México fija postura ante la orden de captura de Raúl Castro; Sheinbaum señala intereses electorales
La fiscalía de Florida busca procesar al exmandatario cubano por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aeronaves civiles, que dejó cuatro personas muertas.

La orden de arresto emitida en Florida contra el expresidente cubano Raúl Castro provocó este martes una reacción directa del Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como política y la relacionó con las elecciones legislativas de Estados Unidos previstas para noviembre, mientras las autoridades estadounidenses buscan llevar al exmandatario ante la justicia por el derribo de dos avionetas civiles ocurrido hace casi tres décadas.
"Pienso que es político. Es político y tiene que ver también con la elección de noviembre", declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina del 20 de octubre. La mandataria vinculó la decisión con la disputa electoral estadounidense y con los votos que los partidos buscan obtener, particularmente en Florida.
La orden fue anunciada el lunes 19 de octubre por el fiscal general de Florida, James Uthmeier. La acusación estatal señala a Castro por presunta conspiración para cometer asesinato en primer grado, en relación con el derribo de dos aeronaves de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. Cuatro personas murieron en el ataque.
El caso introduce un nuevo elemento en las relaciones entre Estados Unidos, Cuba y México. Washington impulsa acciones judiciales contra una de las principales figuras históricas del Gobierno cubano, mientras México mantiene una posición crítica frente a medidas estadounidenses que considera contrarias al principio de autodeterminación de los pueblos.
Un caso de 1996 vuelve al centro de la disputa
Las aeronaves derribadas pertenecían a Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami que realizaba vuelos para localizar a migrantes cubanos en peligro en el estrecho de Florida. Según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, dos aviones civiles Cessna fueron atacados por cazas cubanos cuando sobrevolaban aguas internacionales.
Las cuatro víctimas fueron identificadas por las autoridades estadounidenses como Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Tres eran ciudadanos estadounidenses y el cuarto tenía residencia legal en Florida.
En aquel momento, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. La acusación estadounidense sostiene que la cadena de mando militar bajo su supervisión estuvo vinculada con la operación. Las autoridades cubanas han rechazado históricamente los señalamientos de Washington sobre el caso.
La medida anunciada en Florida se suma a una acusación federal presentada en mayo de 2026 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Castro y otros cinco integrantes del antiguo aparato estatal cubano. El expediente federal incluye cargos relacionados con conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y homicidio.
La orden estatal y la acusación federal son procedimientos distintos, aunque ambos se relacionan con los mismos hechos de 1996. La nueva acción de Florida busca que Castro responda ante la justicia de ese estado por los cargos anunciados por su fiscal general.
México ante la presión entre Washington y La Habana
La reacción de Sheinbaum coloca la política exterior mexicana ante un asunto sensible. El Gobierno ha defendido la cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad y comercio, al tiempo que sostiene que las relaciones internacionales deben respetar la soberanía de cada país.
En el caso cubano, la presidenta ha mantenido una postura contraria a las medidas estadounidenses que, a su juicio, buscan condicionar las decisiones internas de otros gobiernos. En mayo pasado, cuando se conoció la acusación federal contra Castro, Sheinbaum invocó el principio de autodeterminación y cuestionó que se reabriera judicialmente un caso ocurrido en 1996.
La declaración de este martes añade una interpretación electoral al conflicto. Florida es un estado clave para la política estadounidense y alberga una importante comunidad cubanoestadounidense, cuyo peso electoral ha influido durante décadas en el debate sobre las relaciones con La Habana.
El fiscal Uthmeier presentó la orden como un paso para buscar justicia por las cuatro muertes. La administración estadounidense ha sostenido que los responsables del derribo deben responder por los hechos, independientemente del tiempo transcurrido.
El Gobierno cubano, por su parte, enfrenta una nueva presión judicial en un momento de deterioro de sus relaciones con Washington. La disputa incluye sanciones económicas, restricciones y desacuerdos sobre la política regional, mientras México intenta preservar sus vínculos con ambos países.
El alcance de la decisión
La orden de arresto abre la posibilidad de que Castro sea detenido si queda bajo jurisdicción de las autoridades que la ejecutan.
Para México, la repercusión inmediata está en la posición que adopta su presidenta frente a una acción judicial estadounidense que involucra a un exjefe de Estado cubano. La declaración de Sheinbaum establece una diferencia política con la narrativa de Florida, que presenta el caso como una búsqueda de justicia para las víctimas.
El episodio vuelve a colocar en la agenda la relación triangular entre México, Estados Unidos y Cuba, con dos interpretaciones enfrentadas sobre un mismo expediente: Washington sostiene que busca responsabilidades penales por un ataque mortal y el Gobierno mexicano señala que la decisión tiene un componente electoral.

