Trabajadores de Tamaulipas preparan demanda contra Infonavit por presuntos bloqueos de créditos
Los afectados denuncian bloqueos vinculados con el Buró de Crédito y cuestionan posibles ofrecimientos de departamentos del programa Casas del Bienestar.

Tampico, Tamaulipas, 21 de octubre de 2026.— Un grupo de derechohabientes del sur de Tamaulipas prepara una demanda colectiva contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), su delegado regional, Claudio Aquiles Villanueva Vázquez, y quien resulte responsable, por presuntas restricciones a los créditos destinados a la compra de viviendas usadas.
Los trabajadores sostienen que sus solicitudes fueron rechazadas después de avanzar en los trámites y cubrir gastos relacionados con la adquisición de los inmuebles. También denuncian que, tras recibir las negativas, fueron contactados por personas que se identificaron como integrantes del Instituto y les ofrecieron departamentos del programa federal Casas del Bienestar, ubicado en Altamira.
La controversia se centra en el uso del historial del Buró de Crédito como motivo para detener los financiamientos. Según los testimonios recabados por los afectados, el sistema habría bloqueado durante seis meses las solicitudes de algunos trabajadores interesados en comprar viviendas a particulares.
Uno de los casos expuestos corresponde a un trabajador del sector industrial de Altamira, identificado como Carlos "N", quien afirmó haber entregado la documentación requerida y pagado 7 mil pesos por el avalúo de una propiedad. Después de varias semanas de gestiones, aseguró, recibió la notificación de que su trámite no podía continuar debido a su historial crediticio.
El trabajador también relató que posteriormente recibió una llamada en la que le ofrecieron otra opción habitacional en Altamira, con la explicación de que para esos departamentos no se aplicaba el mismo filtro crediticio. Los denunciantes consideran que la secuencia de los hechos amerita investigar los criterios utilizados para autorizar o rechazar los créditos y la relación entre las negativas y los ofrecimientos posteriores.
Un segundo testimonio, proporcionado bajo anonimato, señala que asesores inmobiliarios de la región habrían detectado restricciones similares en decenas de cuentas durante las dos semanas previas a la publicación de la denuncia.
El abogado Pedro Rocha Vallín, quien asesora a los inconformes, sostiene que las prácticas denunciadas podrían vulnerar el derecho de los trabajadores a acceder a financiamiento para vivienda. La acción colectiva que preparan busca el desbloqueo de las solicitudes, la revisión de los procedimientos y la reparación de los gastos que, según los demandantes, realizaron durante trámites que terminaron rechazados.
La denuncia adquiere relevancia por la política de financiamiento del propio Instituto. En su información oficial para derechohabientes, el Infonavit señala que, desde 2025, el historial del Buró de Crédito no afecta el monto que puede otorgar y que, previa autorización de la consulta, el trabajador puede acceder al 100 por ciento de su monto máximo, independientemente de su calificación. La institución contempla excepciones para situaciones específicas, entre ellas registros por fraude o casos de sobreendeudamiento extremo.
Esta disposición hace necesario esclarecer qué motivo se comunicó a los solicitantes de Tamaulipas, qué reglas se aplicaron en cada expediente y si las negativas respondieron a las condiciones previstas por el Instituto.
El conflicto también pone en juego los recursos que los trabajadores destinan a buscar una vivienda. Los avalúos y otros gastos previos pueden representar una carga para quienes necesitan financiar una propiedad y deben reiniciar el proceso tras una negativa. En el caso denunciado, los afectados pretenden que esos desembolsos sean considerados en la reclamación colectiva.
La preparación de la demanda coloca ahora el caso en una nueva etapa. Los trabajadores buscan que las autoridades competentes revisen las decisiones de la delegación regional y determinen si existieron restricciones indebidas o condicionamientos en la orientación de los solicitantes hacia determinados desarrollos habitacionales.

