Represión en Jalisco desata exigencias de renuncia contra Pablo Lemus y liberación de detenidos
La Fiscalía reportó 39 detenidos, mientras organizaciones civiles cuestionan las cifras y denuncian presuntas irregularidades en el uso de la fuerza.

La actuación de las fuerzas de seguridad durante una multitudinaria protesta por el acceso al agua limpia en Guadalajara ha desatado una nueva controversia política en Jalisco. La dirigencia nacional de Morena exigió al gobernador Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, asumir su responsabilidad por los enfrentamientos registrados durante la movilización, ordenar la liberación de quienes hayan sido detenidos injustamente y garantizar una respuesta efectiva a las demandas ciudadanas. El partido también planteó que el mandatario debería renunciar si no puede resolver los problemas que enfrenta la población.
La postura fue presentada este martes 13 de octubre por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, durante una conferencia de prensa en la que cuestionó el operativo policial desplegado el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. La movilización reunió a miles de ciudadanos inconformes con la calidad del agua que reciben en sus viviendas y terminó en enfrentamientos, personas lesionadas y numerosas detenciones.
La protesta comenzó en la Glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco. Los participantes reclamaban soluciones ante los reportes de agua sucia en distintas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, una problemática que ha generado manifestaciones durante los últimos meses y cuestionamientos sobre el funcionamiento de la infraestructura hidráulica.
La tensión aumentó cuando un grupo de manifestantes intentó retirar las vallas de seguridad colocadas frente al inmueble gubernamental. Durante los enfrentamientos, elementos policiales utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión. También se registraron agresiones contra agentes de seguridad, según los reportes oficiales, mientras organizaciones civiles denunciaron posibles excesos en el uso de la fuerza.
La Fiscalía de Jalisco informó inicialmente sobre 39 personas detenidas, de las cuales 32 recuperaron su libertad y siete fueron presentadas ante un juzgado. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos reportaron un número mayor de arrestos y denunciaron presuntas irregularidades en los procedimientos, por lo que las cifras y circunstancias de algunas detenciones continúan bajo revisión.
Ante estos acontecimientos, Montiel sostuvo que las autoridades estatales deben responder a las necesidades de la ciudadanía sin recurrir a prácticas represivas. La dirigente reclamó además la destitución del secretario de Seguridad Pública de Jalisco y cuestionó los intentos de atribuir al Gobierno federal la responsabilidad por la crisis del agua.
Desde el Gobierno estatal, la administración de Pablo Lemus sostuvo que la manifestación comenzó pacíficamente, pero que posteriormente intervino un grupo de aproximadamente 400 personas que provocó disturbios y puso en riesgo a participantes y policías. Las autoridades reportaron 28 agentes lesionados, dos de ellos de gravedad.
Por su parte, el gobernador anunció una revisión de los videos y de las detenciones para determinar si existieron excesos policiales. El senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, respaldó la investigación y señaló que cualquier actuación fuera de la ley debe esclarecerse y dar lugar a las responsabilidades correspondientes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre los acontecimientos. Durante su conferencia del lunes 12 de octubre, rechazó el uso de la represión contra manifestantes y solicitó explicaciones al Gobierno de Jalisco sobre el empleo de gases lacrimógenos y agua a presión, así como información sobre las personas detenidas.
La controversia ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades universitarias. La Universidad de Guadalajara y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente solicitaron esclarecer las detenciones de integrantes de sus comunidades y garantizar el respeto al debido proceso.
Mientras continúa la investigación sobre el operativo, el problema que originó las movilizaciones permanece sin resolverse. Los habitantes afectados exigen acceso a agua limpia, transparencia sobre las condiciones del suministro y medidas que permitan recuperar la confianza en las instituciones responsables del servicio.
Los próximos días serán determinantes para conocer la situación jurídica de los detenidos, establecer si existieron abusos policiales y evaluar las respuestas del Gobierno de Jalisco frente a una crisis que ahora combina demandas sociales, cuestionamientos sobre derechos humanos y confrontación política.

