El Congreso estatal aprobó por unanimidad una reforma que establece
El Congreso estatal aprobó por unanimidad una reforma que establece penas de 35 a 70 años de prisión. Organizaciones de la diversidad sexual reconocen el avance y piden que el debate sobre la violencia por identidad de género también incluya a hombres trans y personas no binarias. Especial/Tomada de Posta

MÉRIDA, Yucatán, 16 de octubre de 2026.— El Congreso de Yucatán aprobó una reforma al Código Penal que incorpora el delito de transfeminicidio y establece penas de 35 a 70 años de prisión, una modificación que fortalece la respuesta penal frente a los asesinatos de mujeres trans y que abre una nueva discusión sobre el alcance de la protección jurídica para otras identidades de género.

La decisión fue tomada por unanimidad durante la sesión del Pleno del 15 de octubre, después de que la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública aprobara el dictamen dos días antes. La reforma contempla medidas para fortalecer la investigación de estos crímenes con perspectiva de género y reconoce de manera expresa el transfeminicidio dentro de la legislación penal estatal.

La iniciativa fue presentada por la diputada Alba Cristina Cob Cortés. Durante la discusión en el Congreso, legisladores de distintas fuerzas políticas respaldaron la incorporación de esta figura penal y destacaron la necesidad de contar con herramientas legales para investigar la violencia contra las mujeres trans y garantizar el acceso a la justicia.

Colectivos piden ampliar el alcance de la reforma

El avance legislativo recibió el reconocimiento del Comité Estatal de la Diversidad Sexual de Yucatán, integrado por organizaciones como Yaaj México, Familias que acompañan y el colectivo S3D. Las agrupaciones reconocieron la participación de activistas y personas trans en el impulso de la iniciativa, pero plantearon que el diálogo institucional debe continuar.

Su petición es que las medidas de protección también contemplen la violencia que enfrentan los hombres trans y las personas no binarias. Las organizaciones sostienen que estos grupos viven agresiones vinculadas con su identidad de género y requieren mecanismos de prevención, investigación y acceso a la justicia.

El planteamiento coloca sobre la mesa el alcance de las leyes penales diseñadas para atender formas específicas de violencia. La reforma aprobada en Yucatán se centra en el transfeminicidio; la demanda de las colectivas busca ampliar la discusión para que las respuestas institucionales también atiendan las agresiones contra otras personas de la diversidad de género.

Las cifras nacionales muestran la dimensión de la violencia

La discusión en Yucatán se produce en un contexto nacional de violencia contra la población LGBTI+. El Observatorio de Crímenes LGBTI+ en México documentó 115 casos de violencia durante 2025: 59 asesinatos, 34 desapariciones, 16 atentados y seis casos de suicidio, de acuerdo con el informe presentado en julio de este año ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

La documentación también señala dificultades para dimensionar la violencia debido a la falta de información oficial suficiente y a las barreras para registrar los casos. Organizaciones y especialistas han insistido en la necesidad de mejorar los mecanismos de documentación para identificar patrones, orientar las acciones de prevención y dar seguimiento a las investigaciones.

Estas cifras dan contexto a la discusión legislativa: la incorporación de un delito específico constituye una herramienta penal, mientras que la prevención de las agresiones y el acceso a la justicia requieren actuaciones de las autoridades encargadas de investigar, proteger a las víctimas y procesar a los responsables.

Una reforma penal más amplia

La modificación aprobada por el Congreso incluye otros cambios al Código Penal estatal. Entre ellos figuran sanciones para servidores públicos que incumplan dolosamente sus obligaciones en los procesos de entrega-recepción y ocasionen daño patrimonial; disposiciones para proteger la dignidad de las personas fallecidas frente a la difusión indebida de imágenes de cadáveres o restos humanos, y penas más severas para quienes abandonen sin prestar auxilio a personas involucradas en accidentes de tránsito.

La aprobación del transfeminicidio fue uno de los componentes de un paquete legislativo que reunió iniciativas de diferentes bancadas. En ese apartado, el Congreso destacó la importancia de reconocer la violencia contra las mujeres trans y reforzar su investigación con perspectiva de género.