La disputa por el precio del aguacate abre un frente
La disputa por el precio del aguacate abre un frente económico para Michoacán y el comercio con Estados Unidos Especial

La suspensión de la cosecha de aguacate por parte de pequeños productores de Michoacán comenzó a repercutir en los embarques destinados a Estados Unidos, principal mercado internacional del fruto mexicano. El conflicto por el precio pagado en las huertas se mantiene sin una solución acordada y amenaza con afectar una cadena comercial que genera miles de millones de dólares al año.

Los productores prevén enviar alrededor de 600 contenedores esta semana, frente a los hasta 1.100 que estaban programados antes del paro, según estimaciones del sector. La reducción proyectada se acerca al 45%, después de dos días sin cosecha en las zonas afectadas.

La movilización fue convocada por la Unión de Pequeños Productores de Aguacate de Michoacán, que reclama un precio de hasta 45 pesos por kilogramo. Los agricultores señalan que actualmente reciben alrededor de 13 a 15 pesos por kilo y sostienen que los ingresos no compensan los costos de fertilizantes, jornales, control de plagas, sequías y demás gastos de producción.

La negociación más reciente con representantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) terminó el 27 de octubre sin un acuerdo que permitiera levantar la suspensión del corte. Más de mil productores participaron en la reunión, de acuerdo con reportes locales. Los inconformes decidieron mantener la medida de presión mientras reclaman mejores condiciones de comercialización.

El conflicto también ha alcanzado instalaciones vinculadas con los controles fitosanitarios que requiere el aguacate para su exportación. Los productores han reportado tomas y cierres de algunas Juntas Locales de Sanidad Vegetal, cuya actividad forma parte del proceso de revisión y movilización de la fruta. La interrupción de estos servicios añade presión a una cadena que depende de la cosecha, el traslado, el empaque y la autorización de los embarques.

La disputa se produce en un sector de gran peso para la economía mexicana. En 2025, México exportó un récord de 1,22 millones de toneladas de aguacate y para 2026 se proyecta un volumen cercano a 1,32 millones. Estados Unidos concentra la mayor parte de las ventas internacionales y compra aguacate mexicano por un valor aproximado de 3.500 millones de dólares anuales, de acuerdo con información de las autoridades federales.

Michoacán ocupa una posición central en esa actividad. Una interrupción prolongada puede afectar los ingresos de los agricultores, el trabajo de los cortadores, la operación de las empacadoras y los compromisos comerciales de los exportadores. En Uruapan, una de las principales zonas productoras, se ha estimado que alrededor de 15.000 cortadores podrían quedarse temporalmente sin trabajo e ingresos si se mantiene paralizada la cosecha.

El desacuerdo ocurre, además, mientras el Gobierno federal avanza en nuevas disposiciones para formalizar la cadena de suministro. Desde octubre comenzó la aplicación gradual del Certificado Laboral para la Agroexportación, que busca acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social entre los participantes de la cadena. Los productores han incluido sus costos y la aplicación de estas medidas entre los asuntos que exigen revisar.

En paralelo, el Gobierno federal estableció requisitos fiscales y fitosanitarios para las compras de aguacate destinado a la exportación. Las disposiciones buscan reforzar la trazabilidad del producto y combatir la intermediación informal, pero se aplican en un momento de tensión por el precio que reciben los agricultores y la distribución de los ingresos dentro de la industria.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha planteado que el sector amplíe sus destinos comerciales para reducir la dependencia del mercado estadounidense. México vende aguacate a más de 30 países y cuenta con compradores en Canadá, Japón, Centroamérica, Europa y Asia. Sin embargo, la concentración de las exportaciones en Estados Unidos hace que una interrupción en la cosecha o en los procesos de inspección tenga consecuencias inmediatas para los embarques.

La APEAM ha manifestado disposición para recibir propuestas de productores, jornaleros y cortadores. La principal dificultad es que las partes todavía no han anunciado un acuerdo que resuelva la diferencia sobre el precio de compra y permita normalizar la cosecha en las zonas movilizadas.

El paro mantiene abierto un conflicto que rebasa la negociación de unos cuantos pesos por kilogramo: pone bajo presión los ingresos de miles de familias rurales y el flujo de uno de los productos agrícolas mexicanos con mayor presencia en el mercado estadounidense.