Multan con 67 millones a nueve empresas por simular competencia
Nueve empresas y siete personas fueron multadas con 67 millones de pesos por simular competencia en contratos públicos. Las operaciones investigadas abarcaron 14 procedimientos entre 2012 y 2022. Omnia/IBTimes México

La autoridad antimonopolio sancionó a compañías y personas vinculadas con un mismo grupo empresarial por coordinar ofertas en compras gubernamentales durante una década. Las operaciones involucraron a 12 dependencias federales.

Nueve empresas y siete personas físicas fueron sancionadas con multas que suman aproximadamente 67 millones de pesos por simular competencia en procedimientos de contratación del Gobierno federal mexicano. La resolución de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), difundida por medios de comunicación este martes 27 de octubre de 2026, se refiere a prácticas registradas entre 2012 y 2022 en concursos para adquirir o arrendar equipos y servicios de tecnologías de la información.

De acuerdo con la información publicada por EL PAÍS, las empresas estaban vinculadas con el denominado Grupo Soluciones y participaron en 14 procedimientos de contratación: cuatro licitaciones públicas y diez invitaciones a cuando menos tres participantes. Las operaciones involucraron a 12 dependencias federales, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La autoridad determinó que las compañías coordinaron sus propuestas para aparentar que competían entre sí, pese a que actuaban bajo una estrategia común. La resolución habría sido aprobada el 15 de octubre, por lo que la novedad de este martes es la difusión periodística de la sanción, no la fecha en que se tomó la decisión.

¿Cómo operaba la presunta simulación de competencia?

Según la investigación reseñada por EL PAÍS, las empresas contaban con un equipo interno denominado "La Fábrica de Licitaciones", encargado de preparar propuestas técnicas y económicas y coordinar la participación de las distintas compañías en los concursos.

Aunque las sociedades presentaban ofertas por separado, la autoridad concluyó que existía una estrategia conjunta para aparentar competencia entre proveedores independientes. Entre las conductas identificadas se encontraban la coordinación sobre qué empresa participaría en cada procedimiento y la preparación de ofertas bajo criterios acordados.

La investigación también señaló que las propuestas podían incorporar precios de hasta 40 por ciento por encima del costo real, según la cobertura periodística. Esta referencia describe los casos documentados en la investigación y no debe interpretarse como un sobreprecio uniforme en todos los contratos.

Las prácticas fueron consideradas contrarias a las reglas de competencia económica porque reducen la posibilidad de que las instituciones públicas obtengan mejores condiciones de precio y calidad mediante una competencia efectiva entre proveedores.

Doce dependencias federales aparecen en los procedimientos

Los concursos investigados estuvieron relacionados con la adquisición o el arrendamiento de equipos de cómputo, impresión, telecomunicaciones y seguridad tecnológica.

Entre las instituciones mencionadas se encuentran el IMSS, Pemex, Conagua y el ISSSTE. La participación de organismos de distintos sectores muestra el alcance de los procedimientos examinados, aunque no significa que todas las dependencias hayan resultado afectadas de la misma manera ni que cada contrato presentara idénticas irregularidades.

Por el momento, la información consultada no permite establecer el valor total de los contratos involucrados ni calcular con precisión el daño económico causado al erario. Para determinarlo sería necesario revisar los expedientes y los resultados específicos de cada procedimiento.

Tampoco se debe confundir el monto de las multas con una estimación definitiva del perjuicio financiero: son conceptos distintos y requieren documentación que permita establecer su relación.

¿Cómo se distribuyen las multas?

La sanción conjunta reportada asciende a 67 millones de pesos e incluye a nueve empresas y siete personas físicas. Sin embargo, la información pública localizada para esta nota no permitió verificar el desglose individual de las multas por empresa y persona.

Por esa razón, no se atribuyen cantidades específicas a los sancionados ni se presenta una lista de nombres que no haya podido contrastarse con el documento oficial correspondiente. La resolución pública íntegra o su versión accesible será necesaria para confirmar esos detalles.

La autoridad también prevé notificar la resolución a las instituciones involucradas y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a fin de que se determinen las acciones que correspondan dentro de sus respectivas atribuciones.

Las empresas y las personas sancionadas pueden recurrir a las vías legales disponibles para impugnar la decisión. La posibilidad de acudir a los tribunales forma parte del procedimiento y no elimina la existencia de la resolución administrativa.

El impacto en las compras del Gobierno

El caso vuelve a poner atención sobre los mecanismos de contratación pública y la importancia de detectar acuerdos entre proveedores que aparentan competir, pero coordinan sus ofertas.

Cuando la competencia se simula, las dependencias pueden perder la oportunidad de comparar propuestas realmente independientes. Esto puede afectar las condiciones económicas de las compras y limitar el aprovechamiento de los recursos públicos destinados a servicios esenciales.

La resolución también plantea la necesidad de reforzar los controles en las licitaciones, revisar posibles vínculos entre empresas participantes y documentar adecuadamente las decisiones de contratación.

El siguiente paso informativo será conocer el desglose oficial de las sanciones, los expedientes de los 14 procedimientos y las posibles impugnaciones. Esos documentos permitirán precisar qué empresas recibieron cada multa, qué contratos fueron examinados y qué consecuencias administrativas podrían derivarse del caso.