Caso CIA escala a la esfera federal: confirman órdenes de
Caso CIA escala a la esfera federal: confirman órdenes de aprehensión contra exfiscal de Chihuahua Gobierno de Chihuahua

La investigación sobre la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones de seguridad en Chihuahua sumó este martes un nuevo capítulo judicial. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua cuentan con órdenes de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro.

La confirmación, realizada durante la conferencia presidencial del 10 de noviembre, coloca nuevamente en el centro de la investigación la actuación de funcionarios estatales que habrían facilitado la presencia de personal de inteligencia estadounidense en operativos contra organizaciones criminales sin autorización del Gobierno federal.

Al ser cuestionado sobre la situación del exfuncionario, García Harfuch señaló que ambas fiscalías tienen mandamientos judiciales en su contra, aunque evitó precisar los delitos incluidos en la orden federal y remitió a las instituciones responsables para que proporcionen información sobre los expedientes.

La declaración coincidió con la publicación de una investigación periodística que documenta nuevos detalles sobre la relación entre Zuany y agentes de la CIA. El trabajo, sustentado en cientos de páginas de documentos y entrevistas con funcionarios mexicanos y estadounidenses, describe una colaboración que habría comenzado en 2025 y se habría prolongado durante más de seis meses.

Según los testimonios y documentos revisados en esa investigación, Zuany habría facilitado el contacto entre agentes estadounidenses y corporaciones policiales de Chihuahua. La colaboración habría incluido capacitación a elementos estatales, intercambio de información operativa y acompañamiento de agentes de la CIA en determinadas misiones contra grupos delictivos.

Los señalamientos van más allá de una relación institucional de cooperación. La investigación refiere que algunos agentes estadounidenses portaban armas y equipo táctico durante los despliegues, utilizaban información en tiempo real y participaban en tareas de apoyo y dirección de operaciones. También describe intervenciones en las que personal de la CIA habría acompañado a policías mexicanos durante cateos y acciones contra presuntos integrantes de organizaciones criminales.

Uno de los puntos más delicados es que, de acuerdo con funcionarios citados en la investigación, la agencia estadounidense buscaba establecer una unidad de fuerzas especiales en Chihuahua. El proyecto habría comenzado con la incorporación de un agente de la CIA a actividades de entrenamiento de la Policía Estatal y posteriormente se habría extendido a misiones operativas.

El accidente que expuso la presencia de agentes estadounidenses

El caso salió a la luz después del operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. La intervención tenía como objetivo localizar y desmantelar laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.

Durante el regreso del convoy hacia la capital del estado, una camioneta cayó por un barranco de aproximadamente 90 metros. En el accidente murieron cuatro personas: dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos. Posteriormente, los ciudadanos estadounidenses fueron identificados como integrantes de la CIA.

La presencia de personal de inteligencia extranjero en el despliegue provocó una crisis entre autoridades estatales y federales. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal no había sido informado de esas actividades y reiteró que la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad debe respetar la legislación mexicana y la soberanía nacional.

La controversia también alcanzó a la entonces estructura directiva de la Fiscalía de Chihuahua. Guillermo Zuany dejó su cargo en mayo y el exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno fue detenido en octubre, en una investigación relacionada con la participación no autorizada de personal extranjero en actividades reservadas a las instituciones mexicanas.

Las órdenes judiciales y el amparo de Zuany

La orden de aprehensión estatal contra Zuany fue librada el 16 de octubre de 2026, dentro de la causa penal 3055/2026. Entre los señalamientos que se le atribuyen figuran ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada.

El exfuncionario promovió un amparo indirecto y obtuvo una suspensión provisional que impide, por el momento, que la Fiscalía de Chihuahua ejecute la orden de captura local. La medida cautelar mantiene abierta la disputa judicial mientras continúa el procedimiento.

La confirmación de García Harfuch añade ahora el componente federal al caso. Sin embargo, el secretario no detalló públicamente los cargos que sustentan la orden de la FGR ni explicó si existe alguna medida judicial que afecte su ejecución.

Una investigación con consecuencias para la relación México-Estados Unidos

El expediente de Chihuahua tiene implicaciones que rebasan el ámbito estatal. La participación de agentes de una agencia de inteligencia extranjera en operativos dentro del territorio mexicano coloca bajo escrutinio los mecanismos de autorización, supervisión y coordinación que regulan la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El Gobierno mexicano ha defendido el intercambio de inteligencia y la colaboración con Washington para combatir al narcotráfico, pero ha establecido que las fuerzas estadounidenses no pueden realizar operaciones directas en México al margen de las autoridades nacionales. La investigación sobre Chihuahua plantea interrogantes institucionales sobre cómo se desarrollaron esas actividades y qué funcionarios conocían su alcance.

La declaración del secretario de Seguridad confirma que el caso continúa en dos vías judiciales, estatal y federal. El siguiente paso dependerá de las actuaciones de ambas fiscalías y de la situación jurídica de Zuany, cuyo paradero y eventual comparecencia ante las autoridades siguen siendo puntos centrales del expediente.

Mientras tanto, las investigaciones sobre el operativo de abril mantienen abierto uno de los episodios más delicados de la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos: la presunta participación de agentes de inteligencia extranjeros en despliegues policiales estatales sin conocimiento ni autorización del Gobierno federal.