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Guillermo Arturo Zuany Portillo dejó el cargo en mayo y permanece en paradero desconocido. La investigación busca esclarecer su presunta participación en la presencia de agentes estadounidenses en instalaciones de la Fiscalía estatal antes del operativo de El Pinal, donde murieron cuatro personas. Fiscalía de Chihuahua/IA

La investigación federal y estatal sobre la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en Chihuahua tiene un segundo exmando prófugo. Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien encabezó la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, dejó el cargo en mayo y permanece en paradero desconocido. Un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por presunto ejercicio ilegal del servicio público y falsedad de declaraciones ante autoridades, en una causa relacionada con la intervención de personal extranjero en actividades de seguridad.

La situación de Zuany adquirió nueva relevancia tras la difusión de detalles de la carpeta de investigación. Los datos recabados apuntan a que agentes estadounidenses habrían acudido durante meses a instalaciones de la Fiscalía estatal y mantenido contacto con funcionarios antes del operativo del 17 y 18 de abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara. La investigación busca determinar quién autorizó esa colaboración, qué actividades realizaron los extranjeros y qué información se comunicó a las autoridades federales.

El caso se remonta al desmantelamiento de seis laboratorios clandestinos para elaborar drogas sintéticas. Durante el regreso del operativo, un vehículo cayó por un barranco en la zona de Polanco, municipio de Batopilas. Murieron dos ciudadanos estadounidenses identificados en las investigaciones como agentes de la CIA, así como Pedro Ramón Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y el policía estatal Manuel Genaro Méndez Montes.

La presencia de los estadounidenses provocó una crisis institucional cuando se conoció que habían mantenido contacto con funcionarios de la Fiscalía estatal y que participaron en actividades vinculadas con la operación. El Gobierno federal sostuvo que no había autorizado su intervención directa en acciones de seguridad reservadas a las autoridades mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum reclamó que el gabinete federal no hubiera sido informado oportunamente, mientras la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quedó bajo presión política por la actuación de su administración.

Zuany había asumido la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas en septiembre de 2025, bajo la estructura encabezada por el entonces fiscal general César Jáuregui Moreno. Según los antecedentes de la investigación, los agentes estadounidenses mantuvieron contacto con personal de la institución y acudieron a sus instalaciones antes del operativo de abril. Las pesquisas incluyen testimonios de funcionarios, registros de vigilancia y documentos sobre la presencia de los extranjeros en el complejo de seguridad estatal.

La investigación estatal también revisó las actividades previas al despliegue. De acuerdo con los antecedentes difundidos por las autoridades, los agentes extranjeros habrían participado en tareas de capacitación, planeación y otras actividades con funcionarios de Chihuahua. La Fiscalía estatal informó en mayo que había iniciado un procedimiento administrativo por una posible omisión atribuida a Zuany. El exfuncionario renunció el 13 de mayo y desde entonces no se ha informado públicamente de su detención.

La orden de aprehensión contra Zuany se emitió en octubre, meses después de su salida del cargo. La causa local contempla presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas y la falsedad de declaraciones. La información conocida sobre el expediente indica que, hasta el 23 de octubre, no había sido imputado por la Fiscalía General de la República por traición a la patria, delito por el que sí fue acusado el exfiscal general César Jáuregui.

Jáuregui fue detenido el 17 de octubre. La FGR sostiene que permitió que agentes extranjeros participaran en actividades que corresponden a las autoridades mexicanas y que la operación se realizó sin la autorización federal requerida. El exfiscal permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el procedimiento judicial. Su defensa podrá controvertir los señalamientos durante el proceso.

El caso también ha expuesto diferencias entre las versiones ofrecidas al inicio de la investigación. Tras el operativo, la Fiscalía de Chihuahua informó que participaron agentes estatales y militares, mientras que la presencia de personal estadounidense se explicó inicialmente como una actividad de capacitación. Posteriormente, las indagatorias federales y estatales incorporaron datos sobre contactos previos entre los extranjeros y funcionarios locales, así como sobre su presencia en instalaciones oficiales.

La Fiscalía General de la República abrió investigaciones por los hechos ocurridos en la Sierra del Pinal y ha recabado entrevistas, informes y otros elementos para reconstruir la cadena de decisiones. En junio, la institución informó que había recibido más de 120 diligencias relacionadas con el caso, incluidas cerca de 60 entrevistas, y que continuaba investigando las actividades de los agentes extranjeros antes del operativo.

La localización de Zuany y el esclarecimiento de sus funciones constituyen ahora dos puntos relevantes de la investigación. Las autoridades deberán determinar su participación en las decisiones que permitieron la presencia de los agentes estadounidenses, así como el conocimiento que tenían los distintos mandos de la Fiscalía estatal y las comunicaciones que se realizaron con el Gobierno federal.

La causa mantiene consecuencias políticas y de seguridad nacional. El Gobierno federal sostiene que las entidades no pueden transferir a autoridades extranjeras facultades reservadas a la Federación. En Chihuahua, la investigación ha alcanzado a mandos que dirigían áreas estratégicas de seguridad y ha abierto un debate sobre los controles que deben regir la cooperación con agencias de Estados Unidos.

Mientras Zuany continúa prófugo, la investigación sigue su curso en distintas vías judiciales. La detención de Jáuregui y la orden contra el exfiscal especializado colocan bajo escrutinio la estructura que organizó el operativo de El Pinal y la forma en que se coordinó —o se omitió coordinar— la participación de personal extranjero en territorio mexicano.