Sheinbaum descarta persecución política contra Inés Gómez Mont y espera su regreso a México
La FGR mantiene tres órdenes de aprehensión por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La detención de la exconductora en Florida reactivó uno de los casos judiciales más mediáticos del país. La Fiscalía confirma tres órdenes de aprehensión vigentes.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que la detención de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont en Estados Unidos responda a una persecución política por su ideología conservadora. Durante la conferencia matutina de este martes 3 de noviembre, la mandataria sostuvo que el caso está relacionado con presuntos delitos financieros y aseguró que las investigaciones comenzaron mucho antes de que iniciara su administración. Además, manifestó su expectativa de que pueda concretarse el procedimiento para que la exconductora regrese a territorio mexicano y enfrente los procesos judiciales correspondientes.
Al ser cuestionada sobre los argumentos de Gómez Mont, quien ha señalado que enfrenta persecución por sus posiciones ideológicas, Sheinbaum respondió que las acusaciones tienen que ver con presuntas operaciones ilícitas. "No, pues es delito lo que cometió", expresó la presidenta, al referirse a los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR). También indicó que, de acuerdo con la información presentada por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, la exconductora habría recibido recursos de procedencia ilícita en sus propias cuentas personales. La mandataria insistió en que el expediente no fue iniciado por su gobierno.
La situación jurídica de Gómez Mont se complicó después de que autoridades migratorias de Estados Unidos la detuvieran el pasado 30 de octubre en Florida. Según la información difundida por la FGR, la captura respondió inicialmente a su situación migratoria y no a la ejecución de una orden de extradición. La dependencia mexicana explicó que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses y que ha entregado documentación relacionada con los mandamientos judiciales vigentes. Por ello, el procedimiento para determinar su permanencia o eventual traslado dependerá de las decisiones que adopten las instancias competentes en Estados Unidos.
La fiscal general Ernestina Godoy informó que existen tres órdenes de aprehensión contra la exconductora, emitidas por jueces federales. Una corresponde a su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que las otras dos están relacionadas con presunta defraudación fiscal equiparada. La Fiscalía también explicó que México solicitó desde septiembre de 2025 la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición. En las últimas semanas, las autoridades de ambos países intercambiaron información y documentación para avanzar en las gestiones correspondientes.
Las investigaciones se relacionan con un presunto esquema de utilización de empresas factureras y operaciones financieras mediante las cuales habrían circulado recursos de procedencia ilícita. El expediente también involucra a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, y señala posibles irregularidades vinculadas con contratos públicos. Las autoridades han investigado operaciones que habrían ocasionado afectaciones a las finanzas públicas, además de posibles incumplimientos fiscales. Sin embargo, las acusaciones deberán ser acreditadas ante los tribunales y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad. La presunción de inocencia y el derecho a la defensa deben mantenerse durante todas las etapas del procedimiento.
El caso vuelve a colocar bajo atención pública la relación entre las investigaciones por presuntos delitos financieros, los procedimientos migratorios internacionales y las solicitudes de protección en Estados Unidos. Gómez Mont había argumentado anteriormente que era víctima de persecución política y promovió una solicitud de asilo en ese país. No obstante, el Gobierno mexicano sostiene que las acciones judiciales responden a investigaciones iniciadas años atrás. Por ahora, no existe una fecha confirmada para su regreso a México, pues será necesario conocer las resoluciones de las autoridades estadounidenses. Mientras tanto, la FGR mantiene vigentes los procedimientos para que pueda comparecer ante la justicia mexicana.

