Nueve islas y 27 hectáreas en disputa: México cuestiona la decisión unilateral de Texas
La SRE sostiene que la Comisión Internacional de Límites y Aguas debe definir la ubicación de los terrenos conforme al tratado fronterizo de 1970.

La decisión de Texas de reconocer como propiedad estatal nueve islas ubicadas en el río Bravo abrió una controversia con México sobre la jurisdicción de esos terrenos y la aplicación de los acuerdos que delimitan la frontera entre ambos países. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió el viernes 30 de octubre que ningún gobierno estatal puede modificar por cuenta propia la línea internacional y señaló que la determinación sobre la ubicación de cada isla corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
El reclamo fue anunciado el 29 de octubre por la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham. La funcionaria informó que la Oficina General de Tierras de ese estado identificó nueve islas como propiedad texana, con una extensión conjunta aproximada de 66 acres, equivalentes a unos 27 hectáreas. Los terrenos se encuentran en el tramo del río Bravo comprendido entre Laredo y McAllen.
La autoridad texana sostuvo que el reconocimiento permitirá a las corporaciones estatales y federales acceder a esas superficies para realizar labores de vigilancia y combatir actividades ilegales. La oficina también anunció la coordinación con el Departamento Militar de Texas para proteger los terrenos. Buckingham justificó la medida con argumentos de seguridad fronteriza y afirmó que las islas pueden ser utilizadas como puntos de apoyo para actividades de contrabando y operaciones de grupos criminales.
La respuesta mexicana se concentró en el marco jurídico bilateral. En su comunicado, la SRE recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que, en el río Bravo, la frontera internacional sigue el centro del cauce normal. Esa línea determina a qué país corresponde cada terreno, con independencia de la soberanía que hubiera tenido anteriormente.
La Cancillería señaló que la CILA es la instancia facultada por los dos gobiernos para aplicar el tratado y determinar de qué lado de la frontera se encuentra cada isla. También advirtió que ninguna autoridad estatal tiene atribuciones para establecer unilateralmente esa delimitación.
El tratado contempla, además, restricciones para las obras que puedan alterar el comportamiento del río. La SRE recordó que ninguno de los dos países puede realizar construcciones que, a juicio de la comisión binacional, desvíen u obstruyan el escurrimiento normal del cauce.
El punto central de la controversia será la aplicación de esos criterios a las nueve superficies reclamadas por Texas. La oficina texana sostiene que sus levantamientos y registros permiten reconocerlas como terrenos estatales; México, por su parte, remite la determinación territorial a los procedimientos acordados entre ambos gobiernos. La revisión técnica y diplomática de la CILA será fundamental para establecer la ubicación de cada isla respecto de la línea internacional.
La comisión es un organismo binacional creado en 1889 y cuenta con una sección mexicana y otra estadounidense. Su trabajo comprende asuntos relacionados con los límites terrestres y fluviales, así como la aplicación de los acuerdos que regulan los ríos fronterizos. El Tratado de 1970, vigente desde 1972, estableció mecanismos para resolver diferencias pendientes y mantener los ríos Bravo y Colorado como fronteras internacionales.
La controversia también tiene una dimensión de seguridad. Texas plantea que el acceso de sus corporaciones a las islas permitirá reforzar la vigilancia en ese sector de la frontera y retirar posibles puntos de apoyo para actividades ilícitas. Sin embargo, la propia comunicación de la comisionada reconoció que no se había confirmado actividad delictiva en las nueve superficies reclamadas. La medida se inserta en la política de seguridad fronteriza impulsada por el gobierno texano, que ha promovido el uso de terrenos estatales para operaciones policiales y militares.
La SRE informó que dará seguimiento a cualquier acción en la zona y reiteró que México mantendrá el diálogo bilateral mediante los mecanismos institucionales.
El diferendo coloca bajo atención la coordinación entre las autoridades federales de México y Estados Unidos y el gobierno estatal de Texas. La delimitación de la frontera corresponde a los compromisos asumidos por ambos países, mientras que las decisiones sobre vigilancia y acceso a los terrenos deberán desarrollarse dentro de ese marco.
La disputa involucra nueve terrenos y alrededor de 27 hectáreas, pero su alcance institucional se extiende a la aplicación de los tratados que mantienen al río Bravo como línea divisoria entre las dos naciones.

