México rechaza alerta de expertos de la ONU por violencia contra mujeres buscadoras
La respuesta oficial siguió a una alerta internacional por agresiones contra integrantes de colectivos de búsqueda en Sinaloa.
El Gobierno de México rechazó que exista un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra mujeres buscadoras, después de que expertos en derechos humanos de Naciones Unidas alertaran sobre los ataques que enfrentan quienes buscan a personas desaparecidas. La respuesta oficial, difundida el 1 de octubre, llegó tras un pronunciamiento internacional emitido un día antes que documentó agresiones recientes contra integrantes de colectivos en Sinaloa.
La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvieron que la información disponible no acredita la existencia de ese patrón y afirmaron que cada caso debe atenderse con la debida diligencia. Al mismo tiempo, reconocieron que México mantiene desafíos en la búsqueda de personas, las investigaciones, la identificación humana y el acceso a la justicia.
El intercambio de posiciones se produce en un contexto de agresiones contra mujeres que participan en búsquedas y que, además de enfrentar la desaparición de sus familiares, han denunciado riesgos para su propia seguridad. Los especialistas internacionales pidieron al Estado mexicano cumplir sus obligaciones de protección, prevención e investigación de los ataques.
Los casos de Sinaloa que motivaron la alerta
En su comunicado del 30 de septiembre, los expertos expusieron una serie de hechos ocurridos en Sinaloa entre finales de agosto y principios de septiembre. Entre ellos figura la desaparición de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista en favor de personas desaparecidas, denunciada el 29 de agosto de 2026.
Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores. El 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.
El documento también recordó el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, integrante de ese colectivo, y la desaparición de María de los Ángeles Valenzuela en octubre de 2025. Los especialistas utilizaron estos casos para advertir sobre los riesgos que enfrentan las mujeres dedicadas a buscar a personas desaparecidas y reclamar avances en las investigaciones.
Los expertos señalaron que las agresiones contra las buscadoras pueden llegar a la desaparición o al asesinato y pidieron a las autoridades prevenir la violencia, investigar los hechos, sancionar a los responsables y garantizar medidas de reparación. También subrayaron que la búsqueda de personas desaparecidas es una responsabilidad primordial del Estado y que las familias deben poder participar en ella en condiciones de seguridad.
La respuesta del Gobierno y las medidas anunciadas
En su posicionamiento, el Gobierno mexicano afirmó que la búsqueda de personas desaparecidas es una obligación de las instituciones públicas y una prioridad nacional. También manifestó su disposición a mantener el diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
La administración federal sostuvo que dispone de un marco jurídico e institucional para atender las desapariciones y proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Como parte de sus argumentos, mencionó las acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda, entre ellas la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la apertura de investigaciones desde el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y la Plataforma Única de Identidad.
La lista de medidas incluye asimismo el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la coordinación entre autoridades federales y estatales. Estas herramientas forman parte de la respuesta institucional que el Gobierno invoca frente a los señalamientos internacionales.
Sin embargo, el propio comunicado oficial reconoce que persisten dificultades en materia de búsqueda, investigación, identificación de personas y acceso a la justicia. La discusión se concentra en la valoración de la situación y en la respuesta que deben ofrecer las instituciones ante los ataques denunciados.
El Gobierno también precisó que los expertos citados ejercen sus mandatos de manera independiente y que sus opiniones no constituyen necesariamente una declaración institucional de la ONU en su conjunto. El pronunciamiento del 30 de septiembre fue emitido por especialistas vinculados a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
Las familias siguen reclamando respuestas
La alerta internacional coincide con las exigencias de familiares de personas desaparecidas que se trasladaron a Ciudad de México para solicitar atención de la Fiscalía General de la República. Desde el 9 de septiembre, más de cien madres y familiares procedentes de distintos estados mantenían un plantón frente a la institución, según un reporte publicado el 28 de septiembre.
Las familias reclaman avances en sus casos y atención a las denuncias que, aseguran, no han recibido respuesta suficiente en sus lugares de origen. La movilización reúne a personas que buscan a hijos, hijas, hermanos y otros familiares desaparecidos, y que solicitan que las investigaciones se traduzcan en información verificable sobre su paradero.
La situación expuesta por las buscadoras también involucra la obligación de las autoridades de investigar las agresiones que se cometen contra ellas. Para los expertos internacionales, su labor está vinculada con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de desaparición.
En su comunicado, los especialistas acogieron además la aprobación de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas. El reconocimiento internacional, señalaron, debe acompañarse de garantías para que las mujeres puedan desarrollar su labor sin sufrir amenazas ni violencia.
La respuesta del Gobierno mexicano y el pronunciamiento de los expertos dejan planteadas dos posiciones sobre el alcance de la violencia y la responsabilidad institucional. Mientras las autoridades federales sostienen que los datos disponibles no acreditan un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra buscadoras, los especialistas reclaman medidas de protección y una respuesta efectiva ante los ataques documentados. La evolución de los casos y los resultados de las investigaciones serán parte central del seguimiento a esta controversia.