Exfiscal de Chihuahua señalado por colaborar con la CIA habría
Exfiscal de Chihuahua señalado por colaborar con la CIA habría huido a EU; enfrenta órdenes de aprehensión redes sociales

La investigación sobre la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en operaciones de seguridad en Chihuahua sumó un nuevo capítulo. Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, habría abandonado México y se encontraría bajo protección del Gobierno de Estados Unidos, mientras enfrenta órdenes de aprehensión de autoridades mexicanas.

La información se conoció este viernes 13 de noviembre, a partir de una nueva investigación periodística que recoge testimonios de funcionarios mexicanos y estadounidenses. Según esas fuentes, Zuany salió del país para evitar su detención después de que fuera detenido su antiguo superior, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien permanece bajo proceso penal.

El reporte señala que Zuany fue el principal enlace entre agentes de la CIA y corporaciones de seguridad de Chihuahua durante más de seis meses, a partir del otoño de 2025. En ese periodo, los estadounidenses habrían participado en entrenamientos tácticos, revisiones de equipamiento y misiones contra objetivos relacionados con el narcotráfico. Algunas de esas actividades se habrían desarrollado junto a unidades policiales estatales en territorio mexicano.

El caso adquirió dimensión nacional en abril de 2026, cuando un accidente vehicular en la Sierra Tarahumara provocó la muerte de dos agentes estadounidenses y de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. El hecho dejó al descubierto la presencia de personal de la CIA en actividades de seguridad dentro del estado y abrió una crisis institucional por la participación de agentes extranjeros sin autorización federal.

Las investigaciones posteriores colocaron a Zuany en el centro de las indagatorias. El exfuncionario había renunciado a su cargo el 13 de mayo, después de que la Fiscalía estatal iniciara un procedimiento administrativo por una posible omisión relacionada con los hechos. Meses después, las autoridades judiciales emitieron órdenes de aprehensión en su contra.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el 10 de noviembre que tanto la Fiscalía General de la República como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tenían órdenes vigentes contra Zuany. El funcionario remitió a las fiscalías la responsabilidad de explicar los detalles de los expedientes y no informó entonces de su localización.

En el ámbito estatal, el exfiscal enfrenta señalamientos por ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades, dentro de la causa penal 3055/2026. También promovió un juicio de amparo, registrado con el expediente 2735/2026, para impugnar la orden de captura estatal. El procedimiento contempla una audiencia incidental programada para este viernes 13 de noviembre, en la que se revisaría la continuidad de la suspensión provisional que había obtenido.

La posible salida de Zuany hacia Estados Unidos introduce una dificultad adicional para las autoridades mexicanas: localizarlo y establecer qué mecanismos legales podrían utilizarse para llevarlo ante los tribunales si se confirma que permanece fuera del territorio nacional. Hasta el momento, no se ha anunciado públicamente una detención en Estados Unidos ni una solicitud formal de extradición relacionada con su caso.

El expediente también alcanza a César Jáuregui, quien encabezaba la Fiscalía General de Chihuahua cuando ocurrieron los hechos. El exfiscal general fue detenido y enfrenta un proceso por presuntos delitos relacionados con el ejercicio del servicio público y la participación de agentes extranjeros. La investigación federal incluye señalamientos de traición a la patria, una acusación que deberá resolverse en los tribunales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que la participación de agencias estadounidenses en tareas de seguridad dentro de México debe sujetarse a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional. El 11 de noviembre afirmó que la Fiscalía General de la República debe continuar las investigaciones y consideró necesario esclarecer quién era Zuany y cómo se relacionaba con una agencia de Estados Unidos.

La mandataria también ha señalado que el Gobierno federal no autorizó la participación de agentes de la CIA en el operativo de Chihuahua. Su administración ha insistido en que cualquier colaboración bilateral debe respetar los mecanismos institucionales mexicanos y los límites legales para la actuación de personal extranjero.

Por su parte, la oficina de la gobernadora María Eugenia Campos reconoció que las acusaciones contra Zuany y Jáuregui revelan una falla grave en los controles institucionales y afirmó que asumió la responsabilidad de corregirlos. La gobernadora ha negado haber tenido conocimiento previo de la presencia de la CIA en las operaciones.

El nuevo reporte sobre la presunta salida de Zuany coloca la cooperación de inteligencia entre México y Estados Unidos en el centro de una controversia que ya involucra a fiscalías, mandos policiales y autoridades de ambos países.

Mientras tanto, el caso mantiene abiertas dos líneas de presión para las instituciones mexicanas: el esclarecimiento de las actividades de la CIA en Chihuahua y la localización de un exfuncionario que, de acuerdo con las fuentes citadas en la nueva investigación, habría cruzado la frontera para evitar su detención.