Marchas por agua limpia abren un nuevo frente entre la CNDH y las autoridades de Jalisco
El organismo nacional señaló que la comisión estatal no respondió a una solicitud de reunión ni entregó aún el expediente sobre la primera manifestación.

En un pronunciamiento difundido el lunes 19 de octubre, el organismo señaló que, durante cinco días de diligencias en Jalisco, no recibió respuesta a una solicitud de reunión ni obtuvo el expediente que había requerido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). La falta de documentación, sostuvo, dificulta el seguimiento de las posibles violaciones a derechos humanos denunciadas durante la primera manifestación.
El señalamiento coloca bajo escrutinio tanto la actuación de los cuerpos de seguridad como la coordinación entre las instituciones responsables de investigar los abusos. La CNDH afirmó que, en los hechos del 11 de octubre, personas vestidas de civil habrían actuado coordinadamente con autoridades policiales, pese a que declaraciones oficiales las describieron como ajenas a los operativos. El organismo pidió esclarecer quiénes eran, qué función desempeñaron y bajo qué instrucciones actuaron.
La segunda movilización, realizada el domingo 18 de octubre, también quedó bajo investigación. La protesta comenzó alrededor de las 11:00 horas, pero se detuvo temporalmente cuando los asistentes identificaron a un grupo de personas encapuchadas como presuntos infiltrados. De acuerdo con los reportes recabados por la CNDH, esas personas lanzaron petardos contra los manifestantes. Después, un contingente de más de mil personas continuó hacia el Palacio de Gobierno, donde el organismo describió la concentración como pacífica.

Durante esa jornada, personal de la comisión nacional observó grupos de policías federales y municipales, además de elementos antimotines que portaban equipo de protección y armamento sin identificación visible. Según el reporte, varios agentes tampoco llevaban distintivos que permitieran reconocer la corporación a la que pertenecían. La ausencia de placas o insignias visibles dificulta establecer la identidad de los elementos que intervinieron cuando se presentan denuncias por uso excesivo de la fuerza.
La CNDH también informó que dos personas señaladas por manifestantes como presuntos infiltrados fueron entregadas a elementos policiales, en un procedimiento documentado por personal de la comisión estatal. El organismo nacional pidió que se investigue su participación en los disturbios y que se esclarezca la actuación de las autoridades durante la entrega y posterior detención.
La comisión estatal sostuvo, por su parte, que acompañó la marcha del 18 de octubre y prestó atención al respeto de los derechos de las personas detenidas. También indicó que, respecto de los hechos del 11 de octubre, seguía dentro del plazo legal para entregar el expediente solicitado por la CNDH. Según la información difundida por el organismo local, las personas detenidas durante la segunda jornada no habían presentado denuncias ante esa instancia.
La disputa entre ambas comisiones se presenta por irregularidades desde la primera protesta, en la que ciudadanos denunciaron agresiones y detenciones durante una movilización para exigir agua potable de mejor calidad. El caso generó intervención federal: la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la CNDH investigara los hechos y cuestionó públicamente quién ordenó el uso de la fuerza. El Gobierno de Jalisco anunció una investigación interna contra policías que habrían actuado de manera desproporcionada.
El problema que detonó las marchas continúa siendo la calidad del suministro de agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Habitantes han reportado agua turbia, malos olores y preocupación por su uso doméstico. La protesta del 18 de octubre reunió tanto la exigencia de acceso a agua limpia como la demanda de esclarecer las detenciones y las presuntas agresiones registradas una semana antes.
La escalada de las movilizaciones, los disturbios y el enfrentamiento institucional sobre la entrega de expedientes han convertido el caso en una prueba para los mecanismos de supervisión de la actuación policial. Las Investigaciones que se adelantan deberán determinar las identidades y funciones de los posibles funcionarios señaladas como infiltrados, la cadena de mando de los agentes.
La CNDH informó que continuará las diligencias y que registra avances en la investigación. El expediente también cuenta con seguimiento del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Jalisco.
Mientras las autoridades revisan la actuación policial, los habitantes mantienen pendiente la respuesta de fondo a la demanda que originó las movilizaciones: contar con agua limpia y segura en sus hogares.

