Martha Magaña enfrenta dos procedimientos disciplinarios por resoluciones contra la reforma judicial
La defensa sostiene que sus resoluciones deben revisarse mediante recursos legales, mientras el nuevo órgano analiza posibles responsabilidades administrativas.

La investigación administrativa contra la exjueza federal Martha Eugenia Magaña López avanzó en octubre con una segunda comparecencia ante el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), órgano creado con la reforma constitucional al Poder Judicial. El procedimiento, relacionado con las suspensiones que concedió en 2024 para frenar actuaciones vinculadas con la reforma, abrió un nuevo frente de discusión sobre los límites de la responsabilidad disciplinaria y la independencia de quienes imparten justicia.
Magaña compareció el 15 de octubre mediante videoconferencia desde Madrid, España. Durante la diligencia entregó por escrito los argumentos de su defensa y solicitó que la audiencia fuera pública, petición que, según su versión, fue rechazada. También denunció problemas técnicos al inicio de la sesión y pidió que quedara asentada la ausencia de integrantes de la comisión encargada del procedimiento.
La segunda comparecencia está vinculada con una suspensión concedida el 2 de septiembre de 2024, relacionada con un juicio de amparo promovido por personas juzgadoras que quedaron fuera del proceso de elección judicial. La exjueza sostiene que actuó dentro de sus atribuciones jurisdiccionales y que sus resoluciones deben revisarse mediante los recursos legales correspondientes.
El caso tiene un antecedente inmediato: el 30 de agosto de 2024, cuando encabezaba el Juzgado Quinto de Distrito en Morelos, Magaña concedió una suspensión provisional para detener temporalmente el avance legislativo de la reforma judicial. La medida fue desatendida por el Congreso y, tres días después, la reforma recibió la aprobación legislativa correspondiente.
A partir de esas decisiones se abrieron procedimientos disciplinarios contra la entonces juzgadora. El Tribunal de Disciplina analiza si su actuación incurrió en responsabilidades administrativas, mientras que la defensa sostiene que se pretende revisar y sancionar el contenido de resoluciones emitidas durante el ejercicio de su función judicial.

La controversia se intensificó después de que la jueza denunciara que la segunda audiencia se realizó sin acceso para los medios de comunicación y las personas que acudieron a respaldarla. La negativa a abrir la diligencia se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto entre la defensa y el órgano disciplinario.
El Tribunal de Disciplina Judicial fijó previamente su postura institucional. Tras la primera comparecencia, celebrada el 8 de octubre, informó que la audiencia correspondía al seguimiento de un informe de presunta responsabilidad y que su realización no implicaba una sanción ni anticipaba una determinación sobre la culpabilidad de la exjueza. El organismo también señaló que los procedimientos en curso se mantienen bajo reserva para proteger la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso.
La discusión rebasa la situación personal de Magaña porque el nuevo tribunal tiene atribuciones para investigar y sancionar conductas de integrantes del Poder Judicial. El punto central es cómo se delimita la responsabilidad administrativa cuando una investigación está relacionada con el contenido de una resolución judicial. La defensa de la exjueza sostiene que el procedimiento puede generar presión sobre quienes actualmente ejercen funciones jurisdiccionales; el tribunal, por su parte, afirma que sus determinaciones deben sustentarse en hechos y pruebas y ajustarse a las etapas legales.
Durante las comparecencias, juzgadores en activo y en retiro acudieron a las inmediaciones del tribunal para manifestar su respaldo a Magaña y reclamar acceso a las diligencias. También expresaron preocupación por la posibilidad de que los procedimientos disciplinarios tengan consecuencias sobre la autonomía de los jueces. La defensa informó, además, que ha identificado otros casos que considera similares.
El expediente también incluye una investigación de carácter penal, reportada en la información difundida sobre el caso. Sin embargo, los datos públicos consultados no detallan una imputación formal, los delitos específicos ni una resolución judicial que permita establecer su situación procesal.
La reforma judicial, aprobada en septiembre de 2024, modificó la estructura del Poder Judicial y estableció un nuevo modelo de elección de personas juzgadoras, además de crear el Tribunal de Disciplina Judicial. La puesta en marcha de este órgano convirtió la vigilancia de la conducta judicial en uno de los componentes centrales del nuevo sistema.
Después de la audiencia del 15 de octubre, Magaña quedó a la espera de la determinación correspondiente. El desenlace del expediente será relevante para definir cómo se aplican las facultades disciplinarias del nuevo órgano frente a decisiones judiciales adoptadas durante el proceso de transformación del sistema de justicia mexicano.

