México bloquea cuentas de 46 personas y empresas tras sanciones de EU contra la red del Cártel de Sinaloa
La UIF actuó después de las sanciones de la OFAC contra presuntos operadores y facilitadores de la red; la medida no implica una declaración de culpabilidad.
La ofensiva financiera contra el Cártel de Sinaloa alcanzó nuevas dimensiones después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporara a 46 personas y empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, en respuesta a las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida busca restringir el acceso al sistema financiero de individuos y entidades señalados por presuntos vínculos con las operaciones económicas de la organización criminal.
La decisión mexicana se produjo después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionara a 21 personas físicas y 25 entidades, identificadas por las autoridades estadounidenses como presuntos dirigentes, operadores o facilitadores de distintas estructuras relacionadas con el grupo delictivo. Entre los nombres incluidos destaca Ismael Zambada Sicairos, conocido como Mayito Flaco, señalado por Washington como dirigente de la facción denominada Los Mayos.
La UIF explicó que, además de considerar la información proporcionada por Estados Unidos, realizó un análisis de los registros financieros disponibles en México. Como resultado, identificó operaciones consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras entre algunos de los sujetos examinados, elementos que motivaron la aplicación de restricciones preventivas.
La acción también alcanza a integrantes del círculo cercano de Zambada Sicairos, operadores de células asentadas en Tijuana, presuntos responsables del movimiento de recursos y personas señaladas por el Departamento del Tesoro por facilitar las actividades de la organización. La designación estadounidense contempla tanto individuos como estructuras empresariales que, según Washington, habrían contribuido al funcionamiento de la red.
Entre los nombres difundidos por las autoridades estadounidenses figura Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, señalado por el Tesoro por presuntamente utilizar su influencia política para favorecer a integrantes de la organización. Se trata de una acusación administrativa del gobierno estadounidense, no de una sentencia judicial que establezca responsabilidad penal.
El alcance de las sanciones es principalmente económico. En Estados Unidos, los bienes e intereses patrimoniales de los designados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense quedan sujetos a bloqueo. Además, las personas y empresas de ese país tienen prohibido realizar determinadas transacciones con los sancionados, salvo autorización o excepción aplicable.
En México, la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas permite restringir preventivamente operaciones dentro del sistema financiero nacional. La UIF precisó que esta decisión no equivale a una declaración de culpabilidad, pues las personas incluidas conservan sus garantías legales y pueden utilizar los mecanismos de defensa previstos en la legislación.
La medida adquiere relevancia por el contexto que atraviesa el Cártel de Sinaloa desde julio de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada fue detenido en Estados Unidos. Su captura estuvo seguida de una disputa entre las facciones conocidas como Los Mayos y Los Chapitos, con repercusiones de seguridad en distintas zonas del noroeste mexicano.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Mayito Flaco mantiene el mando de Los Mayos y es investigado por su presunta participación en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, corrupción, secuestro y otros delitos. El gobierno estadounidense lo considera un objetivo prioritario, mientras que la DEA mantiene una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
El nuevo bloqueo representa otra vertiente de la cooperación financiera entre ambos países. A diferencia de los operativos de seguridad enfocados en detenciones o aseguramientos de mercancías, estas medidas buscan limitar el movimiento de dinero y la utilización de empresas o intermediarios dentro de los circuitos bancarios.
La UIF continuará analizando la información disponible sobre los sujetos incorporados a la lista. Hasta ahora, el anuncio no precisa el monto total de los recursos inmovilizados ni establece que las 46 personas y entidades hayan cometido los mismos actos. Esos elementos deberán distinguirse conforme avancen las revisiones administrativas y, en su caso, las investigaciones judiciales correspondientes.