Víctor Hugo Carvente comparece ante dos comisiones de la Cámara
Víctor Hugo Carvente comparece ante dos comisiones de la Cámara de Diputados para informar sobre 13 expedientes abiertos desde 2025 y otras 24 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones internas. La sesión ocurre cuatro días después de la renuncia de Guadalupe Taddei y en medio de cuestionamientos sobre contrataciones, proveedores y controles administrativos del organismo electoral. INE

La crisis que sacudió al Instituto Nacional Electoral (INE) llegó este viernes 30 de octubre a la Cámara de Diputados. El titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, comparece ante las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción para explicar el estado de 37 líneas de investigación relacionadas con posibles irregularidades dentro del organismo.

El funcionario debe informar sobre 13 expedientes abiertos desde mayo de 2025 y otras 24 investigaciones iniciadas a partir de seis auditorías y ocho revisiones de control. La comparecencia comenzó a las 9:00 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Al inicio de la reunión, la bancada del PRI solicitó ampliar el tiempo de exposición del contralor, debido a que el formato establecía un máximo de 10 minutos para presentar su informe inicial.

El desglose de las investigaciones coloca las contrataciones públicas en el centro de la revisión. Nueve de los 13 expedientes están relacionados con procedimientos de adquisición y servicios, e involucran a por lo menos 13 personas servidoras públicas y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 empresas. Entre las conductas que el órgano de control investiga figuran posibles conflictos de interés, enriquecimiento ilícito, abuso de funciones, simulación de requisitos y anomalías en el pago de bienes y servicios.

La comparecencia busca establecer qué actuaciones ha realizado la Contraloría, qué diligencias permanecen abiertas y cuáles son los siguientes pasos para determinar si existen responsabilidades administrativas o posibles conductas que deban ser remitidas a otras autoridades. El seguimiento también alcanza la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que mantiene revisiones relacionadas con el manejo de recursos y las contrataciones del instituto.

El caso adquirió dimensión política e institucional después de que Guadalupe Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE el 26 de octubre, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades y conflictos de interés. La salida abrió una etapa de reorganización interna que llevó a Blanca Yassahara Cruz García a asumir provisionalmente la conducción del Consejo General.

Durante la sesión del 27 de octubre, consejeras, consejeros y representantes partidistas expusieron sus posiciones sobre el deterioro de la confianza en el organismo. El consejero Martín Faz sostuvo que la renuncia no extingue las responsabilidades administrativas o legales que pudieran derivarse de decisiones anteriores y pidió preservar la documentación y facilitar las tareas de fiscalización. Otros integrantes del Consejo reclamaron que las investigaciones alcancen a todas las personas que pudieran estar involucradas, independientemente de que continúen o no en sus cargos.

La discusión también puso bajo revisión el modelo de toma de decisiones dentro del instituto. Consejeros señalaron que la reforma legal de octubre de 2024 concentró en la Presidencia la facultad de designar a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas sin la aprobación del Consejo General. Ese cambio se convirtió en uno de los puntos del debate sobre los controles internos, la supervisión de los nombramientos y la rendición de cuentas.

El trabajo de Carvente ante los diputados tiene otra dimensión: el OIC es la instancia encargada de vigilar el uso de los recursos del INE, revisar sus operaciones presupuestales, investigar posibles faltas administrativas y promover las acciones legales que correspondan. Por ello, las preguntas sobre el momento en que se abrieron los expedientes, las áreas revisadas y las decisiones adoptadas colocan también bajo escrutinio el desempeño del propio órgano de control.

La presión legislativa se produce mientras el INE debe mantener sus funciones y avanzar en la organización del proceso electoral 2026-2027, iniciado formalmente el 10 de septiembre. La revisión de contratos, proveedores y áreas administrativas coincide con la transición en la Presidencia del Consejo General y con la necesidad de definir una nueva titularidad para el organismo.

La comparecencia de este viernes representa una instancia pública para conocer el avance de las indagatorias. El siguiente punto será determinar qué expedientes pueden derivar en procedimientos de responsabilidad, cuáles requieren nuevas diligencias y si los hallazgos deben remitirse a la ASF, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a las autoridades ministeriales.

Al cierre de esta actualización, la información disponible confirma el inicio de la comparecencia y la solicitud del PRI para ampliar el tiempo de exposición. Todavía no se ha difundido una versión oficial completa con las respuestas del contralor ni con los acuerdos que pudieran derivarse de las preguntas de los legisladores.