María Elena Ríos busca justicia ante la Suprema Corte tras siete años de su ataque
El máximo tribunal analizará si una jueza sustituta podía anular la absolución de Juan Antonio Vera Carrizal y ordenar la reposición del juicio oral.

El caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos regresó al centro del debate judicial en México después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera revisar los amparos relacionados con el proceso penal por el ataque con ácido que sufrió en 2019. La activista expresó este 21 de octubre su esperanza de obtener una sentencia condenatoria contra los presuntos responsables.
La decisión del máximo tribunal, aprobada el 19 de octubre por siete votos contra uno, abre una nueva etapa en un proceso marcado por controversias judiciales, recursos legales y denuncias de irregularidades.
Suprema Corte revisará cinco amparos del caso
La SCJN analizará cinco amparos vinculados con la anulación de un fallo absolutorio dictado en agosto de 2024 a favor de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado del PRI señalado como presunto autor intelectual de la agresión, y otros dos acusados.
La revisión no determinará directamente si los involucrados son culpables o inocentes. Su objetivo será establecer si una jueza sustituta tenía facultades legales para invalidar la absolución y ordenar que el juicio oral se repitiera.
La controversia involucra el principio de inmediación, que establece que la persona juzgadora debe conocer directamente las pruebas y testimonios presentados durante las audiencias.
La resolución podría establecer criterios importantes para otros procedimientos penales.
¿Por qué fue anulado el juicio de María Elena Ríos?
El conflicto judicial surgió el 14 de agosto de 2024, cuando el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal y a otros dos acusados.
Posteriormente, el juzgador fue suspendido de sus funciones cuando todavía estaba pendiente la elaboración y lectura formal de la sentencia.
La jueza que lo sustituyó, María Antonia Esteva Domínguez, consideró que no podía redactar una resolución sobre pruebas y testimonios que no había presenciado.
Por esa razón, dejó sin efectos el procedimiento y ordenó reponer el juicio oral.
Los acusados promovieron amparos contra esa determinación, argumentando que debía respetarse la absolución previamente emitida.
Ahora corresponde a la Suprema Corte resolver si la actuación de la jueza sustituta se ajustó a derecho.
María Elena Ríos pide una sentencia condenatoria
La saxofonista manifestó que espera que la intervención del máximo tribunal permita avanzar hacia una resolución judicial definitiva.
Ríos considera que la repetición del juicio abriría la posibilidad de que los testimonios y las pruebas sean examinados nuevamente con perspectiva de género.
También ha solicitado que el procedimiento sea conocido por un tribunal integrado por tres jueces, al considerar que esta medida podría fortalecer la imparcialidad.
La activista ha denunciado amenazas y hostigamiento durante los años que lleva buscando justicia.
Sus señalamientos deberán investigarse por las autoridades correspondientes, sin que constituyan por sí mismos hechos judicialmente acreditados.
Un ataque con ácido ocurrido en Oaxaca en 2019
María Elena Ríos fue agredida con ácido sulfúrico el 9 de septiembre de 2019, en Huajuapan de León, Oaxaca.
El ataque le provocó quemaduras graves en el rostro y otras partes del cuerpo, por lo que necesitó hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y un prolongado proceso de rehabilitación.
La saxofonista identificó a Juan Antonio Vera Carrizal como presunto responsable intelectual de la agresión.
El exlegislador se entregó a las autoridades en 2020 y quedó sujeto a proceso penal.
El caso adquirió relevancia nacional por las dificultades que enfrentan las sobrevivientes de violencia extrema para obtener justicia y reparación del daño.
Caso podría establecer precedente sobre violencia de género
La ministra Loretta Ortiz Ahlf consideró que la revisión permitirá aclarar las facultades de los jueces sustitutos y fortalecer las garantías del debido proceso.
El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, precisó que la Corte estudiará cuestiones procesales y no resolverá directamente la responsabilidad penal de los acusados.
La decisión también podría tener consecuencias para otros procedimientos donde se cuestiona la validez de una sentencia emitida antes del reemplazo de un juzgador.
Por ahora, el expediente deberá asignarse para elaborar un proyecto de resolución que posteriormente será discutido y votado por el Pleno.
La definición será determinante para conocer si continúa vigente la absolución impugnada o si procede repetir el juicio, mientras María Elena Ríos mantiene su exigencia de justicia.

