La regulación de alquileres en CDMX entra en fase legislativa
La regulación de alquileres en CDMX entra en fase legislativa en medio del debate por la gentrificación Especial

Morena en la Ciudad de México anunció una campaña de recolección de firmas para respaldar la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La movilización busca llevar apoyo ciudadano al Congreso capitalino mientras las comisiones legislativas analizan una reforma que plantea limitar los aumentos de renta, regular los contratos y crear mecanismos de defensa para inquilinos y propietarios.

El presidente de Morena en la capital, Paulo García González, informó que la campaña #NadieSinTecho instalará puntos de recolección en parques, colonias, centros de estudio y espacios de trabajo. También se prevé habilitar una plataforma digital para reunir adhesiones y entregarlas a los legisladores durante la discusión de la iniciativa.

El anuncio se produce después de que la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnara la propuesta a las comisiones unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia. El procedimiento legislativo contempla un plazo ordinario de 45 días hábiles para elaborar el dictamen, con la posibilidad de solicitar una prórroga de hasta otros 45 días, sujeta a la aprobación del pleno. La iniciativa también forma parte de un proceso de Parlamento Abierto para recibir propuestas ciudadanas.

El proyecto plantea que los aumentos anuales de renta no superen la inflación, salvo en los supuestos que establezca la regulación; limitar los requisitos exigidos para alquilar una vivienda; fijar una duración mínima de un año para los contratos y establecer un registro digital de los acuerdos entre arrendadores e inquilinos. También contempla crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias para brindar orientación, mediación y asesoría jurídica gratuita.

La propuesta incluye mecanismos de acompañamiento social para familias que enfrentan procedimientos de desalojo y prevé ampliar la oferta de vivienda social y asequible. El Gobierno capitalino ha presentado estas medidas como parte de una estrategia para frenar el desplazamiento de residentes de sus barrios y responder al encarecimiento de la vivienda en zonas con alta demanda inmobiliaria.

La dimensión del problema alcanza a millones de personas. De acuerdo con cifras presentadas por la Secretaría de Vivienda de la capital, alrededor de dos millones de habitantes viven en viviendas rentadas y existen más de 813 mil viviendas en alquiler. La administración también ha señalado que, en determinadas zonas y tipos de inmueble, las rentas promedio se sitúan entre 16 mil 600 y 24 mil pesos mensuales.

El debate legislativo tendrá que resolver cuestiones que afectan de manera directa a quienes pagan renta y a quienes ofrecen inmuebles en alquiler. Entre ellas están los criterios para aplicar el límite de aumentos, las condiciones bajo las cuales podrían autorizarse incrementos por mejoras sustanciales, los requisitos para registrar los contratos y las sanciones por incumplimiento. Especialistas en vivienda también han planteado la necesidad de distinguir entre propietarios particulares y grandes tenedores de inmuebles, una diferencia que deberá discutirse durante el proceso legislativo.

Morena anunció que está dispuesto a escuchar propuestas y realizar ajustes antes de la votación. El vocero de la bancada, Ángel Tamariz, adelantó que el análisis se desarrollará mediante Parlamento Abierto y que se podrán revisar aspectos de la iniciativa, incluidos los aumentos vinculados con mejoras en las propiedades. La discusión reunirá a legisladores, organizaciones vecinales, colectivos contra la gentrificación, arrendadores e inquilinos.

La iniciativa se inserta en una disputa más amplia sobre el acceso a la vivienda en la capital: los hogares que destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler buscan mayor estabilidad, mientras los propietarios necesitan reglas claras sobre contratos, pagos, mantenimiento y recuperación legal de sus inmuebles.

La campaña de firmas busca dar respaldo político a la propuesta; el dictamen, en cambio, definirá su contenido jurídico.