FGR detiene nuevamente a exfiscal de Chihuahua por caso CIA y lo traslada al Altiplano
El exfiscal fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano tras quedar bajo custodia de la FGR por un caso relacionado con seguridad nacional.

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue detenido nuevamente por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) tras concluir una audiencia judicial en la que se había determinado que podría enfrentar en libertad un proceso por delitos del fuero común. La nueva orden de aprehensión corresponde a una investigación federal por presunta traición a la patria, relacionada con la participación no autorizada de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino de drogas en la Sierra Tarahumara.
La detención federal se produjo la noche del domingo 18 de octubre, cuando Jáuregui salía de las instalaciones del Poder Judicial de Chihuahua. Este lunes 19, el encargado del despacho de la Fiscalía estatal, Gilberto Loya Chávez, confirmó que el exfuncionario quedó bajo custodia federal y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, en el Estado de México.
El caso tuvo un nuevo giro después de que un juez estatal rechazara imponerle prisión preventiva por las acusaciones de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Durante la audiencia, que se prolongó por más de diez horas, el Ministerio Público presentó elementos relacionados con la presunta participación irregular de personal estadounidense en actividades de la Agencia Estatal de Investigación.
El juzgador estableció medidas cautelares que incluían la entrega de documentos migratorios, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y la prohibición de acercarse a determinados testigos. Además, fijó para el jueves 22 de octubre la continuación de la audiencia en la que deberá resolver si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos estatales.
Sin embargo, la decisión judicial no impidió que la FGR ejecutara una orden independiente por hechos relacionados con la seguridad nacional. La dependencia federal sostiene que el exfiscal habría permitido que personas extranjeras participaran en acciones reservadas a las autoridades mexicanas, sin contar con la autorización correspondiente.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, explicó que la orden federal fue concedida después de más de cien actos de investigación relacionados con el operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. De acuerdo con la institución, la intervención estatal presentó irregularidades en materia de competencias, coordinación institucional y participación de personal extranjero.
La FGR sostiene que la Fiscalía de Chihuahua organizó la intervención sin contar previamente con una carpeta de investigación formal y que no informó oportunamente a las autoridades federales, pese a tratarse de hechos relacionados con delitos de su competencia. También señaló que los agentes extranjeros habrían acudido en distintas ocasiones a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.
El operativo adquirió relevancia nacional después de que dos ciudadanos estadounidenses y dos funcionarios de la Fiscalía estatal murieran en un accidente vehicular ocurrido el 19 de abril, cuando descendían de la zona serrana. Aunque Estados Unidos confirmó el fallecimiento de dos empleados de su embajada, fuentes conocedoras del caso los identificaron como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La controversia se centra en los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad. México permite el intercambio de información y la colaboración institucional con Estados Unidos, pero la participación directa de agentes extranjeros en operaciones reservadas a las fuerzas mexicanas está sujeta a restricciones legales.
Jáuregui ha rechazado haber cometido delitos, mientras las autoridades federales consideran que existen elementos para investigar su posible responsabilidad. Las acusaciones permanecen sujetas a revisión judicial y no constituyen una sentencia condenatoria.
Con el traslado al Altiplano, el exfiscal enfrenta dos procedimientos distintos: uno ante la justicia estatal por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y otro ante autoridades federales por posibles delitos contra la seguridad nacional.
La siguiente etapa será la definición de su situación jurídica en ambas causas. Mientras la audiencia estatal está programada para el 22 de octubre, queda pendiente conocer las determinaciones del juez federal respecto de la nueva orden de aprehensión y las medidas cautelares correspondientes.

