Movimiento Ciudadano busca que se determinen responsabilidades por el enfrentamiento
Movimiento Ciudadano busca que se determinen responsabilidades por el enfrentamiento del 20 de octubre. El Comité de Ética dispone de cinco días para evaluar si procede iniciar un procedimiento contra Carlos Gutiérrez Mancilla y Xitlalic Ceja, mientras el partido analiza acciones ante las autoridades judiciales. Especial/IA

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de octubre de 2026.— El enfrentamiento entre legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y representantes de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados entró en una nueva etapa: el órgano legislativo debe evaluar si procede un expediente disciplinario contra los diputados señalados, mientras la bancada emecista analiza llevar el caso ante las autoridades judiciales.

La queja de Movimiento Ciudadano contra Carlos Gutiérrez Mancilla y Xitlalic Ceja fue recibida por el Comité de Ética y remitida a su área técnica. Esta instancia cuenta con cinco días para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionador. Si la respuesta es favorable, el comité deberá convocar a sus integrantes, notificar a los legisladores señalados y revisar las pruebas y los argumentos de las partes.

Jaime Humberto Pérez Bernabe, presidente del Comité de Ética, explicó que el órgano no pudo sesionar el miércoles 21 de octubre debido a la ausencia de uno de sus integrantes. Indicó que, una vez concluida la evaluación técnica, el comité podría reunirse la semana siguiente para continuar con el trámite.

La revisión se deriva del altercado ocurrido el martes 20 de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cuando Gutiérrez Mancilla confrontó al dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez. Durante el episodio, el diputado priista arrojó un líquido de apariencia turbia sobre el emblema del partido naranja y se registraron forcejeos e intercambios verbales entre integrantes de ambas fuerzas políticas.

Movimiento Ciudadano sostiene que los hechos ameritan sanciones para los legisladores y para el personal que presuntamente participó en las agresiones. La coordinadora de la bancada, Ivonne Ortega Pacheco, informó que el partido reunió fotografías y videos como elementos de prueba y anunció que su equipo jurídico analiza presentar denuncias penales por los hechos, incluidos posibles delitos relacionados con lesiones y daños a la propiedad.

El procedimiento puede derivar en sanciones

El Código de Ética de la Cámara de Diputados contempla medidas como amonestaciones, remoción de cargos legislativos y descuentos en la dieta. La aplicación de cualquiera de ellas dependerá de la resolución que adopte el órgano competente después de revisar los hechos y escuchar a los involucrados.

El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, informó que la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva acordaron solicitar atención prioritaria para la queja. También anunció cambios en los protocolos de seguridad para reforzar el control de acceso al recinto.

Entre las medidas anunciadas figuran la revisión de vehículos, la comprobación de las acreditaciones de los acompañantes de los legisladores y la elaboración de un protocolo para impedir el ingreso de escoltas armados. La Cámara también instruyó identificar a las personas ajenas a la institución que participaron en el enfrentamiento y verificar su relación laboral con el recinto para determinar las medidas administrativas correspondientes.

La revisión de las grabaciones de seguridad será relevante para establecer la participación de cada persona. Movimiento Ciudadano pidió copias del material de videovigilancia y presentó elementos gráficos para respaldar su queja.

Clemente Castañeda rechaza la violencia y exige atender el agua en Jalisco

El conflicto también generó una reacción en el Senado. Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, condenó la confrontación y sostuvo que las diferencias entre partidos deben resolverse mediante el debate y la construcción de acuerdos.

El senador vinculó su pronunciamiento con la crisis de calidad y abastecimiento del agua que afecta a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Afirmó que la magnitud del problema requiere coordinación entre el gobierno federal, la administración estatal encabezada por Pablo Lemus y los municipios metropolitanos.

Castañeda también se refirió al anuncio federal de destinar entre 12 mil y 13 mil millones de pesos a obras vinculadas con el sistema de abastecimiento de Guadalajara, entre ellas el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y trabajos complementarios relacionados con la presa El Zapotillo.

El legislador consideró que la participación federal debe traducirse en acciones concretas y oportunas. Las obras de infraestructura de mayor alcance, como un nuevo acueducto y una planta de tratamiento, requieren plazos de ejecución prolongados, mientras que las familias afectadas necesitan una respuesta inmediata a los problemas de suministro y calidad del agua.

La crisis hídrica sigue detrás de la disputa política

El enfrentamiento en San Lázaro se originó en la controversia por la calidad del agua en Jalisco. Durante octubre, habitantes de Guadalajara y municipios cercanos realizaron protestas para exigir agua limpia y respuestas de las autoridades. El gobierno estatal anunció la suspensión temporal de fuentes de abastecimiento afectadas por problemas de calidad, una medida que ha obligado a ajustar la distribución del servicio.

El caso trasladó esa disputa a la Cámara de Diputados, donde el PRI cuestionó la gestión del gobierno estatal de Movimiento Ciudadano y los emecistas rechazaron la forma en que se desarrolló la protesta de los legisladores priistas.

Ahora, la respuesta institucional deberá avanzar en dos direcciones: determinar si corresponde aplicar sanciones dentro del Congreso y establecer si los hechos denunciados ameritan una investigación penal. En paralelo, la crisis hídrica mantiene pendiente la respuesta de las autoridades a los reclamos de los usuarios.

El próximo punto de seguimiento será la decisión del área técnica del Comité de Ética y la convocatoria posterior del órgano, si se determina que la queja reúne los requisitos para iniciar el procedimiento. También será relevante conocer si Movimiento Ciudadano formaliza las denuncias penales que ha anunciado evaluar.