¡Revelan red de contratos millonarios en el INE!
Una investigación federal rastreó hasta los años ochenta los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas y detectó contratos electorales por más de 2 mil millones de pesos. Presidencia/IBTimes México

Una investigación del Gobierno federal puso bajo la lupa a un grupo de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, señalados por presuntas irregularidades en contrataciones de material electoral. La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, reveló que sus antecedentes en la administración pública se remontan a la década de 1980 y que sus compañías obtuvieron contratos millonarios de organismos electorales durante varios años.

De Gobernación al negocio de los materiales electorales

Durante la conferencia matutina del 5 de noviembre, Buenrostro presentó los resultados de una investigación que reconstruye la trayectoria de los hermanos Hernández Casillas. Según la información recopilada por la dependencia, ambos trabajaron en instituciones de la Secretaría de Gobernación durante los años ochenta, primero en el Registro Nacional de Población y posteriormente en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Los registros expuestos ubican a José Alfredo Hernández Casillas en el área de apoyo de la dirección del CISEN, mientras que Raymundo Francisco Hernández Casillas habría ocupado funciones relacionadas con investigaciones. La funcionaria explicó que estos antecedentes permiten rastrear las relaciones y actividades que precedieron a su participación como proveedores de instituciones electorales.

Seis empresas bajo investigación

La revisión gubernamental identificó un conjunto de compañías relacionadas con los hermanos, entre ellas Cartonera Plástica, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Corporativo Zeg. Estas empresas participaron en procedimientos de contratación para suministrar materiales y servicios a organismos electorales federales y estatales.

De acuerdo con la exposición de Buenrostro, la investigación detectó posibles mecanismos de simulación de competencia en licitaciones. El esquema presuntamente consistía en que compañías relacionadas participaban en un mismo concurso, aunque aparentemente competían entre sí, para favorecer a determinados proveedores. Las autoridades también revisan posibles vínculos entre las empresas y la distribución de los recursos obtenidos mediante los contratos.

Más de 2 mil millones de pesos en contratos

Uno de los datos más relevantes de la presentación corresponde al periodo de 2014 a 2023. Durante esos años, las empresas relacionadas con los Hernández Casillas obtuvieron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

La investigación también identificó contrataciones durante 2024 y 2025 por alrededor de 646 millones de pesos. Estos montos reflejan la dimensión económica de las operaciones revisadas y podrían modificarse conforme avance la revisión documental, debido a que no todos los contratos están disponibles en las plataformas públicas consultadas por la dependencia.

Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova aparecen en el contexto de la investigación

El caso también ha generado cuestionamientos sobre los procesos de contratación durante las distintas administraciones del Instituto Nacional Electoral (INE). La investigación revisa el crecimiento de la red empresarial después de la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE adquirió facultades para designar a las autoridades de los organismos electorales locales.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los antecedentes de estas empresas no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei, actual expresidenta del organismo, y pidió revisar también el periodo encabezado por Lorenzo Córdova. No obstante, la existencia de contratos o relaciones institucionales no demuestra por sí misma la responsabilidad individual de los funcionarios mencionados. Las posibles irregularidades deberán ser determinadas por las instancias competentes.

Auditorías e investigaciones deberán determinar responsabilidades

El Gobierno federal indicó que la información presentada procede de registros públicos, plataformas de transparencia y archivos históricos de contrataciones. La Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República son algunas de las instituciones que podrían intervenir para revisar los contratos, identificar posibles responsabilidades y determinar si existieron conductas ilícitas.

Por su parte, las autoridades financieras también realizan análisis sobre posibles operaciones relacionadas con los recursos obtenidos. La investigación continúa y todavía deben esclarecerse las responsabilidades de empresarios, intermediarios y servidores públicos que pudieran haber participado en las operaciones señaladas.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos de adquisición de materiales electorales y la supervisión de los contratos públicos. Mientras avanzan las indagatorias, las acusaciones deben mantenerse en el terreno de las presuntas irregularidades hasta que exista una resolución de las autoridades correspondientes.