Nuevas grabaciones ponen bajo escrutinio los contratos electorales y
Nuevas grabaciones ponen bajo escrutinio los contratos electorales y la gestión de Guadalupe Taddei Ovaciones / Especial.

La crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) sumó un nuevo capítulo este viernes 30 de octubre, tras la difusión de grabaciones atribuidas al empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales, en las que describe el deterioro de su relación con Guadalupe Taddei y reclama que la entonces consejera presidenta pretendía apartarlo de negocios que, según afirma, mantenía en Coahuila y Veracruz.

En uno de los fragmentos, Hernández Casillas expresa su inconformidad por la ruptura de los acuerdos que asegura haber establecido con Taddei: "Lo que ella quería era mandarme a la chingada y eso no lo voy a permitir porque hay mucho invertido". En la misma conversación menciona operaciones comerciales en ambas entidades y acusa que otras personas buscaban desplazarlo de esos proyectos.

Las grabaciones también contienen referencias a una relación personal entre el empresario y la exfuncionaria, así como a supuestos compromisos relacionados con actividades y proyectos electorales. Hernández Casillas sostiene que participó en la integración de equipos y que algunas de sus propuestas llegaron a ejecutarse dentro del ámbito electoral. Sus declaraciones colocan nuevamente bajo escrutinio los vínculos entre proveedores privados y personas con responsabilidades dentro de organismos públicos.

El empresario menciona contratos en Coahuila por 12 millones 394 mil pesos, mediante adjudicación directa, y otro por 69 millones 470 mil pesos, asignado a través de licitación. Para Veracruz refiere una operación por cuatro millones 50 mil pesos, también por adjudicación directa, y otra por 134 mil 903 pesos, derivada de una invitación a tres empresas. Estas cantidades hacen parte de las operaciones señaladas en la publicación de las nuevas grabaciones.

En otro pasaje, Hernández Casillas afirma que cuenta con contactos en el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que podría recurrir a ellos en medio de sus diferencias con Taddei.

Contratos electorales bajo escrutinio nacional

La difusión de estos audios coincide con nuevas revelaciones sobre el alcance de las empresas relacionadas con Hernández Casillas y su entorno familiar. Una investigación publicada el 29 de octubre documentó que compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron 853 millones de pesos en 21 licitaciones electorales, con operaciones en 25 organismos electorales del país. El mismo trabajo calculó que ese conjunto empresarial acumuló alrededor de mil 800 millones de pesos en contrataciones públicas durante una década.

Entre las empresas mencionadas en las investigaciones sobre estas operaciones figuran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Corporativo Zeg. Los señalamientos sobre la relación entre estas compañías, los procedimientos de contratación y personas vinculadas con el INE han colocado en el centro de la discusión la transparencia de las adquisiciones y los mecanismos para prevenir conflictos de interés en las instituciones electorales.

Las nuevas grabaciones se suman a otros videos difundidos el 28 de octubre, en los que Hernández Casillas habla de concursos, funcionarios y de la incorporación de personas a distintas áreas del instituto. En uno de ellos reclama que determinados funcionarios ya no atendían sus indicaciones; en otro conversa sobre la integración de equipos de trabajo. También aparecen afirmaciones del empresario sobre supuestos beneficios para los hijos de Taddei, incluidos bienes y viajes.

Estos señalamientos han sido atribuidos al empresario en los materiales difundidos. Su contenido requiere ser contrastado con contratos, expedientes de contratación, registros patrimoniales y documentación institucional para establecer si existieron beneficios indebidos o intervenciones irregulares.

La crisis llega a la Cámara de Diputados

El nuevo material se conoce mientras el órgano electoral enfrenta cuestionamientos por las contrataciones realizadas durante la gestión de Taddei y por las investigaciones abiertas sobre posibles irregularidades administrativas. Este viernes, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, compareció ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados para informar sobre las indagatorias de su área.

El reporte presentado ante el Congreso contempla 13 expedientes de investigación iniciados desde mayo de 2025 y otras 24 investigaciones derivadas de seis auditorías y ocho revisiones de control. De los 13 expedientes principales, nueve están relacionados con contratos públicos. En ellos aparecen referencias a funcionarios actuales y anteriores, particulares y empresas, además de posibles conflictos de interés, enriquecimiento ilícito, simulación en el cumplimiento de requisitos y pagos irregulares por bienes y servicios.

La comparecencia adquirió relevancia por la coincidencia entre las investigaciones administrativas y las nuevas grabaciones. Legisladores buscan conocer qué actuaciones ha realizado la Contraloría, qué documentación tiene bajo revisión y cuáles son los pasos previstos para determinar posibles responsabilidades. Durante el inicio de la sesión, representantes del PRI solicitaron ampliar el tiempo asignado al funcionario para su intervención.

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, presentada el 26 de octubre, tampoco cerró la discusión institucional. Blanca Yassahara Cruz García asumió provisionalmente la conducción del organismo, en un momento en que el instituto debe atender las investigaciones y mantener sus funciones de organización electoral. En la sesión extraordinaria del 27 de octubre, consejeros electorales señalaron que la salida de la presidencia no extingue las posibles responsabilidades administrativas o legales y pidieron preservar la documentación y colaborar con las autoridades.

El impacto del caso trasciende la disputa entre una exfuncionaria y un proveedor. El INE tiene a su cargo la preparación del proceso electoral 2026-2027, por lo que la controversia sobre la contratación de bienes y servicios, la posible influencia de particulares en decisiones internas y la actuación de los órganos de control afecta directamente la confianza pública en la institución responsable de organizar las elecciones.

Las grabaciones difundidas entre el 28 y el 30 de octubre amplían las preguntas sobre la relación entre Hernández Casillas, las empresas proveedoras y distintos integrantes de la estructura electoral. La atención se concentra ahora en la documentación que pueda aportar la Contraloría, en las revisiones de las autoridades fiscalizadoras y en la respuesta institucional frente a los señalamientos.