El caso de los militares retenidos cerca de Kiev escala: investigan posibles abusos de autoridad
La Oficina Estatal de Investigaciones revisará las condiciones de alojamiento de soldados y la actuación de civiles y mandos durante los disturbios del 2 de noviembre.

La controversia por las condiciones en que permanecían varios militares ucranianos en un inmueble de la localidad de Petropavlivska Borshchahivka, en las afueras de Kiev, escaló a una investigación penal después de que las denuncias de presuntas detenciones ilegales y maltrato provocaran enfrentamientos entre civiles y efectivos de la Guardia Nacional. La Oficina Estatal de Investigaciones de Ucrania abrió un procedimiento para esclarecer las condiciones de alojamiento de los soldados, la actuación de los mandos militares y los hechos violentos registrados el 2 de noviembre.
El inmueble era utilizado como instalación temporal de una unidad de la Guardia Nacional. Allí permanecían militares que habían sido devueltos a sus unidades después de abandonarlas sin autorización y que estaban a la espera de su reasignación. La existencia de ese lugar se conoció públicamente después de que circularan mensajes en redes sociales que denunciaban que decenas de personas estaban retenidas en un sótano y sometidas a torturas.
Las versiones difundidas provocaron la llegada de vecinos y otros civiles, quienes exigieron conocer la situación de los militares y acceder al inmueble. La concentración derivó en enfrentamientos, lanzamiento de piedras y artefactos pirotécnicos, daños a vehículos policiales y disparos. También se reportaron intentos de ingresar por la fuerza al recinto y de bloquear el desplazamiento de unidades de emergencia.
La Oficina Estatal de Investigaciones confirmó el 3 de noviembre la apertura de diligencias bajo el artículo 426-1, parte quinta, del Código Penal ucraniano, relativo al abuso o exceso de autoridad por parte de un funcionario militar. Los investigadores deberán establecer las condiciones en que permanecían los soldados, verificar las denuncias de posibles actos de coerción y determinar la responsabilidad de quienes participaron en los enfrentamientos.
El expediente incorpora dos líneas centrales: la posible vulneración de los derechos de los militares alojados en el inmueble y la actuación de las personas que irrumpieron en el lugar o participaron en los disturbios. La investigación cuenta con la intervención de representantes de la Fiscalía especializada en asuntos de defensa, la Policía Nacional y la oficina de la defensora militar.
La Guardia Nacional reconoció que cuatro soldados que habían abandonado sus unidades sin autorización se encontraban en el inmueble y que posteriormente fueron trasladados a un centro médico para ser examinados. El comandante de la institución, Oleksandr Pivnenko, confirmó que los militares habían resultado lesionados y anunció que se revisarían las circunstancias de su permanencia y el trato recibido.
La defensora militar, Olha Reshetylova, también intervino en el caso. Señaló que entre los efectivos presentes había defensores de la planta siderúrgica de Azovstal y militares que habían regresado de cautiverio ruso. Su oficina participó en las actuaciones en el lugar y en la revisión de las condiciones de los soldados.
Las autoridades rechazaron las versiones que hablaban de decenas de rehenes y de muertes dentro del inmueble. La Policía negó que se hubiera producido una muerte en el recinto y la Guardia Nacional sostuvo que los militares estaban bajo custodia institucional mientras se resolvía su situación de servicio. El ministro del Interior, Ivan Vyhovsky, también negó que funcionaran cámaras de tortura en el lugar.
El caso tuvo un nuevo giro el 3 de noviembre, cuando el Servicio de Seguridad de Ucrania informó que había identificado a alrededor de cien personas que participaron activamente en los disturbios. Su subdirector, Ivan Rudnytsky, indicó que se analizaba la posibilidad de detener a más participantes, además de una mujer que ya había sido arrestada. Según su declaración, las autoridades investigan si el objetivo de la movilización era liberar por la fuerza a uno de los militares que había abandonado su unidad.
Por su parte, Kyrylo Budanov, jefe de la Oficina del Presidente ucraniano, sostuvo que la confrontación había sido organizada y anunció que se buscaría establecer responsabilidades. También señaló que una mujer que se presentó en el lugar como personal médico habría realizado previamente labores de reconocimiento.
Ucrania enfrenta una presión militar prolongada y un sistema de movilización que exige mantener efectivos disponibles para el servicio. La gestión de quienes abandonan sus unidades, su retorno a la estructura militar y las condiciones en que permanecen bajo control de sus mandos se han convertido en asuntos especialmente sensibles durante la guerra.
La investigación deberá determinar si los militares fueron alojados conforme a las normas, si existieron presiones o malos tratos y quiénes iniciaron los actos violentos. La Guardia Nacional anunció que dejaría de utilizar el inmueble y que los efectivos que permanecían allí serían trasladados a otra instalación.
Al cierre de esta actualización, las autoridades habían confirmado la apertura de la investigación penal, la atención médica de cuatro militares y la identificación de cerca de cien participantes en los disturbios. El caso continúa bajo revisión de los organismos de investigación y control militar.

