Canacar acepta dialogar con Gobernación y mantiene la presión por inseguridad y estímulos fiscales
El acuerdo busca atender los reclamos de transportistas sobre inseguridad, infraestructura y cambios al estímulo fiscal para el pago de peajes.

La Secretaría de Gobernación y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) acordaron este martes 27 de octubre retirar los bloqueos carreteros y establecer una mesa de diálogo para atender las demandas del sector, después de una jornada de movilizaciones que provocó interrupciones parciales y cierres en distintos puntos del país.
El entendimiento abre una nueva etapa en el conflicto, que escaló el lunes cuando transportistas reclamaron mayor seguridad en las carreteras, mejores condiciones de infraestructura y cambios en las disposiciones fiscales previstas para 2027. La negociación busca encauzar las exigencias mediante reuniones con las dependencias responsables, mientras las organizaciones esperan compromisos concretos y fechas de cumplimiento.
La normalización de la circulación será el primer resultado que deberán reflejar las conversaciones. Durante la mañana de este martes todavía se reportaban concentraciones y afectaciones en algunas rutas, incluida la México-Toluca, donde los manifestantes permitían el paso de vehículos de manera intermitente.
Una negociación que llega después de dos días de tensión
La Canacar había rechazado inicialmente una reunión convocada por Gobernación el lunes, al argumentar que necesitaba interlocución directa con el nivel más alto del Gobierno federal y acuerdos con plazos definidos. La cámara sostuvo que las conversaciones anteriores no habían resuelto los problemas que enfrenta el autotransporte de carga.
La postura cambió este martes, cuando se anunció el inicio de las mesas de diálogo con la dependencia encabezada por Rosa Icela Rodríguez. Gobernación informó que los encuentros incluirán a las instituciones competentes en seguridad carretera, infraestructura, asuntos fiscales, seguridad social y condiciones laborales.
El acuerdo llega después de que otras organizaciones del sector ya habían aceptado negociar con el Gobierno federal. La división entre agrupaciones que acudieron a las reuniones y las que respaldaron la movilización complicó la interlocución durante la primera jornada del paro.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que los canales de diálogo estaban abiertos y defendió la modificación al límite de un estímulo fiscal relacionado con el pago de peajes. Según su explicación, el ajuste afecta principalmente a grandes empresas del sector. La mandataria sostuvo que mantener el límite anterior representaría un beneficio de alrededor de cinco mil millones de pesos para un grupo reducido de compañías.
El estímulo fiscal, uno de los puntos más controvertidos
La modificación fiscal plantea reducir de 300 a 250 millones de pesos el límite de ingresos anuales para acceder a un beneficio relacionado con la deducción de pagos de peajes. La Canacar y otras agrupaciones han solicitado revisar el cambio y mantener condiciones que, a su juicio, permitan sostener la operación de las empresas de transporte.
El desacuerdo se suma a los reclamos por los costos de combustible, mantenimiento, seguros y uso de carreteras. Para los transportistas, las decisiones fiscales inciden en la estructura de gastos de las compañías; para el Gobierno, la modificación busca limitar el alcance de un beneficio que considera concentrado en grandes operadores.
La primera mesa prevista con autoridades hacendarias deberá abordar ese punto. Las organizaciones también exigen que las conversaciones incluyan compromisos verificables y un calendario de atención, en lugar de limitarse a reuniones generales.
La inseguridad en carretera mantiene la presión sobre el Gobierno
La discusión fiscal comparte espacio con una demanda que afecta directamente a los operadores: la seguridad durante los recorridos. Los transportistas han denunciado robos de mercancías, asaltos, extorsiones y cobro de piso, además de agresiones contra conductores.
Entre sus solicitudes figura aumentar la presencia de patrullas y elementos de seguridad en las carreteras federales. También piden mantenimiento de la red carretera y medidas contra el deterioro de las vías, factores que elevan los tiempos de traslado y los costos de operación.
Las mesas anunciadas por Gobernación deberán reunir a las dependencias responsables de atender estos problemas, entre ellas las áreas de seguridad e infraestructura. La Guardia Nacional también forma parte de las instancias mencionadas en la agenda de trabajo.
Las afectaciones alcanzan a la movilidad y al traslado de mercancías
Las protestas mostraron la capacidad del conflicto para extender sus efectos más allá de las empresas transportistas. Los cierres y las caravanas complicaron la circulación en accesos metropolitanos y carreteras utilizadas para el movimiento de productos entre centros industriales, zonas de consumo y puntos de distribución.
Cuando una ruta estratégica registra interrupciones, las empresas deben reorganizar recorridos y horarios, mientras los automovilistas pueden enfrentar demoras. Si las afectaciones se prolongan, también pueden aumentar los costos logísticos y retrasarse las entregas de mercancías.
El acuerdo para retirar los bloqueos reduce la presión inmediata sobre las carreteras, pero la estabilidad dependerá de que las mesas produzcan respuestas aceptables para las organizaciones convocantes. El siguiente punto será la revisión de los planteamientos fiscales y de seguridad, así como la presentación de compromisos con responsables y fechas de ejecución.
La negociación entra ahora en una fase en la que el Gobierno deberá responder a demandas que abarcan tanto la operación económica del autotransporte como la protección de sus trabajadores. La retirada de los bloqueos abre espacio para las conversaciones; el alcance del acuerdo se medirá por los resultados que obtengan las mesas y por la evolución de las movilizaciones en los próximos días.

