¡Anticorrupción alerta a Bancomext! Broxel busca crédito de 4 mil 200 millones pese a adeudos
La dependencia señaló reintegros pendientes, investigaciones administrativas y un posible conflicto de interés; Bancomext aún no había confirmado su decisión.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno pidió a Bancomext no autorizar un financiamiento millonario a Servicios Broxel, al advertir recursos públicos pendientes de devolución, investigaciones administrativas y un posible conflicto de interés.
Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.– La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno encendió las alertas sobre la solicitud de financiamiento presentada por Servicios Broxel ante el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). Mediante un oficio fechado el 10 de noviembre, la dependencia consideró que no era viable autorizar una línea de crédito de hasta 4 mil 200 millones de pesos, debido a los antecedentes contractuales y financieros de la compañía.
La advertencia fue dirigida al Comité Ejecutivo de Bancomext, que tenía previsto analizar una operación destinada a proporcionar capital de trabajo a la empresa. La propuesta contemplaba que el banco de desarrollo participara inicialmente hasta con el 100 por ciento del monto solicitado, bajo un esquema de crédito mixto no comprometido. Sin embargo, la Secretaría señaló que respaldar la operación podría trasladar al Gobierno federal riesgos relacionados con las actividades de la compañía.
Uno de los principales señalamientos corresponde a aproximadamente 29.4 millones de pesos que Broxel mantiene pendientes de reintegrar a 39 entes de la Administración Pública Federal. De acuerdo con el documento, la empresa recibió pagos en exceso derivados de contratos celebrados con instituciones públicas, sin que hasta la fecha del oficio se hubiera concretado la devolución total de esos recursos, pese a los requerimientos realizados por las dependencias involucradas.
El caso tiene su origen en la Licitación Pública Nacional Consolidada LA-06-400-006400001-N-19-2025, relacionada con el suministro de vales electrónicos de despensa durante 2025. Según la Secretaría Anticorrupción, después de obtener la adjudicación, Broxel celebró contratos con más de 150 entes públicos bajo condiciones distintas a las que había presentado en su oferta, situación que habría ocasionado pagos con recursos públicos que no le correspondían. La dependencia inició investigaciones para determinar posibles infracciones a la legislación en materia de adquisiciones y servicios del sector público.
Las investigaciones continúan en trámite y podrían derivar en sanciones administrativas, incluida la imposibilidad de que la compañía obtenga nuevas adjudicaciones gubernamentales. Este escenario fue considerado relevante por el órgano de vigilancia debido a la dependencia de Broxel respecto de los contratos públicos. El oficio refiere que, durante 2025, sus operaciones con la Administración Pública Federal representaron ingresos de entre 6 mil 928 millones y 9 mil 751 millones de pesos; mientras que los contratos con el Gobierno de la Ciudad de México alcanzaron montos estimados de entre mil 795 millones y 3 mil 591 millones de pesos.
Otro punto señalado es un posible conflicto de interés relacionado con el parentesco por consanguinidad entre Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, identificado como representante legal de Broxel, y Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El documento también menciona que este último ocupó anteriormente un cargo directivo en Bancomext y cuenta con una licencia sin goce de sueldo en esa institución. La dependencia planteó estos antecedentes como elementos que debían considerarse al evaluar la solicitud de financiamiento, sin que ello represente por sí mismo una determinación definitiva de responsabilidad.
Ante los señalamientos, Broxel presentó una respuesta mediante una carta fechada el 5 de noviembre y dirigida a Nacional Financiera y Bancomext. Su representante legal, Carlos Alberto Reyes Pérez, sostuvo que las observaciones derivan de diferencias técnicas e interpretativas sobre la aplicación de bonificaciones y ofertas económicas establecidas en los fallos y contratos. La compañía aseguró que las diferencias fueron atendidas con las dependencias correspondientes y que únicamente estaba pendiente formalizar el cierre definitivo por parte de la Secretaría Anticorrupción.
La controversia coloca bajo escrutinio la posible entrega de recursos de la banca de desarrollo a una empresa que mantiene investigaciones administrativas y reintegros pendientes relacionados con contratos gubernamentales. Hasta la información publicada el 12 de noviembre, no se había confirmado públicamente la decisión final de Bancomext sobre el financiamiento. Por ello, la advertencia de la Secretaría constituye una observación institucional sobre los riesgos de la operación, no una confirmación de que el crédito haya sido aprobado o entregado.

