INE congela nuevas contrataciones y abre revisión de mandos tras la salida de Taddei
La presidencia provisional de Blanca Cruz García revisará contratos pendientes y vigentes mientras el OIC investiga posibles conflictos de interés y fallas en adquisiciones.

Ciudad de México, 28 de octubre de 2026. El Instituto Nacional Electoral (INE) inició una revisión de sus contrataciones y de los cargos directivos después de la renuncia de Guadalupe Taddei, presentada en medio de señalamientos sobre posibles irregularidades en la asignación de contratos y presuntos conflictos de interés. La nueva presidencia provisional, encabezada por Blanca Cruz García, anunció que los procedimientos pendientes de contratación permanecerán detenidos mientras se determina su situación administrativa.
La decisión abre una nueva etapa para el organismo, que debe reorganizar su estructura directiva y mantener los preparativos del proceso electoral federal 2026-2027, iniciado formalmente el 10 de septiembre. Cruz García informó el 27 de octubre que la revisión abarcará los contratos en trámite, aquellos pendientes de firma y los procedimientos ya iniciados. También se analizará cuáles de los acuerdos vigentes deben mantenerse, de acuerdo con sus condiciones jurídicas.
La medida alcanza un punto sensible para la operación del instituto: la adquisición de bienes y servicios necesarios para organizar las elecciones. Durante la conferencia de prensa, la presidenta provisional señaló que, según la información disponible para el organismo, todavía no se habían adjudicado los contratos para producir los materiales electorales de los comicios de 2027, pues seguían pendientes etapas técnicas relacionadas con los modelos de documentación y material electoral.
La revisión administrativa se produce mientras el Órgano Interno de Control (OIC) mantiene abiertas investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones públicas. En un informe entregado a la Cámara de Diputados, el titular del organismo fiscalizador, Víctor Hugo Carvente, reportó 16 expedientes de investigación iniciados durante 2025 y 2026. Once están relacionados con contrataciones públicas e involucran al menos a 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho personas físicas y 18 empresas.
A esos expedientes se suman otras 25 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones de control. El documento también registra 45 cédulas de observaciones preliminares notificadas el 9 de octubre, relacionadas con una auditoría a procesos de adquisición, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios.
Entre las conductas investigadas figuran posibles simulaciones en procedimientos de contratación, presuntos conflictos de interés, aplicación irregular de recursos públicos y deficiencias en la supervisión de bienes y servicios. Las pesquisas buscan establecer si existieron responsabilidades administrativas u otras conductas sancionables y quiénes habrían participado en ellas.
El informe también documenta que, desde enero de 2025, se impusieron 20 sanciones administrativas, incluidas 19 inhabilitaciones a servidores públicos, exservidores y particulares. Las multas económicas acumuladas reportadas ascienden a 1.6 millones de pesos. Estas medidas corresponden a procedimientos sancionadores registrados por el órgano de control y forman parte de sus antecedentes de fiscalización.
La actuación del propio contralor se convirtió en otro frente de la controversia. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó citar a Carvente para que explique el estado de las investigaciones y las actuaciones realizadas durante los meses previos a la salida de Taddei. Los legisladores buscan conocer cómo avanzaron los expedientes, qué medidas se adoptaron y qué responsabilidades podrían derivarse de los hallazgos.
Taddei había rechazado los señalamientos durante entrevistas concedidas en los días previos a su renuncia. Sostuvo que los procesos de contratación están sujetos a mecanismos de control y afirmó que solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar los procedimientos administrativos. En su mensaje institucional del 25 de octubre, aseguró que su decisión de dejar el cargo buscaba proteger al organismo y permitir que continuara con su misión constitucional. También afirmó que la renuncia no eximía a nadie de esclarecer los hechos bajo investigación.
La nueva dirección del INE, por su parte, anunció que la revisión de la estructura ejecutiva se realizará mediante acuerdos entre las consejerías. Cruz García sostuvo que las decisiones sobre los cargos de responsabilidad deben responder a las necesidades institucionales y al funcionamiento colegiado del Consejo General. El organismo también manifestó su disposición a colaborar con las investigaciones del OIC y la ASF.
El cambio de dirección llega cuando el calendario electoral exige decisiones técnicas y administrativas para organizar los comicios de 2027. La suspensión de nuevas contrataciones obliga al instituto a identificar qué procedimientos pueden continuar, cuáles requieren una revisión adicional y qué compromisos vigentes deben cumplirse conforme a la normativa. La producción de materiales electorales, la contratación de servicios y la estabilidad de las áreas operativas forman parte de los asuntos que deberán resolverse durante esta etapa.
El siguiente punto decisivo será conocer las explicaciones del titular del órgano de control ante el Congreso y los resultados de las revisiones anunciadas por la presidencia provisional. La documentación de los expedientes, las determinaciones de las autoridades fiscalizadoras y las decisiones sobre los contratos permitirán establecer el alcance de las responsabilidades. Mientras tanto, el INE deberá demostrar que puede revisar su gestión administrativa y mantener en marcha la preparación de las elecciones federales sin comprometer la legalidad ni la confianza pública.

