Tarifas del agua dividen a autoridades de San Luis Potosí ante propuesta de incremento para 2027
La Comisión del Agua del Congreso fijó en 5.14% el referente máximo, mientras la CEA objetó el alza y señaló fallas en el suministro a usuarios.

SAN LUIS POTOSÍ, México, 16 de octubre de 2026.— El costo del agua potable para 2027 abrió un nuevo frente de controversia en San Luis Potosí, donde la propuesta de incrementar 8% las tarifas de Interapas chocó con el criterio de actualización anunciado por el Congreso estatal y con las objeciones de la Comisión Estatal del Agua (CEA), que cuestionó tanto el porcentaje solicitado como las condiciones en que reciben el servicio miles de usuarios.
La discusión se intensificó esta semana, durante la revisión del esquema de cobro del organismo operador que presta servicio en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro. El titular de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, votó el 14 de octubre en contra de la propuesta de Interapas, según informó la dependencia estatal el día 15, al considerar que el aumento carecía de respaldo técnico y económico suficiente.
El conflicto se desarrolla mientras el Congreso prepara la revisión de las tarifas que estarán vigentes el próximo año. La presidenta de la Comisión del Agua, Nancy Jeanine García Martínez, informó que el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) acumulado entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 se situó en 5.14%, porcentaje que la comisión estableció como referencia máxima para las propuestas tarifarias.
La diferencia entre ese parámetro y el 8% planteado por Interapas coloca bajo revisión el cálculo de los cobros y la justificación de los recursos adicionales que el organismo busca obtener. La Comisión del Agua deberá analizar las solicitudes que presenten los operadores y determinar cuáles se ajustan a los criterios aplicables antes de que las iniciativas lleguen al pleno legislativo.
El suministro, en el centro de la controversia
Uno de los puntos más sensibles de la discusión es la relación entre los cobros y la continuidad del servicio. Durante la sesión de la Junta de Gobierno de Interapas, Martínez Sánchez cuestionó que la propuesta contemplara apoyos para usuarios afectados por las fallas del acueducto de El Realito, sin beneficios equivalentes para las familias perjudicadas por pozos fuera de operación.
El funcionario citó el caso del pozo Jacarandas, ubicado en la zona norte de la capital potosina, que, de acuerdo con la CEA, permaneció fuera de servicio durante tres meses. La dependencia señaló que las interrupciones afectaron a familias que continuaron recibiendo cobros por el servicio.
La discusión sobre las tarifas coincide con otros problemas financieros y operativos entre las instituciones responsables del agua. El 13 de octubre, la CEA exigió a Interapas el pago de un adeudo de 296.3 millones de pesos por concepto de saneamiento. Esta obligación añade presión a la relación entre ambas dependencias en un momento en que se revisan los ingresos y las condiciones de operación del organismo metropolitano.
El debate también se produce en una zona donde el abastecimiento ha sido motivo de reclamos recurrentes. Las fallas de infraestructura y las interrupciones en el suministro han llevado a las autoridades a discutir medidas de apoyo para los usuarios, mientras el organismo operador busca definir los ingresos necesarios para el siguiente ejercicio fiscal.
Fecha límite: 5 de noviembre
Los organismos operadores de agua de San Luis Potosí deberán entregar sus propuestas de cuotas y tarifas para 2027 a más tardar el 5 de noviembre. De acuerdo con la Comisión del Agua del Congreso, las solicitudes deberán incluir las iniciativas correspondientes y contar con la aprobación de las juntas de gobierno de cada organismo.
La comisión revisará los porcentajes solicitados y podrá realizar modificaciones durante el proceso legislativo. García Martínez señaló que los operadores también deberán presentar los elementos técnicos y operativos que sustenten sus planteamientos y las mejoras previstas para el siguiente año.
En el caso de Interapas, la propuesta aprobada por su Junta de Gobierno contempla además siete estímulos para distintos grupos de usuarios, entre ellos hogares, planteles educativos públicos, adultos mayores, pequeños comerciantes y desarrolladores de vivienda de interés social. El proyecto deberá pasar por la revisión legislativa antes de convertirse en el esquema definitivo de cobro para 2027.
La decisión final tendrá consecuencias directas para los usuarios de la zona metropolitana: determinará cuánto pagarán por el servicio y bajo qué condiciones se aplicarán los ajustes. El Congreso deberá resolver las propuestas tarifarias en las próximas semanas, en medio de las diferencias entre el organismo operador y las autoridades estatales sobre el aumento solicitado y la atención a quienes enfrentan interrupciones en el abastecimiento.

