Broxel vuelve al centro de la polémica: empresa investigada distribuyó
Broxel vuelve al centro de la polémica: empresa investigada distribuyó tarjetas a diputados de Morena Identidad corporativa de Broxel

La entrega de monederos electrónicos a los 254 integrantes de la bancada morenista abrió un nuevo frente de cuestionamientos en San Lázaro. La empresa distribuidora acumula antecedentes de sanciones regulatorias y procedimientos relacionados con contrataciones públicas. Morena reconoce el reparto, pero sostiene que se trató de un adelanto de prerrogativas por 30 mil pesos para cada legislador, mientras la oposición reclama una revisión del origen y destino de los recursos.

La controversia por la entrega de monederos electrónicos a diputados de Morena escaló después de que se identificara a Broxel como la empresa encargada de distribuir las tarjetas. La compañía, que mantiene antecedentes de sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y procedimientos de inconformidad relacionados con contratos gubernamentales, quedó nuevamente bajo el foco público por su participación en una operación que involucra a toda la bancada oficialista en la Cámara de Diputados.

El reparto, realizado el 28 de octubre, alcanzó a los 254 legisladores de Morena. La primera versión difundida señalaba que cada diputado había recibido cinco tarjetas con 10 mil pesos de saldo, lo que representaría 50 mil pesos por persona. Sin embargo, la coordinación administrativa del grupo parlamentario presentó una versión distinta: su responsable, Faruk Miguel Take Roaro, reconoció la entrega, pero aseguró que fueron tres monederos por legislador, equivalentes a 30 mil pesos.

El funcionario explicó que los recursos corresponden a un adelanto de las prerrogativas de fin de año y que forman parte de las asignaciones ordinarias destinadas a las actividades complementarias de gestión parlamentaria, administración y representación popular. También defendió la legalidad de la operación y sostuvo que los grupos parlamentarios tienen facultades para determinar la modalidad de entrega de esos recursos.

Esta diferencia entre las dos versiones deja en duda la transparencia del procedimiento. La primera cifra supondría una distribución de 12.7 millones de pesos, mientras que la cantidad reconocida por Morena equivaldría a 7.62 millones para los 254 legisladores.

La oposición rechaza el beneficio y exige revisar la operación

Las explicaciones de Morena no cerraron la controversia. Legisladores de oposición cuestionaron que los monederos se presentaran como una prerrogativa compartida por todos los grupos parlamentarios, pues representantes de otras fuerzas políticas negaron recibir ese tipo de tarjetas.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, afirmó que su bancada no había recibido ese beneficio y reclamó que Morena aclarara la procedencia de los recursos. La diputada Laura Ballesteros también cuestionó la entrega y pidió centrar la discusión en las razones por las que se distribuyeron los monederos.

Desde el PAN, la diputada Kenia López Rabadán negó que su grupo parlamentario recibiera tarjetas equivalentes y reclamó explicaciones sobre el origen y manejo de los fondos. Las posiciones de la oposición trasladaron el debate a la Contraloría Interna de la Cámara y a la necesidad de revisar los procedimientos administrativos que respaldan la entrega.

La controversia tiene una dimensión presupuestaria y política porque involucra recursos asignados a la actividad legislativa, mecanismos de dispersión mediante tarjetas electrónicas y diferencias entre las versiones sobre el monto recibido por cada diputado.

Los antecedentes de Broxel elevan el escrutinio

La participación de Broxel añade otro elemento al caso. En diciembre de 2025, la empresa fue objeto de denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntas irregularidades en la asignación de contratos públicos y posibles conflictos de intereses.

Ese mismo periodo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que daba seguimiento a un procedimiento de inconformidad presentado por Toka Internacional contra Servicios Broxel, después de que esta última resultara ganadora de una licitación de la Secretaría de Hacienda para suministrar vales electrónicos de despensa a trabajadores del Gobierno federal.

El contrato contemplaba un monto máximo de 10 mil 338 millones de pesos y un mínimo de 7 mil 345 millones para atender a 206 instituciones de la Administración Pública Federal. La inconformidad de la empresa competidora cuestionó aspectos de la propuesta económica presentada por Broxel. La dependencia confirmó que investigaba el procedimiento para determinar posibles responsabilidades conforme a la legislación aplicable.

Los antecedentes regulatorios también forman parte del expediente público de la compañía. En 2020 recibió una amonestación de la CNBV por incumplimientos relacionados con la presentación de reportes de prevención de lavado de dinero. En 2022, la autoridad le impuso una sanción económica por proporcionar información que calificó como falsa, imprecisa e incompleta.

Estos antecedentes cobran relevancia porque Broxel participa en operaciones de distribución de recursos mediante instrumentos electrónicos utilizados tanto por entidades públicas como por instituciones privadas.

La relación de Broxel con contratos públicos

La presencia de la empresa en operaciones gubernamentales también aparece en las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación. En su auditoría a la Cámara de Diputados correspondiente a 2024, la ASF documentó un contrato de 30 millones de pesos adjudicado directamente a Servicios Broxel para adquirir vales de despensa destinados al personal administrativo y legislativo de los grupos parlamentarios.

El contrato, identificado con el número LXVI-DGAJ-068/2024, fue firmado el 11 de diciembre de ese año y tuvo vigencia hasta el cierre de 2024. La auditoría revisó el procedimiento de contratación y la documentación correspondiente.

Por separado, los antecedentes de la compañía incluyen su participación en la dispersión de recursos mediante tarjetas de prepago para operaciones relacionadas con Liconsa, dentro del entorno de Segalmex. Las observaciones de la ASF sobre la Cuenta Pública 2020 de esa entidad sumaron mil 583.9 millones de pesos y estuvieron relacionadas con diversas deficiencias documentales y financieras de Liconsa.

El caso vuelve a colocar bajo presión la transparencia de San Lázaro

La entrega de los monederos se produce en un momento en que la Cámara de Diputados enfrenta una discusión sobre el uso de sus recursos y las condiciones de las prestaciones destinadas a los legisladores.

La empresa continúa figurando como participante autorizado en el sector financiero, de acuerdo con los registros consultados de la CNBV y la Condusef. Al mismo tiempo, sus antecedentes regulatorios y los procedimientos relacionados con contrataciones públicas forman parte del contexto que rodea la nueva controversia.

Con las versiones sobre el número de tarjetas todavía enfrentadas y las exigencias de investigación planteadas por la oposición, el caso coloca bajo escrutinio la administración de las prerrogativas parlamentarias y la relación de la Cámara de Diputados con sus proveedores financieros.