La investigación en Tennessee reportó el decomiso de más de
La investigación en Tennessee reportó el decomiso de más de 500 kilos de metanfetamina, 20 kilos de fentanilo y 60 kilos de cocaína. La acusación también describe presuntos movimientos de dinero hacia México y una estructura que habría mantenido operaciones con dos de sus integrantes encarcelados. X - @USAO_MDTN

La Fiscalía Federal del Distrito Medio de Tennessee presentó cargos contra 24 personas señaladas de participar en una organización de narcotráfico presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, en una investigación que expone conexiones entre la distribución de drogas en Estados Unidos y operadores ubicados en México.

El anuncio fue realizado el miércoles 28 de octubre por el fiscal federal Braden H. Boucek. La acusación, integrada por 33 cargos, fue presentada ante un gran jurado federal el 21 de octubre y quedó desclasificada el 27 de octubre. De acuerdo con los documentos judiciales, la organización habría distribuido metanfetamina, fentanilo, cocaína, heroína y marihuana en el centro de Tennessee.

Uno de los elementos centrales del expediente es la presunta participación de dos hombres que ya estaban recluidos en prisiones estatales por condenas ajenas a esta investigación. Los fiscales identificaron a Humberto Morales, de 34 años, y José Martín Pérez, de 30, como integrantes de alto rango que supuestamente ayudaban a coordinar y controlar las operaciones desde los centros penitenciarios.

La investigación atribuye la dirección de la red a personas en México y otros lugares identificadas como "La Oficina", quienes presuntamente organizaban actividades de narcotráfico en Estados Unidos en nombre del Cártel de Sinaloa. Según la acusación, ese grupo coordinaba pedidos, negociaba precios y establecía puntos de entrega mediante representantes y mensajeros.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la estructura habría conspirado para distribuir cientos de kilogramos de drogas y canalizar millones de dólares procedentes de esas actividades mediante operaciones financieras y traslados de efectivo hacia personas en México que presuntamente abastecían de narcóticos al mercado estadounidense. El comunicado oficial no identifica a qué facción específica del Cártel de Sinaloa estaría vinculada la red.

El alcance de la investigación quedó reflejado en los decomisos. Las autoridades reportaron más de 500 kilogramos de metanfetamina, 20 kilogramos de fentanilo y 60 kilogramos de cocaína, además de más de 375 mil dólares en efectivo, varias armas de fuego y cinco vehículos. Los aseguramientos se produjeron durante una investigación que involucró a distintas agencias federales, estatales y locales.

Los investigadores también describieron los métodos que la organización presuntamente utilizaba para reducir el riesgo de detección. Según los documentos judiciales, sus integrantes recurrían principalmente a la aplicación de mensajería cifrada Signal para organizar transacciones, cambiaban mensajeros y vehículos, utilizaban automóviles registrados a nombre de terceros e intercambiaban matrículas. Cuando algún integrante era detenido o se encontraba con las autoridades, otros participantes presuntamente trasladaban drogas, armas y dinero de los lugares de almacenamiento.

La investigación fue desarrollada por un grupo de trabajo que reunió al FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos, la Inspección Postal de Estados Unidos y autoridades policiales de Tennessee, entre otras dependencias. La coordinación buscó seguir tanto las rutas de distribución como los movimientos financieros atribuidos a la organización.

Los 24 acusados enfrentan cargos federales por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir drogas. Nueve también fueron señalados por delitos relacionados con armas de fuego. La Fiscalía informó que 16 de los imputados ya se encontraban bajo custodia estatal por otros asuntos y que solicitará la prisión preventiva de todos los acusados, al argumentar riesgos para la comunidad, de fuga y de obstrucción de la justicia.

Las penas potenciales dependerán del resultado del proceso judicial. De acuerdo con la Fiscalía, Morales enfrenta una pena mínima obligatoria de 25 años y hasta cadena perpetua si es declarado culpable; para los otros 23 acusados, los cargos principales contemplan penas mínimas de diez años y máximas de cadena perpetua.

El caso tiene relevancia para México por la presunta función de personas ubicadas en el país dentro de una cadena de abastecimiento y por los movimientos de dinero que los fiscales describen en el expediente. La investigación estadounidense se centra en operaciones desarrolladas en Tennessee, pero las imputaciones plantean una línea de cooperación internacional para rastrear a quienes supuestamente coordinaban el suministro y el flujo de recursos entre ambos países.

La causa continuará en tribunales federales, donde deberán presentarse las pruebas que respalden las acusaciones. Hasta que exista una resolución judicial, los 24 señalados se consideran inocentes.