En la presentación de Nueva York, Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, reiteró la disposición de México al diálogo, al escrutinio internacional y a la cooperación técnica.
Desde Naciones Unidas, James Turpin, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, reconoció la prioridad otorgada al tema y confirmó el acompañamiento técnico para mejorar los sistemas de información, fortalecer las investigaciones y ampliar la participación de las familias. También planteó la necesidad de que las reformas se traduzcan en resultados efectivos.
Por su parte, Catharina Boehme, subsecretaria general de la ONU y directora adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas, destacó el trabajo de identificación de personas fallecidas mediante el cotejo de huellas dactilares de servicios forenses con registros del Instituto Nacional Electoral. Según lo expuesto durante el foro, ese apoyo técnico contribuyó a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas desde enero de 2023.
La identificación humana constituye uno de los principales desafíos de la crisis: encontrar a una persona con vida, localizar restos y devolverles su identidad son procesos distintos que requieren bases de datos compatibles, capacidad forense y coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda. En ese contexto, la revisión del registro nacional anunciada por Gobernación será una de las tareas centrales para evaluar la calidad de la información utilizada por las autoridades.
La presentación en Nueva York coloca los resultados oficiales de la estrategia mexicana ante el escrutinio de organismos internacionales, mientras continúa el debate sobre la magnitud de las desapariciones, la capacidad de investigación y la respuesta a las familias.

