Sheinbaum exige auditoría al INE: pide revisar contratos de Taddei y Córdova
La revisión abarcaría las gestiones de Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova para esclarecer posibles irregularidades, contratos cuestionados y el uso de recursos públicos.

La presidenta pidió investigar el uso de recursos públicos del organismo electoral y transparentar sus contratos, salarios y proveedores. La revisión busca esclarecer presuntas irregularidades y determinar si existen responsabilidades.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó este martes 27 de octubre a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una revisión amplia de los contratos y el gasto del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto durante la gestión de Guadalupe Taddei como en administraciones anteriores. La solicitud se produce después de la renuncia de la consejera presidenta, anunciada en medio de señalamientos sobre posibles irregularidades en contrataciones y conflictos de interés.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la fiscalización debe abarcar todos los periodos necesarios para esclarecer los señalamientos, identificar el origen de los contratos cuestionados y determinar si hubo un uso indebido de recursos públicos. También pidió que el Órgano Interno de Control (OIC) del INE entregue a la ASF la información disponible para facilitar las investigaciones.
Sheinbaum consideró que la transición en la presidencia del instituto representa una oportunidad para reforzar la transparencia y garantizar que las áreas del organismo actúen sin favorecer a ningún partido político. La revisión, puntualizó, no debe limitarse a una sola administración.
Auditorías incluirían administraciones anteriores
La solicitud presidencial plantea revisar tanto el periodo de Guadalupe Taddei como el de su antecesor, Lorenzo Córdova, además de los contratos que resulten pertinentes para esclarecer las posibles anomalías.
El objetivo es conocer desde cuándo existen relaciones comerciales entre el instituto y los proveedores señalados, así como revisar las condiciones de contratación y el destino de los recursos públicos involucrados.
Sheinbaum recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces encabezada por Pablo Gómez, congeló cuentas de empresas relacionadas con señalamientos sobre posibles irregularidades. Según lo expuesto por la presidenta, posteriormente un amparo permitió levantar esa medida.
La existencia de antecedentes o señalamientos no demuestra por sí misma que se hayan cometido delitos. Corresponderá a las autoridades fiscalizadoras y, en su caso, a las instancias competentes establecer si hubo faltas administrativas o responsabilidades penales.
Sheinbaum cuestiona el costo del INE
Otro de los puntos abordados fue el presupuesto del organismo electoral. La presidenta señaló que el INE ejerce alrededor de 22 mil millones de pesos en un año sin elecciones y que el monto podría alcanzar aproximadamente 35 mil millones durante un año electoral.
A partir de esas cifras, planteó la necesidad de revisar el costo de la organización de los comicios y el financiamiento destinado a los partidos políticos. Sheinbaum recordó que su gobierno presentó una propuesta de reforma electoral para reducir esos gastos, pero la iniciativa no obtuvo la mayoría calificada necesaria para su aprobación.
La mandataria sostuvo que la transparencia debe abarcar no solo las contrataciones con proveedores, sino también los salarios, las remuneraciones y el ejercicio general del presupuesto. El propósito, dijo, es que la ciudadanía pueda conocer cómo se utilizan los recursos públicos.
La nueva presidencia, bajo presión para transparentar gastos
La renuncia de Taddei abrió el proceso para renovar la conducción del Consejo General del INE. Este martes, las consejerías avanzaron en la definición de una presidencia provisional, mientras la Cámara de Diputados prepara el procedimiento para elegir a quien ocupará el cargo de manera definitiva.
La consejera electoral Blanca Cruz fue reportada por Reuters como la persona designada para asumir provisionalmente la presidencia, con confirmación formal prevista durante la jornada. La transición deberá garantizar que el instituto continúe con sus funciones mientras se desarrolla la sucesión.
Sheinbaum consideró que la nueva presidencia debe impulsar un ejercicio de transparencia y garantizar que ninguna área del instituto actúe en favor de intereses partidistas. También señaló que las consejerías deberán proceder dentro de sus atribuciones cuando existan indicios de posibles actos ilícitos o conflictos de interés.
La ASF deberá determinar si hubo irregularidades
El llamado presidencial coloca la fiscalización del INE en el centro del debate público, en un momento en que el organismo debe mantener su autonomía y preparar los próximos procesos electorales.
La ASF tendrá que actuar conforme a sus facultades y a los procedimientos aplicables. Los resultados de las auditorías serán relevantes para establecer si existieron irregularidades en los contratos examinados y si procede iniciar otras investigaciones.
Por ahora, la petición de Sheinbaum constituye un llamado a ampliar la revisión, no una conclusión sobre la responsabilidad de personas o empresas. La transparencia de los resultados y el respeto al debido proceso serán fundamentales para esclarecer los señalamientos sin anticipar culpabilidades.

