Bancomext bajo advertencia por financiamiento solicitado por empresa investigada por
Bancomext bajo advertencia por financiamiento solicitado por empresa investigada por contratos públicos Especial

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió a Bancomext no autorizar una línea de financiamiento de hasta 4 mil 200 millones de pesos a Servicios Broxel. La empresa mantiene pendientes de reintegro 29.4 millones de pesos a 39 instituciones federales y enfrenta investigaciones por contratos de vales de despensa celebrados en condiciones distintas a las ofertadas.

La solicitud de financiamiento de Servicios Broxel por hasta 4 mil 200 millones de pesos abrió un nuevo frente de tensión entre la empresa y el Gobierno federal. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno advirtió a Bancomext que no considera viable autorizar la operación, debido a los pagos en exceso que la compañía aún debe reintegrar a instituciones públicas y a las investigaciones administrativas relacionadas con sus contratos gubernamentales.

La advertencia quedó asentada en el oficio 223/DGPCMC/352/2026, fechado el 10 de noviembre y firmado por José Juan García Estrada, director general de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua 3 y comisario público propietario. El documento fue dirigido al Comité Ejecutivo del Consejo Directivo del Banco Nacional de Comercio Exterior, instancia que tenía previsto analizar la solicitud de financiamiento de la compañía.

El señalamiento central involucra 29.4 millones de pesos que Servicios Broxel debe devolver a 39 instituciones de la Administración Pública Federal. De acuerdo con la dependencia, los recursos fueron recibidos en exceso durante la ejecución de contratos públicos y las entidades involucradas ya habían requerido su reintegro sin conseguir la devolución total.

La controversia tiene su origen en la licitación pública nacional consolidada LA-06-400-006400001-N-19-2025, correspondiente al suministro de vales electrónicos de despensa para trabajadores del Gobierno federal durante 2025. Broxel obtuvo la adjudicación y posteriormente formalizó contratos con más de 150 dependencias y entidades públicas.

La Secretaría Anticorrupción identificó que los acuerdos se celebraron bajo condiciones distintas a las presentadas por la empresa durante el procedimiento de contratación. Esa diferencia derivó en pagos superiores a los que correspondían, situación que dio lugar a una investigación por el posible incumplimiento de las disposiciones en materia de adquisiciones públicas.

El expediente coloca bajo revisión no solamente los recursos pendientes de devolución, sino también la continuidad de una compañía cuyo negocio mantiene una vinculación importante con las contrataciones gubernamentales. La autoridad advirtió que las investigaciones podrían concluir con sanciones previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, incluida la imposibilidad de obtener nuevas adjudicaciones.

Bancomext enfrenta una decisión de alto impacto financiero

La operación solicitada por Broxel contempla una línea de crédito de hasta 4 mil 200 millones de pesos para capital de trabajo, con la posibilidad de que Bancomext participara inicialmente hasta por el total del financiamiento.

La Secretaría Anticorrupción considera que aprobarlo en las condiciones actuales expondría a la banca de desarrollo a riesgos relacionados con la situación contractual y financiera de la empresa. Su advertencia busca evitar que las dificultades derivadas de los procedimientos administrativos y de la dependencia de contratos públicos terminen trasladándose a una institución del Estado.

Los antecedentes financieros incluidos en el oficio muestran la dimensión de esa relación. Durante 2025, los contratos de Broxel con la Administración Pública Federal representaron montos mínimos de 6 mil 928 millones de pesos y máximos de 9 mil 751 millones. En el caso del Gobierno de la Ciudad de México, las cuentas por cobrar reportadas se ubicaron entre mil 795 y 3 mil 591 millones de pesos.

Estas cifras muestran la importancia que tienen las operaciones con instituciones públicas dentro de la actividad de la compañía. Por ello, una eventual restricción para participar en nuevas contrataciones podría afectar sus ingresos y su capacidad para cumplir compromisos financieros.

La discusión también alcanza el manejo de los recursos públicos destinados a prestaciones laborales. Los vales electrónicos de despensa representan una prestación para miles de trabajadores de dependencias gubernamentales, por lo que las diferencias en los montos contratados y pagados involucran recursos destinados a un servicio que debe entregarse conforme a las condiciones establecidas en cada adjudicación.

El expediente incorpora un posible conflicto de interés

A los pagos pendientes se suma otro señalamiento de la Secretaría Anticorrupción: un posible conflicto de interés relacionado con vínculos familiares entre representantes de la compañía y un funcionario de Hacienda.

El documento identifica un parentesco por consanguinidad entre Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Servicios Broxel, y Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La dependencia también señala que el funcionario ocupó anteriormente un cargo directivo en Bancomext y obtuvo una licencia sin goce de sueldo al dejar esa posición. Este antecedente fue incorporado a la evaluación de riesgos de la operación financiera que el banco debía examinar.

La observación adquiere importancia porque la solicitud de crédito se encontraba precisamente ante una institución en la que el funcionario había desempeñado responsabilidades directivas. La Secretaría Anticorrupción incluyó esta circunstancia entre los elementos que sustentan su recomendación de no autorizar el financiamiento.

Broxel responde y la decisión del banco sigue pendiente

La empresa también presentó su posición frente a los señalamientos. En una carta fechada el 5 de noviembre y dirigida a Nacional Financiera y Bancomext, su representante legal sostuvo que las diferencias detectadas derivan de una interpretación técnica sobre la aplicación de bonificaciones y descuentos contemplados en las ofertas económicas y los contratos.

Broxel afirmó que había atendido las diferencias con las dependencias involucradas y que únicamente estaba pendiente la formalización del cierre definitivo por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta explicación constituye la respuesta de la compañía frente a las observaciones que originaron la investigación.

Sin embargo, el oficio del 10 de noviembre mantiene vigente la advertencia institucional sobre los recursos que faltan por reintegrar y los riesgos asociados a la operación crediticia.

El caso deja a la vista determinar las responsabilidades derivadas de los contratos de vales de despensa y resolver si la banca pública debe participar en una operación multimillonaria con una empresa que mantiene investigaciones abiertas y recursos pendientes de devolución.

La decisión de Bancomext y el resultado de las investigaciones marcarán el siguiente capítulo de un expediente que involucra contratación pública, prestaciones de trabajadores, vigilancia del gasto federal y el uso de recursos de la banca de desarrollo.