La cancelación de las fichas rojas abre un frente jurídico
La cancelación de las fichas rojas abre un frente jurídico sobre el proceso penal contra Gómez Mont y Álvarez Puga Instagram

La cancelación de las notificaciones rojas de Interpol contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga abrió una disputa que trasciende la búsqueda internacional de ambos y coloca bajo revisión la forma en que se han desarrollado los procedimientos judiciales en México. Los argumentos presentados por su defensa ante la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol apuntaron a cuatro aspectos: una supuesta motivación política de las investigaciones, el riesgo de detención arbitraria, la exposición pública de los acusados y la falta de una resolución judicial de fondo sobre el amparo promovido contra la orden de aprehensión.

El planteamiento más delicado para las autoridades mexicanas se relaciona con el tiempo que ha permanecido sin una resolución definitiva el recurso de amparo presentado por la defensa. De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, la impugnación contra la orden de captura se promovió en noviembre de 2021 y quedó radicada en enero de 2022. El procedimiento atravesó diferimientos y un conflicto de competencia entre órganos jurisdiccionales antes de llegar a un juzgado federal del Estado de México durante 2026.

La defensa sostuvo ante Interpol que esa trayectoria procesal afectaba el derecho a contar con un recurso judicial efectivo. También argumentó que la utilización de la prisión preventiva oficiosa podía exponer a sus representados a una detención arbitraria y que la difusión pública de las acusaciones había comprometido la presunción de inocencia.

Otro de los argumentos se apoyó en el artículo 3 de la Constitución de Interpol, que prohíbe a la organización intervenir en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. Los abogados alegaron que el expediente tenía una motivación política.

La normativa de Interpol establece que la Comisión de Control de los Ficheros es un órgano independiente encargado de examinar si los datos incorporados a sus sistemas cumplen las reglas de la organización. Entre sus facultades está resolver solicitudes de acceso, rectificación o eliminación de información. La comisión puede revisar elementos aportados por los solicitantes y consultar a las autoridades que proporcionaron los datos.

Su competencia tiene un límite concreto: Su tarea consiste en verificar que la información utilizada por los canales de cooperación policial internacional se ajuste a las normas de Interpol.

En México, las autoridades han sostenido que las órdenes judiciales contra la pareja permanecen vigentes. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno solicitaría conocer los motivos de la decisión y buscaría recuperar las alertas internacionales.

El expediente penal está relacionado con una investigación por un presunto esquema de empresas que habrían simulado operaciones para canalizar recursos públicos. Las indagatorias mexicanas vinculan el caso con contratos federales por aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos, otorgados entre 2016 y 2017 para servicios relacionados con centros penitenciarios. Las autoridades han atribuido a los investigados posibles delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

El siguiente punto de interés es conocer si el Gobierno mexicano recibió la motivación completa de la decisión y qué recursos puede presentar para solicitar una revisión. Las reglas de Interpol contemplan la posibilidad de pedir la revisión de una resolución cuando aparecen hechos nuevos y relevantes, bajo los requisitos establecidos por su Comisión de Control.

La detención de Gómez Mont en Florida, ocurrida el 30 de octubre, añadió un nuevo elemento al expediente, pero no resolvió la controversia sobre la cancelación de las alertas ni la situación jurídica de Álvarez Puga. La investigación mexicana, los recursos judiciales pendientes y los procedimientos en Estados Unidos siguen caminos distintos.

El caso mantiene así dos asuntos de fondo: la capacidad de México para sostener sus solicitudes de cooperación internacional con expedientes judiciales que cumplan los estándares aplicables y el derecho de las personas investigadas a cuestionar la legalidad del tratamiento de sus datos ante organismos internacionales.