El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación establece nuevas condiciones temporales para continuar cotizando voluntariamente. Legisladores cuestionan si el Instituto puede introducir estos ajustes sin una reforma legal y plantean revisar sus efectos sobre los futuros pensionados. Senado de la República

La modificación de las condiciones de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió un frente de confrontación institucional que llegó al Senado. Legisladores de distintas posiciones políticas solicitaron explicaciones al director general del organismo, Zoé Robledo Aburto, después de la publicación de un acuerdo que restringe las condiciones para incorporarse a este esquema de cotización voluntaria, utilizado por trabajadores que buscan mejorar su futura pensión.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, Alfonso Cepeda Salas, adelantó el 22 de octubre que buscarán la comparecencia de Robledo para conocer los motivos y el alcance de las medidas. El presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, también señaló que el Congreso revisa si los cambios requieren una modificación legal que deba discutirse en ambas cámaras. Hasta el 23 de octubre, no se había anunciado una fecha definitiva para la reunión.

El debate se intensificó tras la publicación, el 21 de octubre, del acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG en el Diario Oficial de la Federación. El documento establece medidas temporales para la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, y ordena al IMSS realizar un análisis financiero del esquema en un plazo máximo de seis meses. Con base en ese estudio, el Instituto deberá preparar una propuesta de modificación normativa para atender las áreas de oportunidad detectadas.

Entre las disposiciones inmediatas figura una condición para quienes busquen incorporarse al esquema: la cotización se calculará con base en el último salario registrado al causar baja del régimen obligatorio, o hasta ese importe más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), sin que la cantidad pueda ser inferior al salario mínimo general vigente para el resto del país. Las nuevas incorporaciones se realizarán a partir de la fecha de solicitud, por lo que el acuerdo descarta la contratación retroactiva bajo esta modalidad.

El documento también establece que quienes ya estaban inscritos cuando entraron en vigor las medidas conservarán las condiciones actuales hasta concluir el periodo contratado. Además, mantiene el reconocimiento de las semanas y los salarios efectivamente cotizados y pagados para el cálculo de sus derechos pensionarios futuros. Las nuevas inscripciones deberán efectuarse mediante mecanismos digitales y el IMSS tendrá que habilitar un canal de atención para revisar casos especiales.

La controversia legislativa se concentra en las facultades del Instituto para establecer estas condiciones. La senadora del PRI Claudia Anaya Mota sostuvo que las modificaciones afectan disposiciones del artículo 218 de la Ley del Seguro Social, que reconoce el derecho de determinados trabajadores dados de baja a continuar voluntariamente en el régimen, con el último salario registrado o uno superior. Anaya planteó promover una controversia constitucional para que la Suprema Corte revise si el IMSS invadió atribuciones del Poder Legislativo.

Desde Morena también surgieron cuestionamientos. Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, consideró que los ajustes deben revisarse desde el ámbito legislativo y sostuvo que una modificación de ese alcance requiere analizarse a la luz de la ley vigente. Higinio Martínez, por su parte, señaló que el Congreso debe conocer los efectos del acuerdo antes de fijar una posición institucional.

La discusión tiene consecuencias directas para quienes planean su retiro. La Modalidad 40 permite a trabajadores que dejaron de cotizar en el régimen obligatorio continuar realizando aportaciones voluntarias y, cuando cumplen los requisitos legales aplicables, mejorar las condiciones de cálculo de su pensión. Los cambios adquieren especial importancia para quienes preparaban su incorporación al esquema o contemplaban aportaciones con un salario base elevado.

El Gobierno federal ha relacionado la revisión de este mecanismo con la detección de posibles abusos en el cálculo de pensiones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado la necesidad de atender prácticas irregulares que puedan comprometer los recursos del sistema. En el Senado, Alfonso Cepeda reconoció que deben examinarse las prácticas que permiten elevar las pensiones mediante aportaciones altas, pero también pidió evaluar las consecuencias para quienes cotizan de manera legítima.

El conflicto se desarrolla mientras el IMSS enfrenta otras demandas de sus trabajadores por salarios, condiciones laborales, personal e insumos médicos. Las movilizaciones recientes han aumentado la presión sobre la dirección del organismo, aunque las protestas laborales y la disputa sobre la Modalidad 40 corresponden a asuntos distintos. Ambos frentes colocan bajo escrutinio la gestión del Instituto y la respuesta de sus autoridades a las inconformidades.

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Cambios en las pensiones del IMSS llegan al Senado; legisladores advierten posibles afectaciones Jair Cabrera Torres

La comparecencia de Zoé Robledo permitiría a los senadores solicitar una explicación sobre la base jurídica de las medidas, sus efectos en los asegurados y el análisis financiero que ordenó el Consejo Técnico. También podría definir si el Congreso impulsa una reforma legal o si alguno de sus integrantes lleva la controversia ante la Suprema Corte.

Por ahora, el acuerdo está publicado y las medidas temporales comenzaron a aplicarse el día hábil siguiente, el 22 de octubre. Mientras el IMSS desarrolla el análisis ordenado, el Senado busca abrir una revisión política y jurídica sobre el alcance de las nuevas condiciones. El resultado será relevante para los trabajadores que preparan su jubilación y para la relación entre las atribuciones administrativas del Instituto y las facultades legislativas del Congreso.