Diputados aprueban hasta 25 años de cárcel por reclutamiento forzado en México
El dictamen, aprobado por unanimidad, considera forzado cualquier reclutamiento de menores para grupos delictivos y permite investigar el delito de oficio.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para incorporar el reclutamiento forzado como delito específico en la legislación mexicana. El dictamen, respaldado por 419 votos a favor, establece penas de entre 10 y 25 años de prisión, dependiendo de las circunstancias en que las organizaciones criminales incorporen a personas a sus actividades.
#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos… pic.twitter.com/Iej287a8IX
— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 20, 2026
La medida busca enfrentar la captación de niñas, niños, adolescentes y adultos mediante falsas ofertas de empleo, engaños, amenazas y violencia. El proyecto fue enviado al Senado de la República para su análisis, por lo que las nuevas sanciones aún no han entrado en vigor.
¿Qué penas contempla la reforma contra el reclutamiento criminal?
El dictamen modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, mediante la incorporación de un capítulo dedicado al reclutamiento forzado.
La propuesta establece penas de 10 a 20 años de prisión para quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas para integrarlas a grupos delictivos, incluso cuando la captación se realice mediante medios impresos, electrónicos o intermediarios.
Las sanciones aumentarían de 15 a 25 años de cárcel cuando se utilicen intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral y abuso de poder.
Multas millonarias para quienes recluten personas
Además de las penas de prisión, la reforma contempla multas de 5 mil a 50 mil días multa, cuya equivalencia económica depende del valor legal aplicable.
El proyecto también establece agravantes para determinadas circunstancias y busca sancionar tanto a quienes realizan directamente la captación como a quienes participan mediante terceros.
Reclutamiento de menores será considerado forzado
Uno de los aspectos centrales del dictamen es que cualquier reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para organizaciones delictivas deberá considerarse forzado, independientemente del método utilizado para incorporarlos.
Esta disposición reconoce la especial vulnerabilidad de los menores de edad frente a redes criminales que aprovechan situaciones de pobreza, violencia familiar, abandono escolar o falta de oportunidades.
El diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que la reforma busca evitar que las víctimas sean tratadas de la misma manera que quienes organizan o se benefician de su incorporación a actividades ilícitas.
Investigaciones podrán comenzar sin denuncia de la víctima
El dictamen establece que el delito será perseguido de oficio. Esto significa que las autoridades podrán iniciar investigaciones cuando tengan conocimiento de hechos posiblemente delictivos, sin exigir que la persona afectada presente una denuncia formal.
La medida pretende responder a situaciones en las que las víctimas permanecen amenazadas o bajo el control de organizaciones criminales y temen acudir ante las autoridades.
Redes sociales y falsas ofertas laborales preocupan a legisladores
Durante la discusión, diputados de distintos partidos señalaron que las plataformas digitales se han convertido en mecanismos utilizados para atraer a jóvenes mediante promesas de empleo, ingresos elevados y oportunidades que posteriormente resultan fraudulentas.
El legislador panista José Guillermo Anaya Llamas advirtió que las organizaciones criminales pueden utilizar anuncios electrónicos y redes sociales para contactar a personas sin que sus familias conozcan el riesgo.
Por su parte, el diputado Miguel Alonso Reyes mencionó estimaciones de organizaciones dedicadas a la protección de la infancia que ubican entre 145 mil y 255 mil a las niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento o utilización por grupos delictivos en México.
Estas cifras representan estimaciones de población vulnerable y no deben interpretarse como el número de menores efectivamente reclutados.
Reforma busca fortalecer la protección de las víctimas
La iniciativa también contempla que las autoridades prioricen los derechos de niñas, niños y adolescentes involucrados en investigaciones relacionadas con reclutamiento criminal.
Para ello, deberán considerar el interés superior de la niñez, las disposiciones de protección de menores y las normas del sistema de justicia penal para adolescentes.
El objetivo es diferenciar la situación de quienes fueron captados por organizaciones criminales de la responsabilidad de las personas que organizaron o ejecutaron su reclutamiento.
¿Qué falta para que las sanciones entren en vigor?
Después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el dictamen fue remitido al Senado, donde deberá continuar el procedimiento legislativo.
Si la reforma supera las etapas constitucionales correspondientes y se publica oficialmente, las autoridades podrán aplicar las nuevas disposiciones conforme a las reglas de entrada en vigor que se establezcan.
Mientras tanto, la aprobación representa un avance legislativo, pero no significa que las penas propuestas ya puedan imponerse con fundamento en esta reforma.
Preguntas frecuentes sobre el reclutamiento forzado
¿Cuántos años de cárcel contempla la reforma?
De 10 a 20 años de prisión en el supuesto básico y de 15 a 25 años cuando existan amenazas, intimidación, violencia, coacción o abuso de poder.
¿Qué pasa si la víctima es menor de edad?
El dictamen establece que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para actividades criminales se considerará forzado, independientemente del método utilizado.
¿Se necesitará una denuncia para investigar?
No. La propuesta contempla que el delito se persiga de oficio, permitiendo iniciar investigaciones cuando las autoridades tengan conocimiento de los hechos.
¿La reforma ya es ley vigente?
No. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen, pero todavía debe continuar su trámite en el Senado y completar el proceso legislativo.

