México concreta el asilo de Nadia Beller y Bolivia enfrenta
México concreta el asilo de Nadia Beller y Bolivia enfrenta nuevas interrogantes por el caso Cerimedo EFE

La abogada abandonó territorio boliviano este miércoles después de que el Gobierno de Rodrigo Paz autorizara el salvoconducto solicitado por la Embajada mexicana. El traslado se produce mientras continúa la investigación por el ataque armado que sufrió en agosto y crece la presión sobre las autoridades bolivianas por las conexiones políticas del exasesor argentino.

Nadia Shirley Beller Delgadillo salió de Bolivia durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre y emprendió viaje a México, país que le concedió asilo diplomático tras el atentado armado que sufrió en agosto. La salida se concretó después de varios días de gestiones diplomáticas y de que el Gobierno boliviano autorizara el salvoconducto solicitado por la representación mexicana.

La Cancillería de Bolivia confirmó que concedió el documento después de evaluar la petición presentada por la Embajada de México. La decisión fue comunicada oficialmente el 10 de noviembre y el salvoconducto se entregó durante las primeras horas del día siguiente. El procedimiento contó con la coordinación del Ministerio de Gobierno y de la Dirección General de Migración, que acompañaron la salida de Beller del territorio nacional.

El traslado cierra una etapa de incertidumbre diplomática que comenzó cuando la abogada se refugió en la Embajada de México en La Paz. El Gobierno mexicano había comunicado el 4 de noviembre que le concedía asilo diplomático, al amparo de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, y solicitó a Bolivia las garantías necesarias para que pudiera abandonar el país.

La autorización llegó después de que la Cancillería boliviana señalara, el 9 de noviembre, que todavía evaluaba la solicitud y que no existía un compromiso previo para conceder el salvoconducto. Con la decisión adoptada el martes y ejecutada este miércoles, ambos gobiernos completaron el procedimiento que permitió la salida de la ciudadana boliviana rumbo a México.

El atentado y la investigación contra Fernando Cerimedo

La salida de Beller está directamente relacionada con el proceso penal abierto tras el ataque armado del 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. La abogada recibió varios disparos cuando se encontraba en las inmediaciones de un hotel. Después de sobrevivir a la agresión, señaló a su entonces pareja, el consultor político argentino Fernando Cerimedo, como presunto responsable intelectual.

El Ministerio Público boliviano imputó a Cerimedo por tentativa de feminicidio y solicitó su detención preventiva. La justicia ordenó que permaneciera recluido mientras avanzaba la investigación. El expediente también contempla diligencias para identificar a quienes habrían ejecutado materialmente el ataque y reconstruir la planificación del hecho.

En agosto, el fiscal general Roger Mariaca informó que se habían emitido tres órdenes de aprehensión contra ciudadanos extranjeros presuntamente relacionados con la agresión. La Fiscalía también había señalado que quedaban actuaciones pendientes para establecer la participación de otras personas. La salida de Beller no cancela esas diligencias ni modifica por sí misma la situación procesal de los investigados.

Cerimedo, quien trabajó en la estrategia de comunicación de la campaña presidencial de Javier Milei en Argentina y posteriormente tuvo funciones vinculadas al entorno político del presidente boliviano Rodrigo Paz, permanece bajo detención preventiva. Además de la causa por el ataque contra Beller, enfrenta otros procesos relacionados con presunta violencia familiar y doméstica y enriquecimiento ilícito.

La controversia alcanza al entorno del Gobierno de Rodrigo Paz

El caso adquirió una dimensión política mayor por la relación profesional que Cerimedo mantuvo con el entorno presidencial boliviano. Desde su detención se difundieron grabaciones atribuidas al consultor argentino y a personas vinculadas con el Ejecutivo. La Fiscalía anunció la creación de una comisión para investigar la autenticidad de esos audios y determinar si contienen elementos relevantes para otras pesquisas.

El presidente Rodrigo Paz pidió que la Justicia investigue todos los aspectos del caso. En declaraciones realizadas durante su viaje a Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana, sostuvo que Cerimedo había cumplido un trabajo en el área mediática de su Gobierno y afirmó que los demás hechos debían ser esclarecidos por las autoridades judiciales.

La controversia plantea dos líneas de responsabilidad institucional: por un lado, el esclarecimiento del atentado contra Beller y la identificación de sus autores materiales e intelectuales; por otro, la revisión de las relaciones y comunicaciones que el consultor mantuvo con integrantes del Ejecutivo. La comisión fiscal anunciada para examinar los audios se convierte en una pieza relevante de esa segunda investigación.

México concreta la protección diplomática

La concesión del asilo y la entrega del salvoconducto sitúan a México en el centro de una gestión diplomática con repercusiones judiciales y políticas en Bolivia. La protección fue concedida mientras Beller permanecía en la sede diplomática mexicana, y su traslado se realizó después de que el Estado boliviano autorizara formalmente su salida.

La decisión también pone a prueba la cooperación entre ambos países en la aplicación de los mecanismos internacionales de asilo. La Cancillería boliviana señaló que el procedimiento se desarrolló conforme a sus obligaciones internacionales y reafirmó su compromiso con el diálogo y el respeto mutuo con México.

La investigación deberá continuar con la búsqueda de los presuntos ejecutores del atentado, el análisis de las pruebas y el esclarecimiento de las conexiones que rodean a Cerimedo. Mientras tanto, Beller deja Bolivia bajo la protección diplomática concedida por México, en un caso que ya trascendió el ámbito de una agresión individual y abrió un frente de tensión sobre la seguridad de una víctima, la actuación de las instituciones y los vínculos entre poder político y justicia.