Republicanos frenan el juicio político contra Pete Hegseth, pero crece
Republicanos frenan el juicio político contra Pete Hegseth, pero crece la disputa por sus operaciones militares Nathan Howard./Associated Press

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, consiguió evitar que avanzara el intento de destituirlo, pero la controversia sobre la legalidad de las operaciones militares ordenadas por el Gobierno de Donald Trump permanece abierta. La Cámara de Representantes votó el martes 10 de noviembre a favor de enviar al Comité Judicial la resolución que buscaba someterlo a juicio político, una maniobra que bloqueó su avance en el pleno.

La votación terminó con 211 sufragios a favor de remitir el expediente y 204 en contra. De acuerdo con el registro oficial de la Cámara, 210 republicanos respaldaron la medida y Thomas Massie, promotor de la iniciativa, fue el único legislador de ese partido que votó en contra. Los demócratas presentes se opusieron al envío a comisión.

La decisión llegó horas después de que Hegseth calificara el procedimiento como un "espectáculo político" y defendiera las operaciones militares realizadas bajo su responsabilidad. Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el funcionario sostuvo que las acciones cuestionadas fueron ordenadas por el presidente, comunicadas al Congreso y ejecutadas por militares estadounidenses.

El desenlace legislativo representa un respaldo inmediato para el jefe del Pentágono y para Trump, quien celebró el resultado. Sin embargo, el expediente expuso una disputa de fondo en Washington: hasta dónde puede llegar el Ejecutivo al ordenar operaciones militares sin una autorización específica del Congreso y qué controles deben aplicarse cuando esas acciones provocan muertes fuera de un escenario de guerra convencional.

Ocho acusaciones contra el jefe del Pentágono

La resolución presentada por el representante republicano Thomas Massie contenía ocho artículos de juicio político. Entre los principales señalamientos figuraban la conducción de la guerra contra Irán sin autorización legislativa, los ataques contra embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, las operaciones militares en Yemen y la participación estadounidense en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Massie también cuestionó decisiones de Hegseth relacionadas con el ejercicio de sus facultades como responsable del Departamento de Defensa. El legislador sostuvo que las actuaciones del secretario rebasaron los límites de su cargo y justificaban una revisión constitucional.

Uno de los puntos más delicados de la iniciativa se relaciona con los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas. Los señalamientos plantean que algunas operaciones terminaron con la muerte de personas sin que se hubiera presentado públicamente un proceso judicial que acreditara su responsabilidad penal. La resolución calificó esas acciones como posibles ejecuciones extrajudiciales.

Hegseth rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de las operaciones. Afirmó que las fuerzas estadounidenses cumplieron órdenes legítimas y sostuvo que cuestionar esas misiones equivale a poner bajo sospecha a los militares que participaron en ellas.

La votación que evitó una confrontación mayor

La Cámara no votó directamente si Hegseth debía ser destituido. La decisión fue sobre una moción para remitir la resolución al Comité Judicial, que terminó aprobándose por 211 votos contra 204. Ese procedimiento impidió que la iniciativa siguiera hacia una votación de fondo en el pleno.

La diferencia es importante para entender el resultado: el secretario no fue sometido a un juicio político ni declarado responsable de las acusaciones. El intento de impeachment quedó frenado en esta etapa del procedimiento legislativo.

El respaldo republicano también reflejó la posición de Trump, quien había defendido públicamente a su secretario. El presidente celebró que la Cámara bloqueara la iniciativa, mientras que Massie mantuvo sus cuestionamientos sobre la actuación del Pentágono.

La disputa podría reabrirse cuando cambie la composición del Congreso. Tras las elecciones de medio mandato, los demócratas se preparan para asumir el control de la Cámara en enero. Sus legisladores han planteado que podrían impulsar nuevas investigaciones sobre las decisiones militares del Gobierno y el uso de la fuerza en operaciones contra presuntas redes de narcotráfico.

El impacto de los ataques en el Caribe y el Pacífico

Las acusaciones contra Hegseth tienen una dimensión que rebasa el enfrentamiento político en Washington. Los ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas forman parte de una estrategia militar estadounidense que ha extendido las operaciones contra el narcotráfico a aguas del Caribe y del Pacífico oriental.

La ubicación de esas operaciones convierte el debate en un asunto de interés para América Latina. México comparte con Estados Unidos una agenda de seguridad que incluye el combate al tráfico de drogas, el intercambio de inteligencia y la vigilancia de rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales.

La discusión en el Congreso estadounidense adquiere relevancia para México porque las decisiones sobre el uso de fuerza en la región pueden influir en el entorno de cooperación bilateral y en la manera en que Washington plantea sus operaciones contra el narcotráfico.

El impacto para el país se encuentra en el debate regional sobre las operaciones militares estadounidenses y los límites legales de su intervención en espacios marítimos cercanos a América Latina.

Una victoria política que no cierra el debate

La votación dio oxígeno político a Hegseth y evitó que enfrentara, por ahora, una etapa más avanzada del proceso de destitución. También mostró que la mayoría republicana está dispuesta a respaldar al secretario frente a una iniciativa impulsada desde las propias filas conservadoras.

El costo político de la controversia, sin embargo, sigue ligado a la guerra contra Irán, a las operaciones en Yemen y a los ataques contra embarcaciones en aguas latinoamericanas. Son decisiones que mantienen abierto el debate sobre la supervisión del Congreso, la responsabilidad del mando militar y las consecuencias de utilizar fuerza letal contra personas señaladas de participar en actividades criminales.

Hegseth defendió las operaciones y aseguró que volvería a ejecutarlas. Massie, por su parte, llevó las acusaciones al terreno constitucional. La Cámara frenó el procedimiento, pero las preguntas sobre la autorización y el control de las acciones militares estadounidenses seguirán presentes en el debate político de Washington.