El PRI exige su renuncia si no aclara los señalamientos
El PRI exige su renuncia si no aclara los señalamientos y SOMOS pidió que se aparte temporalmente del cargo. La consejera presidenta rechaza dejar el puesto y remite la revisión de posibles irregularidades a los órganos de control. G. Pano

La controversia por los contratos de proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) escaló esta semana hasta convertirse en una disputa abierta sobre la permanencia de su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. El 22 de octubre, representantes del PRI y del partido SOMOS exigieron que se aparte del cargo o renuncie si no se esclarecen los señalamientos sobre posibles conflictos de interés relacionados con empresas que suministran materiales electorales. Taddei descartó abandonar sus funciones y sostuvo que las acusaciones deben revisarse por las vías institucionales.

La presión llega mientras el organismo se prepara para el proceso electoral de 2027, cuando se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y diversos cargos locales. La discusión ya no se concentra únicamente en las relaciones entre antiguos colaboradores y proveedores: también alcanza la transparencia de las contrataciones, la supervisión del gasto público y la confianza en la institución responsable de organizar los comicios federales.

Los cuestionamientos surgieron después de que se difundiera información sobre siete empresas proveedoras de materiales electorales que estarían bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posibles vínculos empresariales y presuntas irregularidades. Entre las compañías mencionadas figuran Corporativo ZEG, Cajas Graft y Seriplast de México. Las indagaciones reportadas apuntan a posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones y operaciones entre sociedades relacionadas.

Uno de los puntos más sensibles es la relación señalada entre antiguos colaboradores del INE y empresas que obtuvieron contratos del organismo. En la controversia aparecen Jonathan Navarrete, quien figuró en la plantilla institucional y es apoderado legal de Corporativo ZEG, y Jesús Octavio García González, exdirector de Administración del instituto. Los señalamientos plantean preguntas sobre posibles conflictos de interés y sobre la información asentada en las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios involucrados.

Taddei respondió el 21 de octubre que algunas de las personas mencionadas trabajaron anteriormente en el instituto, pero que ya no forman parte de su plantilla. Negó que Navarrete hubiera sido su chofer personal y defendió la legalidad de las contrataciones. Afirmó que el INE no tiene empresas favoritas y que los procesos deben sujetarse a reglas y expedientes revisables.

La consejera presidenta informó que los antecedentes se turnaron al Órgano Interno de Control (OIC), que deberá examinar la documentación y determinar si hubo omisiones o posibles responsabilidades administrativas. También ofreció facilitar la información disponible a las instancias fiscalizadoras e invitó a la Auditoría Superior de la Federación a revisar las contrataciones señaladas.

El jueves 22, durante una sesión del Consejo General del INE, el representante del PRI, Emilio Suárez Licona, cuestionó a Taddei por su cercanía con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con proveedores del organismo. El partido advirtió que la consejera presidenta debería renunciar si no acredita la legalidad de las contrataciones y la inexistencia de conflictos de interés.

SOMOS, por su parte, solicitó que Taddei se separe temporalmente de la presidencia mientras se realizan las investigaciones. Su representante, Marco Antonio Baños, argumentó que la medida contribuiría a garantizar la imparcialidad institucional y permitiría esclarecer los señalamientos. Ambas exigencias se plantearon ante el Consejo General, en una sesión que evidenció la presión política que enfrenta la titular del instituto.

Taddei rechazó renunciar. Sostuvo que no abandonará sus responsabilidades para entrar en disputas políticas y llamó a los actores partidistas a actuar con responsabilidad frente a la autoridad electoral. También afirmó que el INE continuará con sus tareas y atenderá los requerimientos de las instancias competentes.

La controversia se desarrolla en un momento delicado para el organismo. La organización de las elecciones de 2027 requerirá contratación de materiales, logística, personal y servicios para operar en todo el país. La revisión de los contratos cuestionados y la publicación de información verificable sobre los procedimientos serán claves para determinar si existieron irregularidades y qué responsabilidades, en su caso, corresponden.

El INE presentó esta semana un Portal de Transparencia Ciudadana para facilitar la consulta de información sobre adquisiciones y procedimientos administrativos. La herramienta fue anunciada en medio de los cuestionamientos y busca ofrecer acceso a datos sobre qué contrata el instituto, qué necesita adquirir y cuáles son los procesos realizados.

La disputa continúa abierta. El OIC deberá revisar los expedientes remitidos y establecer si existen elementos para determinar responsabilidades; la Auditoría Superior de la Federación podrá examinar las contrataciones que entren en el alcance de su revisión. Mientras tanto, el PRI mantiene su exigencia de salida y SOMOS sostiene que Taddei debería separarse temporalmente del puesto. La resolución institucional de los señalamientos será determinante para el funcionamiento del organismo y su preparación para los próximos comicios.