La Fiscalía estatal atribuye a la estructura investigada actividades como
La Fiscalía estatal atribuye a la estructura investigada actividades como extorsión, cobro de piso y homicidio. El caso incluye la detención del alcalde de Juchitán y actuaciones judiciales en curso. Gobierno de México

La investigación contra la estructura criminal conocida como Los Cromos suma más de 250 detenciones en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, como resultado de la Operación Sable, un despliegue que las autoridades estatales mantienen activo desde hace más de 11 meses para identificar a presuntos integrantes y colaboradores de la organización.

El 28 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre los resultados del operativo y señaló que las investigaciones abarcan delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso, secuestro y narcomenudeo. De acuerdo con la dependencia, la estructura tiene presencia en distintos municipios de la región y habría establecido vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El balance presentado por el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, también incluyó 957 homicidios dolosos registrados en el Istmo durante los cuatro años anteriores. La Fiscalía estima que alrededor del 70 por ciento estaría relacionado con Los Cromos, atribución que forma parte de las líneas de investigación de la dependencia.

Las actuaciones se desarrollan en varios municipios, entre ellos Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal y Unión Hidalgo. La Fiscalía busca establecer las funciones de los presuntos integrantes, reconstruir sus posibles vínculos y determinar la participación individual de las personas investigadas en los delitos denunciados.

Uno de los episodios recientes del caso ocurrió el 23 de septiembre, cuando fue detenido el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, conocido como "Quetu". El Ministerio Público lo señaló por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

En el mismo operativo fue detenido Carlos Alberto P. L., conocido como "La Parka", a quien las autoridades identifican como presunto integrante de la estructura criminal. Ambos casos quedaron sujetos a las actuaciones judiciales correspondientes, en las que deberán examinarse las imputaciones y los elementos presentados por la Fiscalía.

La detención del alcalde incorporó a la investigación un componente relacionado con el funcionamiento de las instituciones municipales. Las autoridades buscan esclarecer posibles conexiones entre personas investigadas por actividades criminales y funcionarios públicos, además de determinar si existieron apoyos que facilitaran la operación de la estructura.

Tras estos acontecimientos, el gobierno de Oaxaca anunció medidas de coordinación para reforzar la seguridad en Juchitán, incluida una reorganización de la corporación policial municipal y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia. Las acciones anunciadas buscan mejorar la capacidad de respuesta institucional en una zona donde las investigaciones criminales abarcan varios municipios.

La extorsión y el cobro de piso figuran entre los delitos que la Fiscalía atribuye a Los Cromos. Estas prácticas consisten en exigir pagos mediante amenazas y pueden afectar a comerciantes, transportistas y prestadores de servicios. Las investigaciones buscan identificar a los presuntos responsables y establecer cómo se realizaban las exigencias de dinero, quiénes intervenían y qué alcance tenían sus actividades.

La Operación Sable continúa con nuevas líneas de investigación para identificar a otros posibles integrantes y colaboradores. La Fiscalía también ha señalado que busca profundizar en la estructura y las conexiones del grupo, mientras los procedimientos judiciales determinarán la situación jurídica de las personas detenidas.

El avance del caso dependerá de las próximas actuaciones ministeriales y resoluciones judiciales. Las detenciones reportadas constituyen una parte del proceso; las responsabilidades penales deberán establecerse individualmente en los tribunales.