Jalisco abre una investigación tras reconocer excesos en la represión de una marcha por el agua
El gobernador de Jalisco ordenó investigar el operativo, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos documenta quejas y posibles abusos de autoridad.

Guadalajara, Jalisco, 14 de octubre de 2026.— La crisis por la calidad del agua en Guadalajara abrió un nuevo frente para el Gobierno de Jalisco. Después de que una protesta ciudadana terminara con decenas de personas detenidas y lesionadas, el gobernador Pablo Lemus reconoció fallas graves en el operativo policial, admitió el uso excesivo de la fuerza y calificó de injustas algunas detenciones. Las 39 personas arrestadas durante la movilización del domingo 11 de octubre ya fueron liberadas, según informó el propio mandatario.
Lemus anunció que los hechos serán investigados y que los agentes señalados por cometer excesos deberán responder conforme a su grado de responsabilidad. También informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acompañará el proceso, con el compromiso de esclarecer lo sucedido, reparar los daños y evitar que se repita.
La rectificación llegó después de que siete manifestantes fueran trasladados al penal de Puente Grande, decisión que provocó nuevas protestas y elevó la presión sobre las autoridades estatales. La liberación de todas las personas detenidas redujo la tensión inmediata, pero dejó abiertas las preguntas sobre el uso de la fuerza, las condiciones de las detenciones y las responsabilidades dentro de la corporación policial.
Una protesta por el agua terminó bajo investigación
La movilización del 11 de octubre partió de la glorieta de La Minerva y avanzó hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador. Los participantes reclamaban soluciones a los problemas de calidad y suministro de agua que afectan a Guadalajara y su zona metropolitana. Frente a la sede gubernamental se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Los reportes sobre la jornada contabilizaron 39 detenciones y 59 personas lesionadas, entre ellas manifestantes y agentes. El uso de gases y otros medios para dispersar la concentración, así como las imágenes de los enfrentamientos, alimentaron las denuncias sobre la actuación policial.
En un primer momento, Lemus atribuyó los disturbios a la presencia de un presunto grupo de choque y anunció que se revisarían las grabaciones para determinar si hubo excesos. Tras examinar decenas de videos, el gobernador modificó públicamente su posición y reconoció que el operativo presentó deficiencias graves y se salió de control en su momento más crítico.
El mandatario afirmó que algunos elementos policiales involucrados ya habían sido identificados. Ordenó una investigación interna y pidió que las sanciones se definan a partir de la responsabilidad individual de los agentes.
Derechos humanos y responsabilidades pendientes
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió el acta de investigación 41 y dictó medidas cautelares dirigidas a las autoridades responsables de la seguridad y de la atención a las personas detenidas. Al cierre del domingo, el organismo había recibido cinco quejas por presuntos abusos de autoridad y desplegado a 16 observadores durante el seguimiento de los arrestos.
Las medidas buscan garantizar la atención médica y el respeto a los derechos de las personas bajo custodia, además de solicitar que su situación jurídica se determine con prontitud. La investigación deberá aportar elementos para esclarecer las circunstancias de las detenciones y la actuación de los policías.
Aunque las 39 personas recuperaron su libertad, abogados y organizaciones de derechos humanos han advertido que algunos procedimientos penales continúan abiertos.
El caso también adquirió dimensión política. La presidenta Claudia Sheinbaum había pedido explicaciones al Gobierno de Jalisco por la respuesta policial, mientras figuras de distintas fuerzas políticas cuestionaron el manejo de las detenciones. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, respaldó la rectificación del gobernador y reconoció que hubo omisiones y excesos.
El origen del conflicto sigue sin resolverse
Habitantes de Guadalajara y municipios cercanos llevan meses denunciando agua turbia, malos olores y un suministro irregular. La problemática se ha reportado en cientos de colonias y afecta a una zona metropolitana con más de cinco millones de habitantes.
Sin embargo, el reconocimiento de los excesos policiales ha añadido otra exigencia a las autoridades: además de responder a las reclamaciones por el agua, deberán esclarecer cómo se condujo el operativo y qué medidas concretas impedirán que vuelva a ocurrir una actuación similar.
La crisis tiene ahora dos frentes relacionados. El primero es garantizar un suministro de agua con calidad y continuidad; el segundo, establecer responsabilidades por la respuesta de seguridad ante quienes exigieron soluciones. La investigación anunciada por Lemus y el seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos serán determinantes para conocer si las promesas de sanción y reparación se traducen en resultados verificables.

